La crisis económica y financiera en que estamos sumidos ayuda sobremanera a evaluar el funcionamiento de los órganos de control, de vigilancia y de supervisión de los mercados de valores y de la actividad bancaria. Sin ir más lejos, el informe del Congreso de los Estados Unidos de hace tres años alertó del deficiente funcionamiento de estas agencias y comisiones reguladoras. En Europa, las Autoridades de Bruselas han llamado la atención sobre el rigor y la calidad de la supervisión bancaria realizada por el Banco de España pues las principales operaciones de fusiones de cajas de ahorros se han realizado, según parece, contando con la aquiescencia de los órganos rectores del regulador español.
Es sabido que los inspectores del Banco de España se quejaron de que la evaluación de la solvencia de las entidades financieras se encargara a una firma consultora privada. No hace mucho, además, pusieron el grito en el cielo denunciando que sus informes no fueron atendidos por las Autoridades del Banco de España. Más grave aún, que ante la denuncia de indicios de la comisión de delitos, se miraba hacia otro lado o se hacía caso omiso de tales dictámenes.
Ahora Bruselas, es lógico, reclama que los informes de los técnicos del Banco de España que analizan la solvencia de las entidades financieras vayan convenientemente rubricados por sus autores, sin que sea posible mutilar dichos dosieres o guardarlos en los cajones.
La UE no se ha ahorrado en calificativos para censurar los errores de la supervisión bancaria de estos años que culminan con el escándalo de Bankia. El Banco de España está estudiando diferentes medidas para corregir la situación y ha solicitado a los inspectores, los verdaderos conocedores de las tripas de las instituciones financieras, propuestas de mejora para que nunca más pase lo que pasó estos años.
Desde luego, potenciar la labor de quienes tienen la competencia y los conocimientos para que la supervisión bancaria se realice en las mejores condiciones parece una decisión razonable. Eliminar la capacidad de los órganos rectores de “trabajar” o de “filtrar” a su conveniencia estos informes, es urgente.
Las instituciones de supervisión, de control y de vigilancia deben estar despolitizadas. No tiene sentido, ningún sentido, que como acaba de denunciar el Tribunal Supremo, en el Tribunal de Cuentas haya más personal de extracción política que técnica. La entrada de la política en estas instituciones las ha desprestigiado y convertido en botín partidario. Al final, los ciudadanos nos quedamos desprotegidos porque si estas funciones tan relacionadas con el servicio objetivo al interés general se realizan de forma parcial y fragmentaria, entonces la calidad de la democracia se resentirá, y mucho. Lo estamos viendo cada día.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es