Una de las funciones más importante de la Administración pública en este tiempo es la de supervisión y vigilancia de las actividades consideradas de interés general. Por ejemplo, en materia financiera, las entidades son inspeccionadas periódicamente por el regulador, por el Banco de España. Las actividades empresariales, desde la perspectiva de las condiciones del trabajo, son objeto de la vigilancia de la inspección del ministerio de trabajo. La seguridad aérea debe ser comprobada y verificada por la agencia de seguridad del ramo. Es decir, en todas aquellas actividades en las que es posible la aparición de riesgos que podrían lesionar los bienes o derechos de las personas, el Estado, que debe garantizar la libertad solidaria de los habitantes, ha de hacerse presente para cumplir esta muy relevante tarea en la forma más adecuada posible.
Es más, entre las causas de la crisis económica y financiera iniciada hace ya cinco años, se encuentra, en un lugar muy destacado, la responsabilidad “in vigilando” de las agencias reguladoras y de los entes estatales encargados de la supervisión de estas actividades. En unos casos miraron a otro lado, en otros colaboraron activamente a la perpetración de las tropelías de todos conocidas. Es decir, la función de supervisión, de vigilancia, de control, tan importante desde tantos de vista para el correcto funcionamiento del mercado de valores, para la actividad financiera, para que el mercado se mueva en parámetros de racionalidad y objetividad, está hoy en el ojo del huracán de las reformas estatales.
El problema se encuentra cuándo en estas tareas los técnicos encargados de realizarlas con arreglo a los mejores estándares y patrones del conocimiento están sometidos a la política. Es el caso del Banco de España, del Tribunal de Cuentas o de tantos órganos de control, regulación o supervisión en los que tal cometido puede, o no, teñirse de “racionalidad” política, no técnica.
Meses atrás los inspectores del Banco de España denunciaron el escaso caso que los órganos rectores del Banco de España prestaban a sus informes. Ahora, un estudio de una consultora norteamericana “independiente”, a su vez, ha analizado la actividad de la inspección del España, justo la misma compañía encargada de los exámenes, los tests de estrés, a la banca española.
Es verdad que el Banco de España como institución, a pesar de contar con informes de la inspección que han sido filtrados a los medios de comunicación tiempo atrás, no alertó ciertamente de los riesgos y peligros que se cernían sobre el sistema financiero. Este es el problema, ¿cómo es posible que disponiendo de informes que señalaban algunas de las causas de la crisis, no se activaron las alarmas?. Puede ser que por la metodología interna de trabajo en el Banco de España tales dictámenes se perdieran en el camino o que en sus extractos y resúmenes se reflejaran solo aspectos irrelevantes. Por supuesto, todo puede ocurrir. Pero, en estos casos, los órganos rectores de una institución que debe actuar siempre al servicio del interés general, deben disponer del conocimiento técnico adecuado para tomar decisiones. Y, tras el acuerdo que proceda, que siempre habrá de estar motivado y justificado desde la racionalidad técnica, se deben asumir las responsabilidades que procedan.
No puede ser, de ningún modo, que los informes técnicos se desautoricen sin explicaciones convincentes o que las decisiones en materias tan sensibles se adopten por criterios políticos. Es hora ya de que se reflexione sobre el papel de la política en relación con los órganos de supervisión y control. Desde luego, si el gobernador del Banco de España y los integrantes de sus órganos rectores fueran seleccionados atendiendo a la competencia técnica otro gallo nos cantaría. En el mismo sentido, ¿qué pasaría si los miembros de los entes reguladores, de la inspección general del Estado, de la intervención general, de la abogacía general y del resto de las cabezas de estos entes fueran nombrados al margen del poder político de turno?. No pasaría nada. Todo lo más, que los que mandan sabrían que están siendo fiscalizados por alguien que no está bajo su dependencia. Nada más y nada menos.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es