Una de las cuestiones de las que más habla desde que comenzara la crisis económica y financiera en la que estamos sumidos en el mundo occidental es la relativa a  la tasa Tobin. Una forma de obtener ingresos a partir de las transacciones financieras. Es, desde luego, un tema bien polémico aunque el paso del tiempo me parece que está inclinando la balanza en un determinado sentido.

 
En efecto, a día de hoy si hiciéramos una encuesta general sobre el particular, probablemente solo una minoría se declararía en contra de este tributo. La gran mayoría, sobre todo aquellos que no consiguen créditos de la banca para sus familias o para el emprendimiento de sus iniciativas, entiende que tal taza es necesaria y, a la vista de la etiología de crisis, justa y equitativa. La Unión Europea acaba de hacer pública un sondeo en este sentido que debería hacer pensar a los dirigentes.
 
Poco a poco, sobre todo en el marco de investigaciones independientes, vamos conociendo el papel de la banca en el origen de la crisis. Poco a poco vamos sabiendo que quienes debieran realizar una relevante tarea de intermediación para que el dinero ayude a las familias y a las actividades económicas razonables se olvidaron de su principal misión. Se aplicaron, no todos pero sí un número significativo de banqueros, a la más pura especulación, a la obtención de pingues beneficios y, en el colmo de la desfachatez, a reclamar a los gobiernos fondos de rescate para reparar su negligencia e irresponsabilidad. Fondos que salieron de los bolsillos de los ciudadanos en lugar de proceder de las cuentas de resultados de las instituciones financieras. Todo un gran escándalo que ha dejado maltrecha la imagen de unas instituciones que  obtienen importantes beneficios, incluso durante la crisis.
 
Por eso, no es extraño que el debate sobre la tasa financiera siga sobre la mesa y que incluso el Ecofin se esté planteando como acelerar su implantación. Efectivamente, en este momento se contempla la posibilidad de que se graven las transacciones de bonos y acciones con 0.1 % de su valor (un 0.01 en el caso de los derivados financieros). Aunque los más optimistas piensan que no se aplicaría hasta el 1 de enero de 2014, su implementación es casi seguro que supondría un espaldarazo a una Unión Europea que no se encuentra en su mejor momento, capturada, y de qué manera, por esa poderosa red de mercaderes que ha diluido los auténticos fines, y principios, de la Unión Europea.
 
Los británicos, que concentran el 60% de las operaciones financieras en la UE, no quieren ni oír hablar del tema. De implantarse la tasa se calcula que se recaudarían nada menos que 57.000 millones de euros al año, lo que en plena crisis no es nada desdeñable. Dichos ingresos irían a parar a las arcas europeas y después a los Estados miembros en función de su participación en la recaudación. Francia y Alemania son quienes aceleran el paso para que la tasa financiera se aplique antes de 2014.
 
Bruselas argumenta, para implantar esta tasa, que dos tercios de los europeos la respaldan y que la banca soportaría el 85% del gravamen, destinado fundamentalmente a operaciones en las que tengan participación las instituciones europeas. A mi juicio, cuanto antes se instaure esta tasa, mejor. La banca no goza que digamos de un gran predicamento en este tiempo ni de una especial aureola de moralida. Si pretende recuperar prestigio debiera ponerse a la cabeza de la manifestación y devolver a la sociedad lo mucho que le debe. La intermediación debe volver a ser su guía y su norte. Si estas entidades siguen negando el crédito a personas, familias y pequeñas y medianas empresas mientras partidos y gobiernos tienen abierto el grifo de la financiación, su descrédito será casi irreversible. Así de claro.
 
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es