Estos días el Parlamento europeo ha aprobado, por amplia mayoría, la famosa tasa Tobin. Un impuesto a las transacciones financieras que también está estudiando la Comisión europea y que se espera que pronto vea la luz. El 22 de junio, para ser más exactos, los ministros de economía de la Unión Europea tienen el tema sobre la mesa y según parece,  en esa reunión del Ecofin, por fin, valga la cacofonía, terminará el procedimiento dirigido a su efectiva puesta en funcionamiento.

Uno de los principales responsables de la crisis financiera en la que estamos sumidos es, quien puede dudarlo, la banca. En efecto, las instituciones financieras no han sido conducidas en este terremoto con la diligencia esperada y las consecuencias de estas negligencias no se han hecho esperar como comprobamos a diario. Fraudes, estafas o apropiaciones indebidas han saltado a los titulares de los diarios teniendo como protagonistas, en no pocas ocasiones, a directivos de banca. Quien no recuerda las colosales indemnizaciones y bonus que se autoatribuyeron algunos directivos de las entidades financieras al inicio de la crisis y en plena crisis. Hasta hoy nos escandalizamos ante situaciones del presente que vuelven a las andadas.
Desde luego, los bancos no tienen toda la culpa de lo que ha pasado, pero si un alto porcentaje, ya sea por su comportamiento en la concesión de créditos, ya sea en la forma en que se ha manejado el mercado inmobiliario estos años. En 2005, según se ha sabido en este tiempo, los inspectores del Banco de España advirtieron a la autoridad competente que la burbuja inmobiliaria que ese estaba formando tendría una muy negativa incidencia sobre las instituciones financieras del país.
Sea como fuera, la realidad es que esta tasa sobre las transacciones financieras realizadas en la UE, además de justa, permitirá que la banca aporte a la sociedad una parte relevante de lo que la sociedad, vía impuestos manejados por los gobiernos, ha entregado a las entidades financieras en concepto de rescate  para el mantenimiento de la “estabilidad”. Unos rescates, en muchos casos, no explicados, ni siquiera a los parlamentos correspondientes.
Salvo el Reino Unido, Suecia, Chipre y Malta, que no están por la labor y que probablemente se quedarán fuera de la tasa, el resto de los países de la UE la asumirá en cuanto termine el complejo proceso de aprobación que existe en el seno de la UE para estas cuestiones. Se calcula, son datos de la Comisión Europea de marzo de este año, que la tasa supondrá unos ingresos para la UE de 60.000 millones de euros, de manera que se reducirá la dependencia de la propia UE de los Estados miembros. España, sin ir más lejos, reduciría su aportación anual a 4.741 millones según esos mismos datos.
Los enemigos de la tasa son los ingleses pues la City, que hoy concentra casi el 80% de la actividad financiera de la UE, perdería su hegemonía. Para los británicos  este nuevo impuesto obligaría a deslocalizar numerosos servicios financieros y dejaría a Europa en muy mal lugar en relación con los EEUU y otros países del llamado G-20. Quienes la apoyan entienden que la imposición a los bancos debe ser proporcionada y, en todo caso, adecuada a la magnitud e intensidad con las que las entidades financieras han contribuido a la crisis que hoy asola, valga el juego cacofónico, el solar europeo.
En realidad, tampoco es para tanto. Supondría el 0.1 de las transacciones sobre acciones y el 0.01 de las realizadas sobre derivado. Eso sí, se gravarían todas las operaciones en valores emitidas y realizadas en la zona euro. Para terminar una pregunta, ¿es tanto pedir a unas instituciones, algunas de las cuales han sido gestionadas como ahora ya todo el mundo sabe, con los beneficios que todos conocemos, con una tasa como la que tratamos en el artículo de hoy?.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo