La polémica sobre la libertad educativa, siempre presente, expresa la tensión permanente que existe entre la intervención pública y la preservación de condiciones racionales para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Hay veces que el Estado interviene tanto en la vida de los ciudadanos que estos se convierten en simples  marionetas en manos del poder. En otras ocasiones, en sentido contrario, el Estado se despreocupa en demasía de la vida social pensando que la libertad, sobre todo la económica, genera mecánicamente más espacios de libertad en general. Además, confundir la libertad educativa con  acceso a la educación, no distinguir entre derecho a la educación y libertad educativa es algo que refleja hasta qué punto el miedo a la libertad y a la autonomía de las personas continua presidiendo la actividad de las principales formaciones partidarias y, por tanto, de los Poderes públicos educativos.
 
La realidad nos enseña que el sentido de la intervención pública se justifica precisamente para que la libertad solidaria se pueda ejercer por todos los ciudadanos de la mejor manera posible. En este sentido, los Poderes públicos, artículo 9.2 de la Constitución, en lugar de obstaculizar o impedir  el ejercicio de la libertad educativa de los padres para elegir el modelo educativo de su preferencia de acuerdo con sus convicciones, deben promoverla, facilitarla. Y facilitar es hacer posible que, como dispone la Constitución en el artículo 27, los padres puedan elegir el modelo educativo de su preferencia, el que más se ajuste a sus convicciones morales. Por una razón sencilla, porque la Administración pública, los Poderes públicos  existen y se justifican, especialmente en un Estado social y democrático de Derecho, en la medida en que facilitan o promueven las libertades solidarias de las personas.
 
En materia educativa lo determinante es que los alumnos reciban conocimientos sólidos que les habiliten para comportarse en el futuro como ciudadanos con conocimientos acreditados que se distinguen por sus cualidades democráticas responsables. Una sociedad plural y diversa como  la nuestra podrá ofrecer diferentes modelos educativos y serán los padres quienes, en ejercicio de su derecho constitucional, elijan el que consideren más coherente de acuerdo con sus preferencias. Si resulta que, por ejemplo, se mutilara la oferta educativa, porque se excluyeran de ayudas  algunos modelos, como es el de la educación diferenciada , entonces estaríamos en presencia de una restricción a un derecho fundamental inaceptable,  intolerable y desproporcionada porque se impide que los padres, insisto, puedan elegir el modelo educativo apropiado a sus hijos de acuerdo con sus preferencias morales y religiosas, algo que proteger nada menos que la Constitución en el artículo 27.
 
Facilitar  diferentes modelos educativos no significa, todo lo contrario, imponer criterio alguno. Se trata de fomentar el pluralismo y la diversidad. Hoy, la escuela mixta es un dogma. Un dogma porque para muchos el ideal de la escuela mixta es igual a una educación mejor. Pues bien, este dogma, cuando menos es discutible. Por varias razones. Porque la educación diferenciada es mucho más accesible para los alumnos con menos ingresos pues  resulta que los que proceden de familias con escasos recursos y viven en entornos problemáticos son los que mejoran más sus resultados al asistir a clases sólo para chicos o sólo para chicas según demuestran las estadísticas en la materia. Y, porque, dado que la enseñanza pública es mixta, quienes más podrían beneficiarse de la educación diferenciada son quienes más difícilmente pueden acceder a ella. La clave, repito, es que el Estado cumpla su función de garantizar los derechos y libertades y que, por tanto, se facilite la elección. Viva la libertad.
 
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana