En algunos países de  tradición intervencionista, es el caso de España, la educación concertada es vista con malos ojos fundamentalmente por quienes temen que la libertad desmonte los privilegios y la posición de quienes se benefician del sistema. A pesar de que los datos son los que son y de que se pueden consultar sin dificultad, la enseñanza concertada sigue cuestionada por estos lares. Sin embargo, en otras latitudes, incluso con gobiernos socialdemócratas, ningún problema hay en que las aulas públicas acojan diferentes modelos pedagógicos e incluso ideológicos porque se tiene claro que los fondos públicos deben estar vinculados a los principios constitucionales del pluralismo y la libertad.
En efecto, en Inglaterra, que tienen un modelo educativo abierto, se financian con fondos públicos colegios de gestión privada, academies y free schools se llaman. Cada año crece el número de escuelas de esta naturaleza, que son sometidas, como es lógico, a exhaustivas evaluaciones de la inspección educativa al igual que los centros públicos. Hasta ahora el rendimiento de estos centros educativos ha sido alto obteniendo el 75% las calificaciones más altas. Por ello, nueve de cada diez free schools recibieron este año académico más solicitudes que plazas disponibles. Es decir, los padres, por algo será, demandan más los colegios privados de financiación pública que los propios centros públicos que en lugar de concentrarse en mejorar sus métodos y sistemas pedagógicos no hacen más que criticar y criticar el apoyo público a estas iniciativas privadas educativas. Unas iniciativas que cuentan, para su apertura, con exigentes requisitos: el proyecto curricular, la demanda de un grupo suficiente de padres, un plan financiero detallado que garantice la solvencia financiera del colegio y el compromiso de someterse a las evaluaciones de la inspección educativa.
El Estado no debe imponer esquema pedagógico alguno ni ninguna  convicción o creencia. El Estado debe promover que el espacio público sea plural. Es decir, que los padres puedan elegir, sin que les resulte imposible por motivos económicos, el tipo de educación que sea de su preferencia. El Estado, que es servidor de los ciudadanos, debe facilitar la elección de los padres. Hoy, no se puede olvidar, una parte relevante de los padres desea que se eduque a sus hijos en el marco de principios morales sólidos. Y el Estado, insisto, debe hacer posible la efectividad de los derechos fundamentales de la personas. Si, por el contrario, se discrimina la libertad y se ofrecen soluciones únicas, se estará atentando gravemente a la Constitución y al sentido común.
Por eso, junto a la potenciación de la enseñanza concertada en la medida en que sea solicitada, que lo es obviamente cada vez más, la escuela pública debe abrirse también a la libertad y al pluralismo, haciendo posible que la libertad de elección de las personas con menos recursos económicos sea posible. Para eso están los poderes públicos, para atender a las personas, no para blindar privilegios ni opciones únicas.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es