Una de de las reformas más esperadas, tanto cuanto demorada en los últimos años, es la de las estructuras públicas que sirven de refugio a miles y miles de personas cuyo único, y “gran” “mérito”, no es precisamente haber superado una oposición sino sencillamente pertenecer a una determinada camarilla o grupo. En efecto,  miles de empresas públicas y no pocas organizaciones de los partidos, así como entes públicos ad hoc incrustados en las Administraciones públicas, sobre todo en las territoriales, albergan a decenas y decenas de miles de individuos cuya tarea para el bienestar de los españoles es más que dudoso. Estos días se han publicado algunas informaciones que señalan que son tres mil estos órganos con un deuda de cincuenta y cinco mil millones de euros.

Pues bien, toda esta legión de privilegiados sigue, más o menos, a pesar de la que está cayendo en sus puestos, pues sus jefes y señores no se atreven, alguna razón habrá, a desmontar esta gigante estafa al pueblo español. Ahora que todos los ciudadanos, unos más que otros por supuesto, están experimentando en sus carnes los sacrificios que reclama la situación de crisis, resulta que la elefantiásica factura de todo este entramado sigue corriendo por cuenta de la gente normal. ¿Por qué tenemos que seguir financiando con nuestros impuestos esta expresión de irracionalidad y clientelismo?.
Ciertamente, no se entiende bien cómo es posible que a estas alturas los miles y miles puestos de confianza política y de designación digital no hayan sufrido la reducción, o eliminación, que la situación demanda. No hay más que suprimir organismos, estructuras, empresas públicas, gabinetes, fundaciones, compañías públicas y demás chiringuitos creados para dar cobijo a los miles y miles de adeptos y afines a las formaciones partidarias, sean éstas partidos, sindicatos o patronales. En su lugar, que gran error, se opta por castigar a los ciudadanos normales y corrientes. A los enchufados y afines, ni tocarlos.
Los millones de españoles que están soportando el peso de las crisis comprendería mejor el esfuerzo que se les reclama si los que mandan dieran más ejemplo. Hume escribió hace mucho tiempo que el ejemplo es la mejor escuela de humanidad, y tenía razón, toda la razón del mundo. Ahora, en la zozobra actual, es imprescindible soltar todo ese lastre que nos sobra. No sólo para que el barco navegue mejor, sino, y también, porque siendo las Autonomías y los Entes locales instituciones muy relevantes para la mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos, en los últimos años no han cumplido su labor. Por una sencilla razón. Porque se han dotado de tal entramado organizativo que la maraña administrativa que han creado les ha impedido ver el bosque. Porque todo ese sinfín de estructuras hace imposible pensar en los problemas reales de los ciudadanos. En su lugar, tal irracional organización lo que permite es, y de qué manera, mejorar las condiciones de vida de esas castas de dirigentes a quienes solo preocupa la conservación del poder y la colocación de los amigos.
Pues bien, ha llegado la hora de terminar con todo este tinglado. Será una tarea difícil para quien tenga que afrontarla, pero llevará un poco de equilibrio a los sacrificios que estamos asumiendo la gran mayoría de los ciudadanos.  He aquí un capítulo en el que se podría reducir notablemente el gasto público. Al final, como reza el dicho: no hay mal que por bien no venga.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es