Los cargos públicos son aquellas personas a quienes el ordenamiento jurídico les atribuye tareas de dirección o de rectoría en el sector público. Es decir, todas aquellas personas que ocupan puestos de dirección o de gerencia en la administración pública y en el entramado de empresas, fundaciones, sociedades, compañías, agencias y demás entes que componen el denominado sector público. Su número da idea del grado y la intensidad de la intervención pública en la vida social. A más cargos públicos, mas presencia de los poderes públicos y viceversa.
Pues bien, aunque no es fácil encontrar datos exactos acerca de esa cuestión en España, acabo de leer en los últimos días en Financiero digital, que se calcula, según un informe de varios asesores de la presidencia del gobierno, que en nuestro país contamos con 445.568 cargos públicos. De ser cierto este dígito, estaríamos a la cabeza de dirigentes públicos en la Unión Europea. Italia, Francia  y Alemania rondarían los 220.000, la mitad que España. Es decir, un país como el nuestro con un PIB que es el que es, con un índice de crecimiento conocido, con una tasa de natalidad de las más bajas y con un crecimiento y un desempleos francamente mejorables, disponemos del doble de cargos públicos que Alemania.
Se trata de unos datos que, de ser ciertos, deben mover a la reflexión y a la acción. Por dos causas fundamentalmente. La primera, y la más importante, porque, en efecto, nuestro nivel de riqueza y nuestro potencial económico no justifican, ni mucho menos, tal cantidad de cargos públicos y, consecuentemente, de estructuras públicas.  Y, segunda porque en un contexto de crisis del calado y magnitud como la que estamos sufriendo, lo más razonable, y urgente, es meter las tijeras en esta materia. Sin embargo, para sorpresa de propios y extraños, sobre todo del pueblo llano, resulta que  los ciudadanos de a pié, vía aumento de los impuestos,  somos quienes tenemos que mantener esta pesada y elefantiásica maquinaria administrativa. Y eso que en el último sondeo del CIS una parte muy relevante de los consultados reclama reformas en la estructuración de las Autonomías.
Parece mentira pero desde 2008, año en el que se data formalmente el inicio de la crisis, salvo honrosas excepciones, nuestros dirigentes políticos en los diferentes niveles de gobierno, no se han atrevido a desmontar este colosal y clientelar aparato de propaganda y control social. Más bien, han propiciado este colosal y mastodóntico aparato público poblado de miles y miles de cargos públicos. Es verdad que una ley de la ciencia administrativa nos advierte de la innata tendencia de la administración a crecer y a multiplicarse. Si a esta tendencia le sumamos la descarada operación de manipulación que se ha perpetrado para dominar a la sociedad, el resultado no puede ser otro: multitudes de adeptos y afines ocupando espacios y estructuras que en muchos casos o no deberían existir o deberían estar en manos privadas.
El número de estructuras públicas,  contando  también partidos, sindicatos y patronales, junto al número de cargos públicos, reclama a voz en grito una drástica reforma que no llega por el miedo a despedir afines y adeptos a la causa. Sin embargo, es necesario que tengamos las estructuras necesarias para sacar el país adelante desde la preocupación efectiva y real por los problemas de naturaleza colectiva de todos los ciudadanos. Con tantos cargos y estructuras se forja un mundo irreal aislado de la realidad, en la que prevalecen las obsesiones tecnoestructurales y donde no tiene cabida la sensibilidad social que ahora tanto echamos de menos en tantos dirigentes.
Este tema debe ser abordado, junto al del modelo administrativo y a la concepción general de la función pública, con seriedad, con rigor y escuchando a quienes de verdad tenga cosas relevantes que aportar. Precisamos un gran pacto para racionalizar, redimensiones y repensar nuestro modelo administrativo. No para sustituirlo por otro. Sencillamente, para adecuarlo a la realidad porque a día está configurado para una realidad irreal. Casi nada al aparato.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es