No corren buenos tiempos para el pluralismo. Ni en la política, ni en la economía, ni, por lo que me interesa tratar hoy, en la educación. Los fondos públicos deben estar al servicio de los valores democráticos, entre ellos el pluralismo. Es decir, la educación pública, financiada con los fondos que aportamos todos al tesoro público, debe estar al servicio de los diferentes modelos educativos existentes en la sociedad que, obviamente, faciliten el libre y solidario desarrollo de la personalidad. La realidad, al menos por aquí, es problemática. Se acepta como un dogma que la educación pública debe estar al servicio de un único modelo educativo y, lo más grave, si se plantea que la educación pública se abra a otros esquemas pedagógicos, la respuesta siempre es la misma.
 
En otros países, por ejemplo Reino Unido, resulta que una de los últimos rankings educativos dados a conocer revela que las siete primeras escuelas públicas con mejores resultados académicos practican la educación diferenciada. Es decir, en este país, la educación pública ofrece educación mixta y diferenciada para que los padres puedan elegir el modelo de su preferencia. En España, en cambio, a causa del imperio de la ideología en la enseñanza, hoy por hoy es casi impensable abrir a la libertad  de modelo educativo la educación pública.
 
En realidad, si estamos de acuerdo en que los poderes públicos deben facilitar la libertad, es lógico operar de esta forma. Sin embargo, desde el pensamiento único se ha decidido laminar cualquier intento de “enseñanza diferenciada”  en la enseñanza pública, condenándonos al modelo “único”, modelo que es objeto preferentemente de las ayudas públicas, al menos hasta no hace mucho.
 
En la educación lo determinante es que los alumnos reciban conocimientos sólidos que les habiliten para comportarse en el futuro como ciudadanos con cualidades democráticas responsables. Lógicamente, una sociedad plural y diversa como es la nuestra debe propiciar diferentes modelos educativos siendo  los padres quienes, en ejercicio de su derecho constitucional. Si resulta que, por ejemplo, se mutilara la oferta, porque se excluyeran  algunos modelos, como el diferenciado, entonces estaríamos en presencia de una restricción a un derecho fundamental que juzgo intolerable y desproporcionado porque se impide que los padres, insisto, puedan elegir el modelo educativo de su preferencia.
 
No se trata de imponer criterio alguno. Se trata de fomentar el pluralismo y la diversidad. Hoy, la escuela mixta es un dogma en la educación pública. Un dogma porque para muchos el ideal de la escuela mixta es igual a una educación mejor. Pues bien, este dogma, cuando menos es discutible como constatan los resultados académicos obtenidos en otros países. Por varias razones. Porque la educación diferenciada es mucho más accesible para los alumnos con menos ingresos. Porque resulta que los que proceden de familias con escasos recursos y viven en entornos problemáticos son los que mejoran más sus resultados al asistir a clases sólo para chicos o sólo para chicas. Y, porque, dado que la enseñanza pública es mixta, quienes más podrían beneficiarse de la educación diferenciada son quienes más difícilmente pueden acceder a ella. La clave, repito, es que el Estado cumpla su función de garantizar los derechos y libertades y que, por tanto, se facilite la elección.
 
La realidad, aunque a algunos no les guste, camina de la mano de la libertad y del pluralismo. Junto al Reino Unido, en Alemania, desde 1998 varios Länder ofrecen clases de matemáticas en régimen de educación diferenciada. Y, en Australia, dentro de la escuela pública, la Administración pública hubo de aumentar  el número de escuelas diferenciadas para atender a la demanda de las familias.
 
Sin embargo, en España parece que se sigue enarbolando la bandera de la educación mixta como dogma, sin importar si es o no eficaz y si cercena la libertad. Aquí, incluso se ha intentado excluir de la financiación pública a los colegios concertados que no sean mixtos en un ejercicio de sectarismo asombroso. La razón: no se puede discriminar en la educación por razón de sexo. Es decir, se piensa que la educación diferenciada discrimina  cuando es una opción entre varias. Lo que si discrimina, y no poco, es la exclusión y condena al ostracismo a quienes no entren por el carril único que se ha impuesto desde el vértice en los últimos años.
 
Esperemos que ahora, con una nueva ley educativa, se fomenten los valores constitucionales y lo público se abra al pluralismo, al derecho constitucional que asiste a los padres a elegir el modelo educativo de preferencia para sus hijos. Ya va siendo hora.
 
Jaime Rodríguez – Arana
Catedrático de Derecho Administrativo