En este tiempo se suceden con alguna frecuencia encuestas, sondeos y consultas en las que se pregunta a los ciudadanos acerca de la crisis, de sus causas, de sus posibles soluciones. Todas, más o menos, sean realizadas con fondos públicos o privados, coinciden en destacar que en este momento, siendo importantes los recortes, lo fundamental es la recuperación económica y la creación de empleo. Las medidas que cuentan con más seguidores son: reducir la estructura de la Administración y gravar con un impuesto especial a las grandes fortunas. En sentido, la gente entiende mayoritariamente que es necesario reducir los gastos de los políticos, incluso su número, pues estima, es una obvia realidad, que en España hay demasiados cargos públicos, demasiados coches oficiales y demasiadas subvenciones, muchas de ellas para actividades improductivas y, a veces, inconfesables.
La mayoría de los encuestados señala que es  más importante la recuperación económica y la creación de empleo que el mantenimiento del actual nivel del  Estado de bienestar. Eso significa, ni más ni menos, que la ciudadanía estaría dispuesta a asumir sacrificios si es que el empleo crece como consecuencia de la reactivación económica. Los ajustes y recortes presupuestarios son necesarios, quien lo puede dudar, pero sobre todo en las estructuras y en el aparato público, donde existen demasiadas irracionalidades, duplicaciones y demasiados órganos innecesarios y redundantes.
Los ciudadanos, según estas encuestas, son partidarios de que los partidos políticos y los sindicatos, así como las patronales, se financien con las aportaciones de sus militantes o partidarios. Así ocurre en muchas partes del mundo y así, de esta manera, se garantizaría una cierta racionalidad en las estructuras, en la organización y en el funcionamiento de estas instituciones tan importantes para la armonía social. De igual manera, mes a mes los ciudadanos estiman que la clase política es un problema para este país. Y es un problema porque, hay excepciones por supuesto  y muy dignas, no pocos políticos practican la adición al mando, al disfrute y exhibición del poder,  en lugar de bajar de verdad a la arena, a la realidad y desde ella hacer política para resolver los problemas reales de las personas.
En efecto, no corren buenos tiempos para la política ni para los partidos. La política está en estos tiempos por los suelos y, por ello, los partidos son considerados mayoritariamente como las instituciones más desprestigiadas. Para no pocos, según reflejan encuestas recientes, hasta  promueven o protegen la corrupción. Es probable que estas opiniones estén mediatizadas por los escándalos acontecidos estos años en España. Siempre es peligroso generalizar y se debe reconocer  que también  hay políticos honrados, que trabajan por la ciudadanía y por los intereses generales.
En este contexto,  la sexta encuesta social europea, dada a conocer estos días, arroja unos datos ciertamente críticos. Se trata de una encuesta realizada en los veintinueve países de la unión Europea sobre muestras de entre mil quinientas y dos mil personas que para España realiza la Universidad catalana Pompeu Fabra, el CIS, la Obra Social de la Caixa y el Ministerio de Economía y Competitividad. Los resultados arrojan una doble tendencia: aumenta el interés por la política y por la participación cívica en la ciudadanía española que ha participado en la encuesta  y baja estrepitosamente la confianza de los españoles, al menos en los consultados, en la política. Además, los ciudadanos participantes en el sondeo entienden que no hay grandes diferencias entre las políticas propuestas por los distintos partidos políticos, que el gobierno no protege a todos los ciudadanos en situación de pobreza y que no se toman las medidas apropiadas para evitar la brecha social y la exclusión de las personas más vulnerables.
Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención es el bajísimo índice de confianza de los ciudadanos consultados en la política y en los partidos. Sobre diez puntos, la confianza en los dirigentes políticos es del  1.91 y del  1.88 en relación con los partidos. El deterioro de la confianza es comparable ciertamente al aumento de la corrupción en este tiempo. Hasta tal punto que se ha producido una peligrosa banalización de este fenómeno ante el asombro de propios y extraños.
El pueblo está abriendo los ojos a la realidad. Se da cuenta perfectamente de cómo se manejan los asuntos de la comunidad. Empieza a sospechar sobre quienes se benefician realmente del sistema político. Se indigna cuándo en las actuales circunstancias de profunda crisis prende la insensibilidad social en muchos representantes públicos que sólo piensan en cómo incrementar la cuenta corriente y en como encaramarse al poder, si es de por vida mejor.
El pueblo, que  no entiende cómo se puede manejar con tanta frivolidad el dinero de todos, empieza a reaccionar. En la sexta encuesta social europea se refleja un mayor interés por la res pública y el incremento de la participación no convencional. En efecto, los datos de la encuesta ponen de relieve que la participación no convencional en España es superior a la media europea, así como la participación en manifestaciones,  en plataformas de movilización ciudadana o en recogida de firmas.
Sean o no exagerados estos datos, proporcionan elementos para la reflexión y para las reformas en evitación de derivas radicales que están a la vuelta de la esquina. El sistema  político precisa de una gran transformación para que sea lo que debe ser: el gobierno del pueblo, no de unas minorías, para el pueblo, no para una élite, y por el pueblo, por los intereses generales, no por los intereses particulares. El tiempo pasa y las encuestas, sondeos y opiniones son unánimes en la misma dirección. Algo que habrá que hacer, ¿no le parece?.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es
 
 
 
Jaime Rodríguez-Arana. jra@udc.es