Las Comunidades Autónomas, a día de hoy y según datos oficiales, sólo han procedido a reducir el 24.5 % de su sector público. Es decir, a finales de abril sólo han cumplido con el 25% de lo previsto para todo el año. Es verdad que unas han eliminados más empresas públicas que otras pero el grado de racionalización del sector público muestra que todavía es menester continuar reduciendo la presencia del capital autonómico en la vida empresarial y tantas duplicidades como todos conocemos.

Es verdad que los poderes públicos no se han caracterizado nunca por ser unos eficientes y brillantes gestores empresariales. También es cierto que la Administración debe distinguirse por el servicio objetivo al interés general y que la rentabilidad a la que está comprometida es la social. El Estado no existe para ganar dinero compitiendo con las empresas privadas en la economía. El Estado, y las Comunidades Autónomas y Entes locales son Estado, existen para garantizar los derechos de los ciudadanos, especialmente los de los más débiles y desvalidos.
La gestión pública, como la privada, debe realizarse en un contexto de responsabilidad. No puede ser, como ha sucedido, que muchos gestores públicos, por considerar que los fondos públicos eran ilimitados, manejaran los recursos de todos como si de nadie fueran y ante nadie hubiera que responder. En estos años del llamado Estado de bienestar estático, las subvenciones, auxilios y ayudas públicas han dominado un panorama político presidido, no tanto por mejorar las condiciones de vida de la gente, cuanto por la búsqueda y captura de la voluntad política de millones de ciudadanos desde el poder.
Por eso, hemos de recordar que el Estado de bienestar es un sistema dinámico, una gran conquista social que ha rendido grandes servicios a los ciudadanos alcanzando objetivos sociales de gran relevancia. Cuando lo que es por naturaleza dinámico se petrifica o se inmoviliza, entonces aparecen los problemas. Unos problemas que al cabo de los años, por no haberse atajado se nos presentan con toda su crudeza.
En España, en estos años de construcción de las Autonomías se nos fue la mano y actuamos como si fuéramos un país rico. Como si fuéramos Alemania o los Estados Unidos pongamos por caso. No reparamos en gastos y diseñamos unas instituciones autonómicas en las que no faltara de nada. Se reprodujo la planta y esqueleto del Estado-nación en cada Autonomía y se reclutó personal y personal con sueldos superiores a lo de la Administración del Estado. Para atender todos estos objetivos hubo de recurrirse a la deuda pública, que ha ido creciendo exponencialmente hasta alcanzar la cifra que ya todos conocemos y que nos coloca en una delicadísima situación financiera.
Así las cosas, y llegados a este punto, hemos de bajar sustancialmente el déficit público, lo que supone que el costosísimo aparato público, sobre todo de las Autonomías, se reduzca hasta cumplir con los compromisos comunitarios. Por eso ahora se apela de nuevo a las privatizaciones de numerosas empresas públicas de Comunidades y Entes locales con la finalidad de que el sector público se sitúe en parámetros de racionalidad. Por eso se apela desde el ministerio del ramo a que Autonomías y Entes locales también se desprendan de numerosos activos públicos que pesan como una losa sobre las maltrechas arcas públicas.
Es decir, tenemos la oportunidad de redefinir inteligentemente la dimensión institucional y estructural de Comunidades Autónomas y Entes locales. Privatizaciones, fusiones municipales, eliminación de empresas públicas y demás operaciones dirigidas a reducir el déficit están en estos días en la mesa de los dirigentes públicos. Ojala que tales medidas se adopten desde un plan integrador y que no sean fruto de la improvisación. Podemos, si reina el sentido común y la solidaridad, rediseñar un marco competencial y una dimensión institucional que sin lesionar la autonomía, coloque a nuestro país en la posición que le corresponde. Pero también es posible, si cada uno mira sólo lo propio, que nos embarquemos de nuevo en ese lamentable escenario de insolidaridad y egoísmos territoriales que tantas veces ha hecho añicos nuestra capacidad de salir adelante y situarnos en lugares de vanguardia. Los ciudadanos esperamos que estas reformas, necesarias, se proyecten sobre las estructuras y, luego, si fuera necesario, que no lo creo si se trabaja sobre la irracionalidad de la dimensión de los aparatos públicos y la errática política subvencional, se pidan esfuerzos a las personas. Las personas claro que estamos dispuestos a sacrificarnos por el país, pero siempre que quienes nos dirigen y presiden den ejemplo y desmonten todo ese clientelar y fastuoso esquema de poder en que se han convertido los sujetos pasivos de esas pingües subvenciones que, sin embargo, ahora se niegan a los más débiles y desvalidos.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es