En todas las crisis económicas se procura aumentar los ingresos para paliar la deuda existente. Y cuándo se trata de  este asunto, muy pronto se plantea la cuestión de los impuestos que gravan a las grandes fortunas, a las grandes empresas, a quienes tienen unas retribuciones más altas. Si resulta que como confesó no hace mucho uno de los hombres más ricos del mundo,  el estadounidense Warren Buffet,  pagaba menos impuestos que el resto de compañeros de la oficina a pesar de ser sus ingresos más elevados, entonces algo puede, y debe cambiar, en este punto. El propio Buffet reconocía que muchas de las grandes fortunas escabullían no pequeñas sumas de dinero al fisco a través de ingresos en forma de dividendos, plusvalías o stock options.
 
El presidente de los Estados Unidos de América también ha comentado en este tiempo que el rescate financiero no debe pesar únicamente sobre las clases medias, o bajas, del país sino también, y de modo proporcional, sobre quienes más tienen, sobre quienes más ganan. Es más, Obama reclamó que los ricos paguen lo que en justicia les corresponde. Afirmación que supone el reconocimiento de que el sistema tributario de los EEUU requiere de relevantes reformas.
 
No sólo Buffet ha pedido que los ricos paguen más. En Francia un grupo de 12 multimillonarios acaban de abogar por crear un impuesto especial y extraordinario para las grandes fortunas. En Italia, como es sabido, nada menos que el presidente de Ferrari se ha sumado a esta iniciativa a favor del aumento de impuestos para los más ricos. En Alemania también se ha planteado que se incremente un 10 % los impuestos a quienes dispongan de más de medio millón de euros de patrimonio. Pregunta: ¿por qué ahora los ricos quieren pagar más?. ¿Será porque gozan de privilegios tributarios injustificables?, ¿será porque quieren dar ejemplo?, ¿será porque son conscientes de que pagan poco al fisco en proporción a los fondos de que disponen?.
 
Unos datos quizás ayuden a despejar esta incógnita. Euroestat demuestra que entre 1995 y 2011 la presión fiscal cayó 10.12 puntos en relación con las rentas más altas. Si a eso se añade que en realidad buena parte de sus ingresos proceden de caminos y vericuetos, dividendos, bonos… que tributan un 20% y que existen sociedades de inversión de capital variable especialmente bien tratados por el fisco, la explicación de tal proceder es evidente.
 
¿Serán capaces los gobiernos de iniciar nuevas reformas de los sistemas tributarios que caminen por la senda de la justicia?. ¿Serán capaces los gobiernos que pilotan países en crisis suprimir estructuras y subvenciones antes que tocar los sueldos de los funcionarios o las pensiones de nuestros mayores?. ¿Serán capaces de desprenderse de ese lastre y de esa grasa de despilfarro e ineficiencia y exigir, por ejemplo, a partidos, sindicatos, asociaciones profesionales y corporativas que se autofinancien?. ¿Se tomarán medidas en relación con el número de políticos y sus retribuciones?. ¿Se reducirán las estructuras pública a las necesarias? ¿Necesitamos tantos y tantos políticos de dedicación exclusiva?. ¿Empezarán a pagar la factura de la crisis sus principales causantes? En fin, no hay mal que por bien no venga. Si de esta salimos adelante, habremos hecho un ejercicio de austeridad y de eficiencia que habrá dejado el sector público en sus justos límites, tanto en lo estructural como en lo personal. Un sector público para el que la austeridad no es un fin, es un medio para atender mejor las necesidades colectivas de las personas.
 
 
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es