Uno de los temas más importantes del debate acerca del funcionamiento de los servicios públicos es el de su eficacia. Eficacia que ordinariamente suele ser baja cuándo su prestación se realiza íntegramente desde estructuras burocráticas. En cambio, cuándo la gestión del servicio, no su titularidad que sigue en manos públicas para garantizar derechos básicos de la ciudadanía como la universalidad, la calidad o la equidad, se confía al sector privado, normalmente, hay excepciones por su puesto, la eficacia suele ser mayor. Simplemente, porque la rigidez de las estructuras burocráticas y los problemas asociados a la gestión pública suelen complicar en exceso la obtención de determinados objetivos o resultados.
Un caso paradigmático, hoy de extraordinaria importancia, lo encontramos en el servicio público de empleo y en las denominadas empresas de trabajo temporal. En efecto, a pesar de los tiempos que corren, de un alarmante y creciente aumento del desempleo en toda España, mientras que el servicio público a duras penas consigue colocar entre el 2 y el 3 % de las personas en paro, resulta que las empresas de trabajo alcanzan un 10 y 15% de éxito.
La verdad es que los resultados que obtiene en la materia el sector privado tampoco es que sean para lanzar las campanas al vuelo pues en una época de tanta destrucción de puestos de trabajo estas empresas debieran alcanzar mejores ratios. Sin embargo, multiplican por cinco los resultados obtenidos por el servicio público. Un servicio público que habría que analizar en detalle para saber cuáles son las causas de su estrepitoso fracaso. Desde la motivación del personal que en él labora hasta la capacidad de iniciativa para salir a la búsqueda de soluciones para los desempleados. En ocasiones, el fracaso de tantos servicios públicos prestados por personal al servicio de la Administración pública reside, simple y llanamente, en que existe una actitud pasiva que impide salir al encuentro de soluciones allí donde se encuentren.
Es evidente que el servicio público de empleo no cumple con la función que tiene encomendada. Pregunta, ¿se ha planteado una reforma en profundidad?. ¿Se ha estudiado porque las ETT obtienen mejores resultados que el servicio público?. ¿Existen objetivos concretos en la gestión del servicio público?. ¿Hay una medición periódica de los mismos?. ¿Se conocen realmente las causas de unos resultados tan magros?. ¿Dispone el servicio público de empleo del personal ad hoc para realizar con éxito su tarea?. ¿Se cuida la selección de ese personal y se le forma convenientemente?. ¿Dispone ese personal de incentivos acordes con la magnitud y relevancia de la tarea que tienen entre manos?.
El debate sobre la eficacia del servicio público no se puede ventilar con soluciones categóricas. Es menester analizar servicio a servicio, igual que en el caso de la empresa pública. Una vez realizado ese análisis, habrá que proceder con firmeza y convicción, a tomar las medidas necesarias para que los usuarios reciban servicios de calidad, para todos y a precios asequibles. Si para ello es necesario entregar la gestión al sector privado, quedando la titularidad en manos públicas, nada debiera de pasar. Porque, ¿no es lo más importante que el servicio, en condiciones de regularidad y continuidad, se preste a satisfacción de los usuarios?. ¿O es qué debemos seguir presos del dogmatismo y seguir padeciendo, cuándo ello ocurra, deficientes servicios públicos en régimen burocrático?.
Un país como España, con  el 50% de los jóvenes desempleados, no se puede permitir seguir contemplando la ineficacia existencial de un servicio público que no consigue resultados. ¿A qué esperamos, pues, para reformar este servicio?.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es