Una de las principales medicinas, quizás la más importante, para combatir la corrupción, cualquiera que sea su naturaleza,  es la transparencia y máxima publicidad de las actuaciones realizadas con cargo a los fondos públicos. Unos fondos que son del común y que, por tanto, deben administrarse desde esta perspectiva. No son, ni mucho menos, fondos de los que se pueda disponer libremente. Siempre y en todo caso ha de constar la causa de su uso y gestión porque es lo que procede en un Estado de Derecho.
Efectivamente, en el Estado de Derecho los dirigentes de la cosa pública y el resto de los miembros de los diferentes poderes del Estado, también por supuesto, los diputados y senadores,  deben justificar en todo momento las actuaciones que realizan con cargo a los fondos públicos.  Por eso, la polémica de estos días acerca de la necesidad o no de que los diputados y senadores justifiquen o no, por ejemplo, sus viajes, es un asunto bien sencillo y bien claro.
Tan sencillo y tan claro como que en un Estado de Derecho no puede haber decisiones o actuaciones injustificables o secretas como regla general. Es verdad, quien podrá dudarlo, que cuándo estamos en el mundo de la intimidad o de la seguridad pública es lógico que las cosas discurran por los derroteros de la discreción o de la reserva siempre que así se haga constar motivadamente. Ahora bien, lo lógico, natural, y que entiende todo el mundo, es que los diputados cuándo van a viajar justifiquen las razones del viaje. Algo bien sencillo pues con una simple declaración señalando que van a las sesiones del parlamento, a una reunión Interparlamentaria, a una reunión del grupo parlamentario, a pronunciar una conferencia sobre su actividad como diputado o senador, o cualquier otra razón asociada a su condición de representante de la soberanía popular, sería más que suficiente.
Que, además en estos momentos de crisis general, exista la percepción de que sus señorías no están dispuestos a señalar las causas de los viajes que realizan es lisa y llanamente inadmisible y da pábulo, una vez más, a esa vieja expresión de la casta que algunos usan en su propio beneficio.
El Estado de Derecho supuso, entre otras cosas, el tránsito de la subjetividad en el  ejercicio del poder a la objetividad. Ahora el poder se expresa en forma de procedimientos, normas y principios. Antes, la pura arbitrariedad, el capricho o las apetencias o deseos, a veces inconfesables, del dirigente, movían la toma de decisiones en los más variados ámbitos. Por eso, porque la ciudadanía empieza a darse cuenta de que los actuales dirigentes se alejan, cada vez más, de  las señas de identidad del sistema político que nos rige, es más importante cada día que cunda la ejemplaridad en los políticos. Una ejemplaridad bajo mínimos porque muchos de nuestros representantes siguen aislados de la realidad y actúan en consecuencia.
La transparencia no se consigue sin más por muchas leyes y normas que se aprueben. Es una característica de la democracia y del Estado de Derecho que debe brillar por su presencia todos los días en la conducta y actuación de quienes ejercen poderes públicos. Pensar, y actuar, como si sus señorías estén por encima del bien y del mal y sin exigencias y controles es algo de otro tiempo que conviene superar. ¿Verdad?.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.
@jrodriguezarana