De un tiempo a esta parte la palabra Erasmus tiene, en el ámbito universitario, un sentido especial. Responde a un programa de política educativa superior de la Unión Europea dirigido a facilitar a los estudiantes algún tramo de los estudios universitarios, seis meses de media, en una universidad de un país de la Unión distinto del propio. La experiencia, iniciada en 1987, se juzga en términos muy positivos pues permite conocer otras realidades europeas y puede ayudar a crear, o fortalecer, según los casos, la convicción de pertenencia a un espacio cultural común.
Todos los profesores, unos más que otros obviamente, estamos familiarizados con el programa  Erasmus. Tenemos, o hemos tenido, algunos estudiantes de diferentes países de la Unión que vienen a estudiar a nuestra Universidad en el marco de este programa europeo de intercambio estudiantil. Se calcula que desde 1987 hasta el curso 2009-2010 han participado en este programa 2.3 millones de estudiantes. Los países que más Erasmus han recibido son, por este orden: España,  Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. Las becas son modestas: 254 euros al mes. Son los alumnos de Humanidades y Arte los que más aprovechan estas becas, seguidos de los estudiantes de Ciencias Sociales, especialmente de Derecho  y Empresa.
Ahora, después de evaluar la eficacia y eficiencia del proyecto, también desde la perspectiva, como es lógico, de la integración europea, la Unión parecía dispuesta, no sólo a mantener el programa, sino a incrementarlo. En concreto, según ha anunciado la Comisión europea, se estima que el programa tendría un presupuesto, para el período 2014-2020, de 19.000 millones de euros. Es decir, los “Erasmus” estarían de enhorabuena porque el crecimiento sería espectacular, nada menos que del 85%. Un aumento que en época de crisis económica mostraba de verás el compromiso de la Unión Europea por facilitar el intercambio estudiantil en el espacio europeo de la educación superior. La realidad, sin embargo, es que estas previsiones del gobierno de la UE no han encontrado, por el momento, acomodo en los presupuestos comunitarios por lo que se ha solicitado a los Estados miembros 9.000 millones para que los Erasmus sigan su andadura. De lo contrario, se terminará una iniciativa que estaba dando grandes resultados en todos los sentidos.
En fin, esperemos que se imponga el sentido común y la educación no acabe siendo también en el ámbito de la UE siendo sacrificada en el altar de la crisis económica. Las noticias que llegan, sin embargo, del Parlamento Europeo, parece que son positivas. A ver si es verdad.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es