Era cuestión de tiempo. Tarde o temprano el rey de lo políticamente correcto, Barak Obama, el actual inquilino de la casa Blanca, saldría a la palestra para enviar un  mensaje a la opinión pública acerca de las incómodas acusaciones de espionaje a líderes  internacionales y del uso del programa de almacenamiento masivo de datos telefónicos de millones de ciudadanos por parte de las agencias oficiales del ramo en los EEUU.
Dos cuestiones muy pero que muy polémicas que probablemente han traspasado la raya del derecho a la intimidad de millones de personas. Un lacónico: Estados Unidos no puede pedir disculpas por ser eficaces resume ciertamente el sentido que algunos dan a la protección y promoción de los derechos y libertades de las personas.
La presión de diferentes jefes de Estado que fueron vigilados y espiados por los servicios de inteligencia de los EEUU y algunas resoluciones judiciales de magistrados norteamericanos  en relación con el almacenamiento masivo de datos personales fuerzan al presidente Obama a reaccionar. Una reacción esperada que sin embargo, a mi juicio, no ha sido todo lo contundente que requiere la situación, máxime cuando se trata de la invasión de la privacidad de tantas personas y de tantos dirigentes.
La tensión entre seguridad y libertad es una cuestión de siempre. Ahora sin embargo, adquiere mayor intensidad porque ciertamente los riesgos y amenazas para la seguridad perpetradas desde el terrorismo internacional, habida cuenta de lo que ha pasado, son más evidentes que en otros momentos de la historia. Sin embargo, que eso sea así, como lo es, no supone, sin más, que se autoricen gubernativamente, sin autorización judicial caso por caso, programas de invasión masiva de la intimidad y privacidad de millones de personas. Más bien, de lo que se trata es de que todas estas prácticas, cuándo sean necesarias porque existan real y razonablemente causas que lo justifiquen, sean autorizadas por un juez independiente, mejor aún, por  un colegio de jueces autónomos, que acrediten que para ese caso es menester la actuación de inteligencia.
Sabemos muy bien los que nos ocupamos del estudio del derecho administrativo que las intervenciones de ordenación o limitación de la esfera jurídica de los ciudadanos han de ser razonadas para casos concretos. Tolerar un poder de policía general y abstracto equivale a instaurar un Estado policía, un Estado en el que la intervención del poder público en la vida de las personas está a la orden del día justificado en que los ciudadanos necesitan ser protegidos por las Autoridades y éstas precisan de las técnicas y los medios adecuados para ello.
El Estado de Derecho exige que estas intervenciones sean razonadas y para casos concretos, autorizadas siempre por una autoridad independiente de la Administración de inteligencia. Por eso a mediados de diciembre un juez federal de los Estados Unidos falló en un auto contra el programa de almacenamiento masivo de datos de ciudadanos estadounidenses.
Estos días Obama ha reclamado al Congreso, seguramente a causa del deterioro progresivo de su imagen pública, una rápida reforma de este polémico programa de vigilancia telefónica en EEUU. En concreto, el presidente ha señalado que tras estudiar diferentes opciones acaba de decidir que el Estado no recolecte más, ni almacene estos datos al por mayor, de manera que los datos permanezcan en poder de los operadores telefónicos. Cuándo sea preciso intervenir llamadas el FBI en alianza con la NSA deberán justificar la petición de intervención que deberá ser autorizada específicamente. En casos de urgencia vinculados a la seguridad nacional, señala el mandatario norteamericano, se podrá actuar sin contar con autorización judicial. En este caso, por su excepcionalidad, la justificación de tal proceder deberás ser más y rigurosa pues todos sabemos lo que pasa cuándo se permiten excepciones a la regla.
Desde luego, proceder de esta manera, caso a caso, con autorizaciones judiciales específicas, es más incómodo para las Autoridades de inteligencia y de policía. Sin embargo, es lo que se merecen los ciudadanos. Unos ciudadanos que tenemos derechos y libertades, consecuencia de una dignidad indisponible e incomerciable que nos distingue como seres humanos. Unas libertades que las Autoridades, eso esperamos, deben proteger y promover, no lesionar y violar masivamente como parece que en este tiempo acontece.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es