El informe sobre la corrupción en Europa elaborado por la Comisión de la UE en marzo de 2014, a través de la comisaría de Justicia e Interior,  refleja que en España, como era de esperar, la corrupción se fragua en el proceloso mundo de la licitación pública, de la financiación de los partidos políticos y, sobre todo, en la gestión local y autonómica del urbanismo. No hay más que acercarse a la multitud de procesos penales y administrativos que sufren tantos y tantos cargos públicos para alcanzar esta evidente conclusión.
 
En este sentido, el informe de la UE de 2014  llama la atención sobre los 1.754 procesos judiciales relacionados con actos judiciales provocados por ilícitos urbanísticos.  Una materia en la que la arbitrariedad  ha irrumpido con especial virulencia a la busca y captura de toda suerte de recalificaciones, alteraciones o modificación de planes  urbanísticos con sus consiguientes pingues beneficios para promotores, empresarios y cargos políticos.
 
Años atrás, en 2007, un informe de Transparencia Internacional sobre corrupción ya alertaba sobre los problemas de una deficiente e impune gestión del urbanismo en la que ya aparecían involucrados, en determinados lugares del territorio nacional, alcaldes, concejales, constructores y promotores fundamentalmente. El crecimiento de la percepción de la corrupción suele ir acompañado también del aumento de la desconfianza de la población ante la actividad política y sus principales agentes: los políticos.
 
Ahora, mayo de 2015, la Unión Europea da a conocer una serie de Recomendaciones en relación con la reforma administrativa en curso en nuestro país y vuelve a recordar que no se han tomado medidas para reforzar los controles y las facultades de supervisión en materia urbanística.
 
Una de las razones por las que la corrupción urbanística se ha instalado entre nosotros se debe a la deficiente regulación existente en materia de financiación de partidos políticos. Otra, quizás las más frecuente y directamente relacionada con la financiación de las formaciones partidarias, reside en la facilidad con la que se es posible modificar planes urbanísticos, recalificar terrenos o modificar la calificación del uso del suelo. En estos casos, se debería limitar extraordinariamente tal posibilidad para evitar que se generen expectativas desproporcionadas en relación con el valor de los terrenos.
 
En fin, como dice el refrán: no hay mal que por bien no venga. Si la crisis económica actual mejora el ingenio para gastar mejor y para hacer más y mejor con menos, habremos dado un paso adelante fundamental. Un paso que debe ir acompañado de la implementación de sistemas de control que controlen. Por ahora tenemos muchos, demasiados procedimientos de control: parlamentarios, judiciales, administrativos. Pero en términos generales no sirven por la sencilla razón de que todos, casi todos, son diseñados desde el poder político. ¿Quién en su sano juicio puede pensar que si el controlado nombra al controldor el control va a funcionar?.
 
 
 
Jaime Rodríguez-Arana @jrodriguezarana