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Pandemia y Administración

Pandemia y Administración

La Administración pública en una sociedad moderna debe ser una organización profesional especializada en el servicio objetivo al interés general tal y como dispone el artículo 103 de nuestra Constitución. Es decir, su función y principal tarea reside en la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de las personas. Servir a la comunidad, a la sociedad, es estar a disposición de las necesidades e inquietudes sociales latentes en la realidad puesto que en un Estado social y democrático de Derecho, que es el que define nuestra Constitución en su artículo 1.1, el interés general ya no es un concepto que definen unilateralmente los Poderes públicos. Más bien como señala el Tribunal Constitucional en una sentencia de 7 de febrero de 1984 debe definirse a través de la colaboración y cooperación entre Administraciones públicas y agentes sociales.

En estos años, a pesar de los esfuerzos que se han realizado por adecuar la planta y la estructura de las Administraciones públicas a la realidad, lo cierto y verdad, durante la crisis de COVID-19 todos lo experimentamos, es que todavía disponemos de estructuras anquilosadas y, lo que es más grave, todavía habitan muchas inercias y resistencias a los cambios en la mente de no pocos dirigentes y altos administradores públicos.

En una sociedad democrática como la nuestra, los ciudadanos sabemos que las Administraciones públicas, los procedimientos y las estructuras públicas no son de propiedad de políticos y funcionarios, sino de todos y cada uno de los ciudadanos. Este aserto tan evidente, sin embargo, sigue muy presente en los hábitos y esquemas de funcionamiento de una Administración que teme a las transformaciones y que busca en ocasiones la conservación de la posición encaramándose a toda suerte de privilegios y prerrogativas.

La caracterización constitucional de la Administración como organización de servicio objetivo al interés general reclama un giro copernicano en las formas y actuaciones administrativas, que deben estar más pendientes de las necesidades generales de la población y del desarrollo social y económico del país que de otras consideraciones burocráticas o tecnoestructurales.

En el actual contexto de crisis sanitaria y económica derivada del brote de la pandemia de COVID-19, es menester reflexionar sobre medidas concretas que permitan a nuestro tejido productivo afrontar en las mejores condiciones de competitividad la salida de esta situación, para poder iniciar una recuperación económica; que potencie lo antes posible el crecimiento de la riqueza nacional y la recuperación del nivel de empleo.

A este respecto, el exceso de trabas burocráticas y cargas administrativas injustificadas, se han revelado como una amenaza para el desarrollo económico, al restar competitividad y agilidad a nuestras empresas en el mercado global. Si bien es verdad que en los últimos tiempos se han acometido algunas reformas administrativas, éstas todavía no han permitido que el aparato público se adapte a la cambiante realidad, máxime ante un caso, como el actual, de una pandemia que debió haberse previsto pues, en el tiempo en que estamos, cualquier Administración que se precie debería practicar una actividad administrativa de prevención y precaución eficaz y, junto a ello, fomentar y facilitar una simplificación administrativa dirigida facilitar el desarrollo económico y social.

Tenemos en este tiempo una magnífica oportunidad para una reforma en profundidad del funcionamiento de la Administración. En sus estructuras, funcionamiento y adecuación a los valores constitucionales.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

JRA

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