Libre participación

La participación, es gran directriz constitucional propia del Estado social y democrático de Derecho o es libre, o no es participación democrática. En efecto, en la libre participación encontramos un elemento central de la vida individual y social de los hombres y de las mujeres, un elemento que contribuye de forma inequívoca a definir el marco de las reformas a realizar desde la dimensión dinámica del Estado de bienestar, que lo que hacen, fundamentalmente, es poner en el foco de su atención a las mismas personas.

 

La participación, en efecto, supone el reconocimiento de la dimensión social de la persona, la constatación de que sus intereses, sus aspiraciones, sus preocupaciones, trascienden el ámbito individual o familiar y se extienden a toda la sociedad en su conjunto. Sólo un ser absolutamente deshumanizado sería capaz de buscar con absoluta exclusividad el interés individual. La universalidad de sentimientos tan básicos como la compasión, la rebelión ante la injusticia, o el carácter comunicativo de la alegría, por ejemplo, demuestran esta disposición del ser humano, derivada de su propia condición y constitución social.

 

Afirmar por tanto la participación como objetivo tiene la implicación de afirmar que el hombre, cada individuo, debe ser dueño de sí mismo, y no ver reducido el campo de su soberanía personal al ámbito de su intimidad. Una vida humana más rica, de mayor plenitud, exige de modo irrenunciable una participación real en todas las dimensiones de la vida social, también en la política.

 

Sin embargo, hay que resaltar que la vida humana, la de cada ser humano de carne y hueso, no se diluye en el todo social. Si resulta monstruoso un individuo movido por la absoluta exclusividad de sus intereses particulares, lo que resulta inimaginable e inconcebible es un individuo capaz de vivir exclusivamente en la esfera de lo colectivo, sin referencia alguna a su identidad personal, es decir, alienado, ajeno enteramente a su realidad individual.

 

Por este motivo la participación como un absoluto, tal como se pretende desde algunas concepciones organicistas de la sociedad, no es posible. De ahí que nos resulte preferible hablar de libre participación. Porque la referencia a la libertad, además de centrarnos de nuevo en la condición personal del individuo, nos remite a una condición irrenunciable de su participación, su carácter libre, pues sin libertad no hay participación.

 

La participación no es un suceso, ni un proceso mecánico, ni una fórmula para la organización de la vida social. La participación, aunque sea también todo eso, es más: significa la integración del individuo en la vida social, la dimensión activa de su presencia en la sociedad, la posibilidad de desarrollo de las dimensiones sociales del individuo, el protagonismo singularizado de todos los hombres y mujeres. Sin embargo, encontramos en nuestros sistemas con frecuencia aproximaciones taumatúrgicas a la participación. Es decir, se piensa, ingenuamente, por un lado, maquiavélicamente por el otro, que la participación existirá y se producirá en la realidad si es que las normas se refieren a ella. Sin embargo, a día de hoy se registra, es verdad, una proliferación de cantos normativos a la participación, que conviven, así es, con una profunda desafección y honda distancia de la ciudadanía respecto a la vida pública.

 

En efecto, aunque los factores socioeconómicos, por ejemplo, sean importantísimos para la cohesión social, ésta no se consigue solo con ellos, como puedan pensar los tecnócratas y algunos socialistas. Aunque los procedimientos electorales y consultivos sean llave para la vida democrática, ésta no tiene plenitud por el solo hecho de aplicarlos, como pueden pensar algunos liberales. La clave de la cohesión social, la clave de la vida democrática está en la participación de todos los ciudadanos en los asuntos públicos. Ni más ni menos.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana


Ética y política

La relación entre Ética y Política, entre la rectoría de los asuntos públicos y la dimensión moral, es un problema intelectual de primer orden, de gran calado, desde luego hoy presente en las grandes, y pequeñas, cuestiones que afectan a la vida de los seres humanos. Desde los inicios mismos del pensamiento filosófico y a lo largo de toda la historia en Occidente ha sido abordado por tratadistas de gran talla, desde las perspectivas más diversas y con conclusiones bien dispares. Y por mucho que se haya pretendido traducir algunas de ellas en formulaciones concretas, la experiencia histórica ha demostrado sobradamente que ninguna puede tomarse como una solución definitiva a tan difícil cuestión. En realidad, la democracia como forma de gobierno encierra en sí misma una fuerte componente ética pues consiste esencialmente en gobernar para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos a través de su participación real en los asuntos que vertebran el interés general en el marco del Estado de Derecho.

 

La dignidad de la persona y los derechos fundamentales ocupan en este tema una posición capital. Hasta el punto de que el ejercicio del poder público en la democracia debe ir orientado y dirigido a que las personas se puedan realizar libre y solidariamente de la mejor forma posible en la vida social. Sobre esta base, sobre el suelo firme de nuestra común concepción del ser humano (que se explicita de algún modo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948), es sobre lo que puede asentarse la construcción de nuestro edificio democrático.

 

El centro de la acción política es la persona. Ahora bien, la persona no puede ser entendida como un sujeto pasivo, inerme, puro receptor, destinatario inerte de las decisiones públicas. Definir a la persona como centro de la acción política significa no sólo, ni principalmente, calificarla como centro de atención, sino, sobre todo, considerarla el protagonista por excelencia de la vida pública.

 

No obstante, afirmar el protagonismo de la persona no quiere decir darle a cada individuo un papel absoluto, ni supone propugnar un desplazamiento del protagonismo ineludible y propio de los gestores democráticos de la cosa pública. Afirmar el protagonismo del individuo, de la persona, es poner el acento en su libertad, en su participación en los asuntos públicos, y en la solidaridad.

 

En el orden político se ha entendido en muchas ocasiones la libertad como libertad formal. Siendo así que sin libertades formales difícilmente podemos imaginar una sociedad libre y justa, también es verdad que es perfectamente imaginable una sociedad formalmente libre, pero sometida de hecho al dictado de los poderosos, vestidos con los ropajes más variopintos del folklore político.

 

Las sociedades realmente libres son las sociedades de personas libres. El fundamento de una sociedad libre no se encuentra, única y exclusivamente, en los principios constituyentes, formales, sobre los que se asienta su estructuración política. El fundamento de una sociedad libre está en los hombres y en las mujeres libres, con aptitud real de decisión política, que son capaces de llenar cotidianamente de contenidos de libertad la vida pública de una sociedad. Pero la libertad, en este sentido, no es un estatus, una condición lograda o establecida, sino que es una conquista moral que debe actualizarse constantemente, cotidianamente, en el esfuerzo personal de cada uno para el ejercicio de su libertad, en medio de sus propias circunstancias.

 

Afirmar que la libertad de los ciudadanos es el objetivo primero de la acción política significa, en primer lugar, perfeccionar, mejorar, los mecanismos constitucionales, políticos y jurídicos que definen el Estado de Derecho como marco de libertades. Pero, en segundo lugar, y de modo más importante aún, significa crear las condiciones para que cada hombre y cada mujer encuentre a su alrededor el campo efectivo, la cancha, en la que jugar, libre y solidariamente su papel activo, en el que desarrollar su opción personal, en la que realizar creativamente su aportación al desarrollo de la sociedad en la que está integrado. Creadas esas condiciones, el ejercicio real de la libertad depende inmediata y únicamente de los propios ciudadanos, de cada ciudadano. Probablemente por este camino deben discurrir algunas de las más relevantes manifestaciones de regeneración democrática que requiere nuestro sistema político. Sin embargo, seguimos enzarzados en cuestiones de poder, de estructuras, de unilateralidad y, así, el camino hacia la plena realización de la dignidad de cada ciudadano encuentra no pocos obstáculos, no pocas dificultades en quienes debieran regir los asuntos del común para proteger, defender y promover las libertades y los derechos humanos.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana


Los Entes públicos territoriales

Hoy, las modernas tendencias de las ciencias sociales nos advierten, a pesar de lo que constatamos en la real realidad, acerca de la superación del pensamiento único, que tanto ha influido en el modo de acercarse al estudio de tantos conceptos e instituciones. Aplicándolo al tema de los gobiernos locales y autonómicos, podríamos señalar que los Entes territoriales locales se definen por contraposición con los autonómicos en tanto que la autonomía local supone un espacio de minusvaloración del sistema autonómico. En consecuencia, nos hallamos con que la necesaria revitalización de la dimensión local será abortada a partir del pensamiento único que pretende erigir a los Entes autonómicos como únicos depositarios de la autonomía real del pueblo que habita la Comunidad Autónoma, considerando a las Corporaciones locales prácticamente como instituciones enemigas en tanto que compiten en la gestión de servicios públicos en territorios más o menos coincidentes. Es decir, la autonomía local introduce un elemento de diferenciación que sería casi incompatible con la homogeneidad autonómica.

Nuestra Constitución ayuda a entender la funcionalidad y alcance de los Entes territoriales, la dimensión abierta, plural, dinámica y complementaria que rezuma su contenido. Porque, ¿cuál es el legado constitucional? Un amplio espacio de consenso, de superación de posiciones encontradas, de búsqueda de soluciones, de tolerancia, que, hoy como ayer, siguen fundamentando nuestra convivencia democrática.

Este espíritu de diálogo aparece cuando se piensa en los problemas de la gente, cuando detrás de las decisiones a adoptarse aparecen las necesidades y las aspiraciones legítimas de los ciudadanos. Sólo entonces se dan las condiciones que hicieron posible la Carta Magna: la mentalidad dialogante, el pensamiento reflexivo, la búsqueda continua de puntos de confluencia y la capacidad de conciliar y de escuchar a los demás; y, lo más importante, la disposición para empezar a trabajar juntos por la justicia, la libertad y la seguridad desde un marco de respeto.

Hoy, sin embargo, es evidente que el panorama social y político se ha alejado de aquel ambiente de concordia que hizo posible la Constitución de 1978. Por eso es preciso recuperar ese espíritu de acuerdo, asumiendo la necesidad de pensar menos en el poder y más en el bienestar de la gente. Así será más fácil hallar el necesario ambiente de equilibrio entre los Poderes territoriales desde el que, en el marco del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario, se podrá servir con mayor objetividad al interés general y, por ende, a todos los ciudadanos. Algo, en estos tiempos inciertos, indispensable para el progreso social.

Jaime Rodriguez-Arana

@jrodriguezarana


Personas y estructuras

PERSONAS Y ESTRUCTURAS

 

Primero, las personas, después, las estructuras. Las condiciones de vida de las personas, de los ciudadanos, de la población, deben ocupar siempre un lugar central en el proceso de la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado. En una época de crisis, con mayor razón. Por eso, las medidas relativas a los impuestos, a las tasas, a las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones públicas, cuantía de las pensiones, salario mínimo interprofesional, etc, deben ser muy ponderadas. No tendría ningún sentido, se mire como se mire, desde un lado o desde el otro, que cuándo se adoptan medidas que suponen un evidente sacrificio para la mayoría social, sus frutos se dediquen a mantener toda una estructura pública en muchos casos innecesaria, en muchos casos poblada de legiones de afines o adeptos a tal o cual causa política.

 

En efecto. El ajuste fundamental debe partir de una reforma profunda y de calado de las Administraciones públicas y de las numerosas instituciones sociales, partidos, patronales y sindicatos, que se nutren de los fondos de todos, cuándo podrían mantenerse, así ocurre en no pocos países, a partir de las cuotas que pagan los interesados en el funcionamiento de estas instituciones

 

En este sentido, tras un análisis riguroso podrían volver al sector privado muchas empresas y sociedades públicas mal administradas, se podría proceder a no pocas desinversiones y entradas de capital privado en sociedades y empresas públicas que año a año no hacen más que aumentar el déficit público. Se habla, en este supuesto, de que la iniciativa privada se comprometa en aquellas empresas en públicas que por su posición estratégica deben tener presencia pública.

 

El pueblo, escandalizado por la cotidiana corrupción, se aleja de la política y de los políticos. Reclama ejemplaridad a los dirigentes políticos y financieros y recibe, un día sí y otro también, noticias e informaciones, a todos los niveles, y en todas las latitudes, de manejos de fondos públicos fraudulentos, de estafas y robos. Todo lo que estamos conociendo en este tiempo en relación con la corrupción política y financiera, aconseja que se tomen medidas drásticas que eviten la reiteración de conductas inapropiadas. Por eso, si la población percibe que se eliminan privilegios, que los sueldos se racionalizan y que, quien la hace la paga, seguramente las encuestas acerca de la imagen de las instituciones públicas y financieras, y de sus dirigentes, empiecen a cambiar de tendencia.

 

A día de hoy los españoles saben muy bien por qué algunas de sus instituciones son las peores valoradas y las más desprestigiadas. En buena medida, que las cosas estén como están, aunque ciertamente haya no pocos dirigentes que efectivamente se dedican ejemplarmente al servicio público, se debe al afán de dominio, en el ámbito público, y también en el privado, que acompaña la vida y las actuaciones de quienes están a la cabeza. En lugar de gobernar pensando de verdad en las personas, se “gobierna” buscando mantener la posición, conservar el poder excluyendo al adversario y beneficiando a los afines. A estos menesteres se entregan tantos dirigentes concentrando buena parte del tiempo que debería emplearse en atender adecuadamente las necesidades colectivas de las personas.

 

Es necesario superar esa fatal obsesión por querer seguir controlando hasta el último recodo de la vida social que caracteriza la vida y obra de los manipuladores sociales que están al frente en muchas instituciones. Esta perspectiva de la intervención pública, sin embargo, caducó hace ya mucho tiempo. Ahora es menester analizar una a una las estructuras públicas y mantener las que son necesarias por argumentadas razones de interés general. Las estructuras están para atender las necesidades colectivas de las personas no al revés. Primero, los ajustes en las estructuras, después en las personas. Por una razón tan sencilla como que las estructuras surgen, y se justifican, para la vida digna de los ciudadanos. ¿O no?

 

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana


Principios del orden jurídico administrativo global

Las exigencias de transparencia, racionalidad, motivación, objetividad, responsabilidad, participación, pluralismo… que debe caracterizar a la acción de la Administración global se deducen del derecho del ciudadano, por ser el dueño de las instituciones públicas, a una buena administración y a un buen gobierno de los asuntos públicos.

 

Por ejemplo, el principio de participación en el orden procesal, el derecho de audiencia, es hoy uno de los principios más relevantes de este emergente Derecho Administrativo Global. Puede parecer algo obvio, pero algunas resoluciones del órgano de apelación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) entiende que los Estados miembros deben respetarlo. Otros ejemplos los encontramos en el derecho de las personas a ser oídas en el código anti-doping del Comité Olímpico Internacional, la participación de las ONGs en el proceso de toma de decisiones del Codex Alimentarius, la posibilidad de participación o de audiencia en redes globales híbridas que se ocupan de la certificación sustentable en materia silvicultura, el acceso público a la información sobre las disposiciones medioambientales de la Convención de Aarhus.

 

El principio de racionalidad, corolario también del derecho a la buena administración global, es un principio que ha pasado de la dimensión interna a la global. Sin embargo, en materia de regulación global todavía hay un largo camino por recorrer, aunque algunas organizaciones globales, como el Comité de Basilea o la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial poco a poco van caminando en esta dirección.

 

Otro principio es el de revisión de las acciones de orden global administrativo ante un órgano judicial independiente. La revisión es, pues, una exigencia de la buena administración. Por eso, el Tribunal de Estrasburgo, en virtud de los artículos 6 y 13 de la Convención, se ha reconocido el derecho de que las decisiones de los organismos intergubernamentales puedan ser revisadas, el órgano de apelación de la OMC igualmente lo sancionó, como el Tribunal de Arbitraje para el deporte. En este punto también nos encontramos con sombras en lo que se refiere al contenido de este derecho de revisión como nos demuestran los problemas existentes para la revisión de algunas sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o en las dificultades para superar la perspectiva interna o doméstica de la revisión (ACNUR).

 

Cuando los derechos fundamentales de la persona adquieren a nivel global el lugar que le corresponde, entonces se comprende mejor que el Derecho Administrativo Global incorpore en su seno un repertorio de patrones o estándares sustanciales para la acción administrativa que expresan los valores del Estado de Derecho. Desde esta perspectiva se comprende bien la importancia que tiene para el Derecho Administrativo Global la incorporación a su acervo de principios, por ejemplo, el principio de proporcionalidad, que ocupa un lugar central, como se sabe, en la propia jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo al aplicar la convención en determinados casos. La proporcionalidad también aparece, como es lógico, en las resoluciones de algunos órganos administrativos globales como la federación Internacional de Deportes cuando ha de sancionar algunas conductas en materia, por ejemplo, de “dopping”. Cuánto se precisa de la proporcionalidad en la interpretación jurídica y, por su puesto, en otras dimensiones de la vida humana.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana


Democracia, relativismo y pluralismo

Democracia y relativismo, Democracia y pluralismo, son binomios importantes para desentrañar la crisis en que se encuentra hoy este sistema político. Es muy conocida la tesis que plantea que es imposible la verdad absoluta y de que todo es provisional y temporal, porque afirmar una verdad como algo completo y total es una manifestación de intolerancia cuando no de fanatismo o de fundamentalismo.  Pues bien, tras esta consideración, justificándola, se encuentra el relativismo, el tan traído y llevado relativismo, que tan bien cae en la época presente, que tantos amigos tiene y que, sin embargo, si no me equivoco, está en la misma base de la crisis actual.

 

Relativismo que, según la misma lógica, no podría ser absoluta, como en realidad sostienen sus defensores. En efecto, como señaló Ortega y Gasset, el relativismo es una teoría suicida porque cuando se aplica a sí misma, se mata. Lo cierto, por sorprendente, es que el relativismo se aplica selectivamente. En este sentido, pocos tolerarían que el pensamiento relativista se extendiera a la ciencia experimental o a ciertas normas imprescindibles de justicia y civilidad.

 

Tras el relativismo, el permisivismo: el «todo vale», «prohibido prohibir». Pero, ¿ todo vale ?, ¿ no se puede prohibir nada ?. ¿ Es posible seriamente este    planteamiento ? Parece obvio que el relativismo tiene evidentes límites como los tiene la tolerancia. En la práctica hay límites, hay prohibiciones: en Alemania se prohíben los actos públicos de grupos neonazis, por ejemplo, y nadie sensato puede pensar que se trate de un acto irresponsable. En fin, el propio  Isaias Berlin aceptaba sin problemas que el relativismo no puede ser absoluto y que, en virtud del relativismo no se pueden justificar todas las posturas, incluso las que suponen en si mismas atentados evidentes a los derechos humanos como la actitud de Hitler frente a los judíos. Por eso, no todo es relativo. No lo puede ser, es imposible. De ahí que el propio Berlin llegase a afirmar que no conocía ninguna cultura que carezca de las nociones de lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso pues, aunque no nos gusten, existen valores universales. Es decir, existe la verdad objetivamente considerada como existen unos criterios racionales y universales que permiten juzgar los actos humanos. El propio autor de «El nombre de la Rosa» no hace mucho reconocía que para ser tolerante hay que fijar los límites de lo intolerante. Si solo vivimos en un mundo de preferencias o buenos sentimientos, y no de verdades, ¿en qué podemos basarnos para afirmar que hay opiniones que todos han de reconocer como intolerables, con independencia de la diversidad de culturas o creencias?.

 

En este marco, el famoso sociólogo francés recientemente fallecido Alain Touraine escribió en  «Crítica de la Modernidad», que la revolución de los sesenta del siglo pasado fracasó porque, ¿ cómo es posible decir que todo vale, que prohibido prohibir, o que hago con mi cuerpo lo que quiero, si vivimos en un mundo en el que hay prohibiciones efectivas ?. Es el fracaso de la «Modernidad» pues como escribe Sabreli, si vale todo, vale la razón del tirano, la del torturador, o la del extorsionador o la del corrupto, algo ciertamente inaceptable.

 

Los llamados supervivientes del colapso marxista  no cejan de criticar ese relativismo ambiental sin darse cuenta de que el relativismo tan condenado por estos pensadores procede del racionalismo, viene de la mano del fracaso de la modernidad racionalista en su mismo horizonte materialista. Es la consecuencia de abandonar al ser humano únicamente a la razón, a esa razón carente y contraria a los valores, a esa razón totalitaria que alumbró esos terribles monstruos que sembraron de cadavares en solar europeo no hace tanto tiempo.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana


Sobre la técnica normativa

La técnica normativa no es una ciencia social que opera sobre el vacío. El solar sobre la que asienta su operatividad es, ciertamente la Constitución. Por supuesto. Pero la Constitución, a su vez, suele ser la expresión de una determinada tradición y cultura jurídica. En el caso de nuestro país no podemos desconocer en este sentido el derecho romano, el derecho germánico y el derecho francés, sin olvidar, claro está, los principios propios del derecho español que en materia de derecho público son de tanta relevancia. Pues bien, en este acervo de normas y principios que conforman la tradición y la cultura jurídica española se encuentran lógicamente la seguridad y la certeza jurídica como expresiones de la necesidad de que el Ordenamiento jurídico sea la manifestación de ese dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, que es la esencia del Derecho. Si en el proceso de elaboración de las normas la idea de Derecho se deja arrumbar por la racionalidad técnica, la razón de Estado o la pura voluntad de poder, entonces la técnica normativa no sería más que un instrumento más del uso alternativo del Derecho en el que últimamente se está convirtiendo nuestro sistema normativo.

 

La seguridad y la certeza jurídica nos conducen a la postulación de unas necesarias condiciones de inteligibilidad, de conocimiento y entendimiento de las normas que, a su vez, nos plantean que las normas han de ser claras en la semántica y en el estilo de redacción, además de transparentes. El lenguaje normativo no puede ser contrario al lenguaje común. El lenguaje común juridificado mucho tiene que ver con el entendimiento general de las normas, algo que la técnica normativa no puede olvidar porque si las normas no las entienden ni siquiera a quien van dirigidas entonces bien se puede decir que no tienen sentido alguno.

 

La técnica normativa, tal y como hemos comentado anteriormente, también trata de la integración de las normas en un Ordenamiento jurídico unitario, abierto y continuo. Unitario porque el Ordenamiento jurídico consiste un único sistema, con subsistemas, pero un sistema con reglas y principios en los que existen diferentes partes y componentes que se insertan armónicamente de acuerdo con las más elementales exigencias de la lógica y la racionalidad. Es abierto porque continuamente unas normas salen y otras entran, unas son reformadas y otras son derogadas. Y finalmente es continuo porque existe un principio de conservación del Ordenamiento que postula la existencia de un continuo de reglas y principales que son precisamente la expresión del derecho como camino hacia la justicia.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana


Los principios generales del Derecho

El Tribunal Supremo sentenció hace años, 18 de febrero de 1992, que los principios generales del Derecho, esencia del Ordenamiento jurídico, son la atmósfera en que se desarrolla la vida jurídica, el oxígeno que respiran las normas, lo que explica que tales principios informen las normas- art. 1.4 del Código Civil- y que la Administración esté sometida no sólo a la ley sino también al Derecho –art. 103 de la Constitución-.

A poco que se examine la doctrina que se contiene en esta magnífica sentencia, se comprenderá el alcance y significado de los principios generales como exponentes del solar jurídico, de la atmósfera que ha de presidir el entero sistema normativo. Los principios generales del Derecho son, por tanto, los elementos basilares del Ordenamiento,  las columnas vertebrales que sostienen y dan vida a las normas jurídicas. En palabras de la sentencia del Tribunal Supremo citada, son el oxígeno que envuelve a las normas, la atmósfera que permite la pervivencia de las normas. Si se desconocen o si se eliminan es como si las normas perdieran la capacidad de respirar y, por ello, de tener existencia. Por eso, los principios generales, desde esta perspectiva de elementos informadores y de criterios esenciales, han de ser tenidos muy en cuenta no sólo por el intérprete de la norma, sino también por quien la elabora.

En efecto, la forma de las normas debe estar iluminada, guiada, por estos principios para que en ella se realicen, como debe ser, los valores del Estado de Derecho. A través de la forma deben explicitarse estos principios que son los que aseguran que la norma se oriente, especialmente en su dimensión formal, a los valores estructurales del Estado de Derecho.

Es verdad que muchos principios han venido al mundo jurídico como consecuencia del trabajo de la doctrina y de la jurisprudencia. En otros casos, además, aparecen, como no puede ser menos, reflejados en las normas. Pero lo más importante es que existen por si mismos porque son la proyección en la realidad jurídica de la esencial idea de justicia que trasciende al Ordenamiento y le da sentido. Desde este punto de vista, los principios son previos al Ordenamiento. Podría decirse que son su fundamento y que el Ordenamiento se justifica en la medida en que dichos principios inspiran y presiden el sistema normativo.

Esta idea, realmente gráfica y estimulante, de que los principios son la atmósfera y el oxígeno de las normas pienso que explica hasta qué punto el olvido de los principios generales precipita la degradación del Derecho a que lleva por ejemplo el planteamiento hiperformalista o de formalismo exacerbado hoy tan presente a causa del entendimiento de la norma en clave de fuerza, de poder, de dominación. En efecto, hoy en día, frente al intento, sistemático y pertinaz, de convertir el Derecho Administrativo en un mero apéndice del poder, sea político o sea económico o financiero, los principios generales se levantan como valladar inexpugnable que permite evitar esta terrible operación. Antes bien, el Derecho Administrativo del Estado de Derecho debe mucho a los principios generales. Tanto que, si no fuera por ellos, probablemente la lucha contra las inmunidades del poder hubiera sido desigual y con un claro ganador.

Precisamos que los principios de seguridad jurídica, prohibición de la arbitrariedad, buena fe, proporcionalidad, confianza legítima y tantos otros que responden a la idea de justicia brillen con luz propia en el panorama normativo. Un panorama que hoy, en tiempos de crisis, permanece a oscuras dominado por el uso alternativo del Derecho, por el totalitarismo jurídico y por el desprecio a las reglas de la buena regulación.

Hoy, de nuevo, los principios generales constituyen el gran dique de contención que impedirá, esperemos, que el autoritarismo del presente y el asedio continuo al Estado de Derecho de las actuales tecnoestructuras salgan vencedores. Ojalá que así sea.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana


Bauman y la realidad

Zygmunt Bauman, uno de los sociólogos más relevantes de este tiempo falleció no hace mucho en Leeds, en cuya universidad se refugió en la década de los setenta del siglo pasado huyendo del antisemitismo. De nacionalidad polaca, este notable intelectual pasara a la historia del pensamiento por su agudeza y claridad en la descripción de la realidad. Una realidad que denominó “líquida” para reflejar el primado de lo fluido, de lo efímero, de lo relativo frente a lo sólido, lo permanente y lo absoluto.

 

En este  ambiente en el que incluso el ser humano es considerado un objeto de usar y tirar, se alumbra un individualismo insolidario de cuño consumista que produce más marginación, más pobreza y más exclusión. Y, por contraste, los poderes económicos, esas tecnoestructuras que ponen y quitan gobiernos, y que en ocasiones se saltan a la torera las normas en nombre de la globalización, asumen una posición de dominio en el sistema.

 

Ni siquiera las redes sociales, que encierran endiabladas trampas, son capaces, dice Bauman, de encubrir la realidad. En opinión de este célebre sociólogo polaco, estas redes son controladas, incluso de forma castrense, accediendo o saliendo siempre que sus dirigentes lo autoricen. En un mundo de emergencia, de prisa, de vértigo, dice Bauman, las relaciones virtuales superan lo real. Aunque es el mundo offline el que impulsa a los jóvenes a estar en constante movimiento, tales presiones serían inútiles sin la capacidad electrónica de multiplicar los encuentros interpersonales, lo que les confiere un carácter fugaz, desechable y superficial.

 

Este individualismo insolidario es calificado por Bauman como rampante porque cada persona se evade de los lazos comunitarios e ingresa a un mundo de fragmentación en el que el trabajo, el ocio, la familia, las relaciones sociales  son realidades aisladas, líquidas, en las que todo está en constante transformación.

 

Así las cosas, la virtud del pensamiento de Bauman es que nos permite tomar conciencia de lo que nos pasa y, desde ahí, poder recuperar las señas de identidad de nuestra civilización y sus valores fundamentales. Las personas no son objetos de usar y tirar, sino seres humanos a proteger y defender, especialmente quienes se encuentran en situación de debilidad: los marginados, los pobres y los refugiados. Por eso hace falta poner a la dignidad humana en el centro de la construcción de la cultura y la civilización que se alumbrará en no mucho tiempo. ¿Seremos capaces?.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana


Homenaje Doctor honoris causa en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho de Costa Rica

Episodio de pódcast
Homenaje Doctor honoris causa en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho de Costa Rica.

Descripción del episodio

El Dr. Jaime Rodríguez-Arana, Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Doctor honoris causa en Ciencias Jurídicas por la Universidad Hispanoamericana de Nicaragua, Doctor honoris causa en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho de Costa Rica, Doctor honoris causa en Ciencias Jurídicas por la Universidad Santo Tomás de oriente y del Mediodía de Nicaragua, Doctor honoris causa por el Colegio de Especializaciones Jurídicas de Monterrey, entre muchos otros puestos que ocupa, nos habla un poco de su carrera por el mundo del Derecho.