JRA

La relación entre Etica, Moral y Derecho es un tema de gran e indudable interés académico que afecta y mucho a las relaciones entre forma y materia, entre forma y valores en el Derecho, cuestión que, como sabemos, incide de manera sobresaliente sobre la realidad. Mucho se ha debatido sobre este tema y no es del caso intentar siquiera una breve exposición esquemática de las distintas opiniones y tesis manifestadas a lo largo del tiempo. En ese sentido, hay que tener presente que que por encima y por debajo de la Norma de las Normas existen principios, parámetros generales que como precipitados de la cultura jurídica universal del Estado moderno constituyen señales indelebles de la aspiración a la justicia que ha de caracterizar el funcionamiento y la actuación de todos los poderes públicos sin excepción. Entre ellos, los derechos fundamentales de la persona ocupan un lugar bien destacado.

Los valores superiores del Ordenamiento jurídico discurren por la senda de lo que podríamos denominar Ética jurídica, de forma y manera que el solar ético es bien importante en materia de Derecho Administrativo, no sólo porque obviamente el ejercicio del poder público haya de conducirse por estos derroteros, sino porque la permanencia de los valores superiores es la garantía de que el Ordenamiento jurídico en su conjunto se inspire en los que hemos llamado principios generales fundamentales.

En efecto, el Tribunal Supremo en una sentencia de 1982 señala que las invocaciones a la Ética y a la Moral son merecedoras del máximo respeto “puesto que nunca es más noble la función de los Tribunales que cuándo ésta se desarrolla aplicando el derecho sobre bases éticas, ya que existe una Ética jurídica, que no es, ni más ni menos, que una sublimación del Derecho”. El Tribunal Supremo, además, entiende que la Ética no es fuente del Derecho, sino un “simple estímulo vigorizante de la aplicación de éste”.

El Tribunal Supremo entiende, pues, que el Derecho ha de moverse sobre un suelo sólido y firme, que no es otro que el de la Ética, Ética jurídica que, en la materia que nos ocupa en el día de hoy, se encuentra representada por los principios generales del Derecho de carácter fundamental en que se concretan los valores superiores del Ordenamiento jurídico. La mayor parte, como hemos indicado, están recogidos en la Constitución y responden al nombre de valores superiores del Ordenamiento jurídico. Además, la Ética, que no es fuente del Derecho, es elemento vigorizador, vivificador, robustecedor del Derecho. Los principios generales del Derecho, por tanto, son la atmósfera que preside la vida de las normas, el oxígeno que respiran, el solar por el que se mueven y un estímulo que las vigoriza y las fortalece en todo momento. Si renunciamos, pues, a los principios generales del Derecho condenamos a las normas a su degradación y perversión, algo que hoy está bastante de actualidad al haber vencido una idea utilitaria, de uso alternativo, que pone al servicio del poder las normas y los principios y no al revés.

Hoy lamentablemente, el formalismo reinante busca, con ocasión y sin ella, doblegar los principios en función de lo útil o conveniente a la tecnoestructura. Pero no lo conseguirá.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

El derecho fundamental de todo ciudadano europeo recogido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000 fue formulado para salir al paso de la denominada, por el Defensor del Pueblo Europeo, mala administración pública. Mala administración que venía caracterizando desde hace unos años a numerosas Administraciones y Gobiernos del área europea.

En efecto, la conformación como derecho fundamental de la buena administración pública es una relevante manera de subrayar el papel central del ciudadano en todo lo referente al manejo y conducción de los asuntos relativos al interés general. Tal derecho es configurado por la Carta Europea en atención a la equidad, a la imparcialidad a la responsabilidad,  a la transparencia y al plazo razonable en la resolución de los expedientes. Por tanto, la administración parcial, inequitativa, opaca, irresponsable  y lenta es, a tenor de lo consignado en este precepto de la Carta, mala administración.

En este sentido es lógico que la negligencia en el manejo de los fondos públicos tenga efectos más allá de la responsabilidad política. Que el reproche sea penal o administrativo dependerá seguramente de la relevancia y magnitud del ilícito cometido. Estas conductas no deben quedar impunes y los gestores públicos deben poder realizar su tarea con diligencia, conscientes de que los fondos públicos son de todos los ciudadanos, no recursos económicos sin dueño o, lo que sería peor, al servicio del gobierno de turno.

La mala administración, hoy en  el candelero por la alucinante carrera de negligencia e irresponsabilidad acontecida en los últimos tiempos, afecta también a la equidad y a la imparcialidad que deben presidir la actuación de los poderes públicos, sobre todo, de quienes los dirigen en cada momento. La equidad es una propiedad del buen gobierno, de la buena administración, que supone implantar cánones de exigente justicia en la toma de decisiones. Por ejemplo, cargar el peso de la crisis económica sobre los más débiles y los más pobres es una política pública inequitativa. En punto a la imparcialidad, es menester establecer reglas que impidan los conflictos de interés por pequeños que sean.

Por lo que se refiere a la transparencia y al acceso a la información de interés general es menester exigir estos estándares a todas aquellas instituciones que manejen fondos del común, incluidos sindicatos, partidos y patronales, así como concesionarios y ONG  que reciban por algún concepto recursos públicos. Mientras se tolere o permita la opacidad, la oscuridad, la sombra o la ambigüedad en estas cuestiones, la calidad de la vida democrática seguirá siendo la que todos conocemos.

Ahora bien, si en la cultura política y en la educación cívica cunde la idea de que la rendición de cuentas y la transparencia no son sólo obligaciones de los dirigentes, sino derechos de los ciudadanos, el cambio habrá comenzado. Si, como hasta hora, estas materias son planteadas desde el vértice, con las excepciones  concedidas a la tecnoestructura, continuaremos por la senda de siempre. Si, por el contrario, se aspira a subrayar la centralidad del ser humano y se difunde sin miedo que el ciudadano es el verdadero señor y soberano en la democracia, muchas cosas tendrían que empezar a ser planteadas desde estos postulados. Este es el cambio que precisamos. La indignación general ante tanto desmán y ante tanta negligencia reclama un cambio cultural en el que realmente quede claro que el dueño y señor del poder es el pueblo, y los políticos administradores de lo que es de todos. Así, seguramente, como se dice coloquialmente, otro gallo cantaría.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Las manifiestas injusticias de la distribución global de la riqueza que nos acercan con evidencia cotidiana ante los terribles dramas del tercer mundo. En buena parte, esta situación, hay que reconocerlo, se ha establecido sobre una explotación colonial inmisericorde, que en muchos aspectos hoy se perpetúa. El grave problema ecológico que amenaza a la humanidad entera precisamente por el afán desmedido de bienestar material por parte de los países más desarrollados, los mismos países europeos, entre ellos.

Al tiempo que los procesos de información han ido por delante en la globalización de los modos de vida, si se puede escribir así, tomando conciencia de la complejidad de los problemas, se van haciendo patentes los peligros de una sociedad mediática universal, en el que la información se revela cada vez con mayor nitidez como un arma de poder, que puede afectar gravemente a la misma entraña de la vida democrática. La globalización de la economía se concreta en la aparición de gigantes económicos, las empresas multinacionales, que ejercen un papel cada vez más decisivo en la marcha de muchos países y regiones económicas.

Por otra parte, el progreso económico innegable ha ido acompañado de un proceso universal de afianzamiento de las estructuras democráticas, pero al mismo tiempo se viene produciendo una creciente insatisfacción por algunas faltas de autenticidad del sistema democrático en la vida interna de los Estados y sobre todo en las estructuras supranacionales, a cuyo déficit democrático constantemente se alude. La crisis económica y financiera larvada en 2007 y cuyos efectos seguimos sufriendo ponen ante nuestros ojos una realidad de empeoramiento de las condiciones de vida de millones de europeos que ha propiciado una creciente indignación y un peligroso fenómeno de distanciamiento de los ciudadanos en relación con los políticos y también, por qué no reconocerlo, con el proyecto europeo, que se ha tornado, más en un fenómeno mercantilista que en una unión cultural y política efectiva.

Sobre estas realidades de la modernidad podemos encontrarnos formulaciones intelectuales decadentes como el dulce escepticismo propiciado por los postestructuralistas o el pensamiento débil, pero asistimos también a ciertos resurgimientos más o menos marginales según los países–aunque preocupantes- de las ideologías en sus manifestaciones extremas de socialismo, de fascismo o de liberalismo. Sin embargo, parece que el sentir mayoritario, más allá de los nuevos movimientos de reacción frente a la indignación reinante, se dirige a la afirmación y consolidación de espacios de moderación y de equilibrio. Se trata de un espacios de esperanza y de confianza en los hombres, en nuestra capacidad para resolver los propios problemas; de madurez, superada la ingenuidad de suponer que la ideología correcta aseguraba un comportamiento correcto; de moderación, huyendo de soluciones preconcebidas, producto de una visión dogmática de la sociedad y de la historia; de equilibrio, sabiendo que las soluciones políticas, si quieren ser eficaces han de mirar al conjunto de la sociedad y no a un solo sector, por muy numeroso que éste sea.

La realidad, empero, demuestra que a pesar de que las mayorías prefieren los gobiernos moderados que solo piensen en cómo mejorar las condiciones de vida de las personas, las ideologías cerradas hacen caja, y de qué manera, inoculando resentimiento y odio a millones de personas en toda Europa que, ante el desencanto de las actuales políticas, compran populismo al precio que sea. De un lado, y del otro.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La política debe ser entendida como el trabajo al servicio objetivo del interés general, al servicio de los derechos de los ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos. Por eso, podemos convenir en que existe una dimensión ética fundamental, cada vez más relevante a causa de su escasa visibilidad en este tiempo, en la propia actividad política que interesa rescatar. Desde luego, el gobierno de los sabios o la consideración de la acción del gobierno como una suerte de elucubración teórica de intelectuales nada tienen que ver con la médula de un trabajo, el político que, en mi opinión, se justifica en la medida en que los derechos de los ciudadanos, especialmente de aquellos excluidos o abandonados a su suerte, brillen con luz propia.

Por tanto, la actividad política es una actividad que requiere principios éticos que garantizan que el poder no sea un fin en si mismo sino un instrumento al servicio de la colectividad, de la comunidad, a los ciudadanos. En este ambiente de servicio objetivo al interés general se puede comprender mejor que, en efecto, el centro de la acción política no está ni en los partidos, ni en sus dirigentes, ni en las estructuras públicas ni en el personal al servicio de las Administraciones públicas, sino en las personas, en la dignidad de la persona y en sus derechos inalienables. Especialmente, de aquellos que no tienen valedores, de los desfavorecidos y de los abandonados.

Es más, la dignidad del ser humano es una propiedad inherente a la persona de tal relieve y calibre ético que bien puede decirse que la misma política democrática tiene una obvia vinculación con la defensa, protección y promoción de los derechos fundamentales, individuales y sociales, del ser humano.

Desde esta perspectiva, la persona debe dejar de ser entendida como un sujeto inerte al que los políticos, y la política, dan cuerda para que se mueva como si de una marioneta se tratara. La persona no es un sujeto pasivo, inerme, receptor, destinatario contemplativo de las llamadas políticas públicas. Si pensamos que la persona está en el centro de la actividad política es menester reconocer, y propiciar, que, de verdad, la persona sea el protagonista por excelencia del espacio general. Algo todavía lejano debido a esa obsesión de la tecnoestructura por controlarlo todo, importando poco, o muy poco, la dignidad de quienes más sufren, de quienes no tienen ni voz ni capacidad de valerse por sí mismos.

¿Qué quiere decir afirmar el protagonismo de la persona en la actividad política?. Sencillamente, que la libertad solidaria de la persona, su participación en los asuntos públicos y su compromiso con la solidaridad, constituyen tres vectores centrales de la política moderna.

La centralidad de la persona requiere de medidas que fomenten las libertades solidarias, de compromisos con las necesidades reales de la gente. Estamos a tiempo, todavía, de pensar en soluciones abiertas y plurales que regeneren el ambiente político. Para ello, es menester que los líderes hablen más entre ellos de los problemas de todos. Y, sobre todo, que se demuestre con hechos y de verdad, que la política resuelve problemas reales, especialmente de los que menos tienen, de los excluidos, de los abandonados, de aquellos abandonados a su propia suerte. Si la política no es capaz de atender como se merecen estas personas, tenemos que buscar nuevas políticas que de verdad se centren sobre la forma de mejorar las condiciones de vida de las personas. Nada menos.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Todas las personas disponemos, por el hecho de serlo, de una serie de derechos innatos a nuestra condición que son inviolables y que son la expresión misma de la dignidad que caracteriza indeleblemente a todo ser humano independiente de su posición social, estudios, raza, color, creencias…Así lo reconocen las primeras Convenciones de Derechos a nivel mundial y así se recoge hoy en las Constituciones democráticas de todo el mundo.

En efecto, la dignidad humana es de tal calibre y relieve, no sólo ético, sino jurídico, que se yergue y se levanta omnipotente, todopoderosa y soberana frente a cualquier embate del poder, cualquiera que sea su naturaleza, por laminarla o, lo que es peor, por ignorarla. En este sentido, el ejercicio del poder, sea legislativo, ejecutivo o judicial, sea financiero, político, editorial o académico, de cualquier naturaleza, debe realizarse, en un Estado social y democrático de Derecho con el fin de la realización de la dignidad humana y de los derechos fundamentales de ella derivados.

En el ámbito judicial, en el marco del proceso, sea penal, administrativo, social, mercantil o del orden que sea, existen una serie de garantías de las que dispone cualquier persona acusada. En efecto, todo ser humano tiene un derecho humano, un derecho fundamental a un debido proceso, a un proceso en el que se respeten los principios y garantías de naturaleza procesal reconocidos en el conjunto de las Constituciones del Estado social y democrático de Derecho. A saber: imparcialidad del juez, publicidad del proceso, posibilidad de asistencia de abogado, prohibición de dilaciones indebidas y utilización de los medios de prueba pertinentes, entre otras.

El derecho al debido proceso incluye el derecho de presunción de inocencia, el derecho a reaccionar frente a medidas desproporcionadas o arbitrarias que se puedan cometer por las autoridades judiciales durante la instrucción, el derecho a ser tratado de acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación y, sobre todo, el derecho a una sentencia dictada por un órgano judicial imparcial e independiente que esté adecuadamente motivada.

Así es, en el proceso penal las decisiones jurisdiccionales, tanto de los jueces como de los fiscales a través de sus correspondientes informes, deben estar conveniente y justificadamente argumentadas en todos y cada uno de las fases de la instrucción y, por supuesto, en la resolución final que se adopte. Sin motivación no hay más que arbitrariedad pues como sentenció atinadamente John Locke hace ya mucho tiempo, la arbitrariedad es la ausencia de racionalidad, lo que constituye uno de los más graves atentado al Estado de Derecho. El Estado de Derecho fracasa cuando impera la irracionalidad y el poder, también el judicial, por consiguiente, se ejerce de forma arbitraria y desproporcionada.

Un proceso largo, injustificadamente largo, con dilaciones indebidas, es un proceso indigno de la condición humana y debe ser anulado por lesión de una de las principales garantías del derecho al debido proceso. El tiempo razonable del proceso, como es sabido, ha sido una causa constante en la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos para declararlos incompatibles con el derecho al debido proceso.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

La referencia ética, la dimensión moral, especialmente en tiempo de crisis general como el que vivimos, aparece ante nosotros con gran fuerza. Frente a la amarga realidad que nos rodea, frente a lo observamos en la cotidianeidad, que seguramente provoca el rechazo y la censura de todos, está lo que debe ser. Así es, lo que debe ser de acuerdo con los postulados de la recta razón nos interpela seriamente para reflexionar acerca de lo que está mal en el sistema político, económico y social de este tiempo. En efecto, hay comportamientos y conductas, no pocas, que se separan del ideal de vida que nos transmite la referencia ética como, por ejemplo, conflictos de interés, estafas, fraudes, cohechos, prevaricaciones…en el ámbito público. Y también en el ámbito privado, especialmente en el de las instituciones económicas y financieras, observamos comportamientos inapropiados e inadecuados. Comportamientos, en todo caso, de personas constituidas, tanto en el sector privado como en el público, en autoridades, en dirigentes de los que se espera ejemplaridad y buena administración. Comportamientos de personas que estando en los entresijos del poder, público o privado, renuncian a la ejemplaridad que les es exigible para aprovecharse, cuanto más mejor, de la posición que ocupan.

En efecto, estas personas, por su posición a la cabeza del organigrama, deben realizar su tarea con un plus de ejemplaridad en el desempeño de sus quehaceres directivos. Sin embargo, en no pocos casos defraudan, y de qué manera, la confianza en ellas depositada.

En nuestro tiempo nadie duda de que la referencia ética es una señal configuradora de un planteamiento más global. Se trata, no de una mera especulación o de una erudición academicista. La referencia ética es la clave para orientar los comportamientos de las personas hacia los criterios de la recta razón. Además, debe ser una Ética para la vida, para la práctica, lo cual no es asunto menor.

Es cierto, estos tiempos del siglo XXI reflejan un evidente déficit ético en el manejo de instituciones públicas y privadas.  Se han sucedido, a ritmo vertiginoso, toda una serie de cambios y transformaciones que han sumido también a los intelectuales y a los pensadores en una profunda incertidumbre. Efectivamente, la sociedad del conocimiento y de la información, la caída del marxismo, los problemas del hambre, la conformación estática del Estado de bienestar, la crisis de la regulación pública especialmente en el ámbito financiero, el consumismo insolidario o la versión más salvaje del capitalismo, han dibujado un nuevo panorama que sólo puede entenderse con una perspectiva global y con una metodología de interdependencia en la que perspectiva ética es cada vez más relevante.

En este contexto, frente a los ídolos caídos ha surgido la Ética como una posible solución. Sií, es verdad. Pero en mi opinión, esa Ética de la que todos hablamos, exige que la nueva sociedad mundial que estamos alumbrando sea una sociedad a escala humana en la que prevalezcan la libertad, la igualdad y la solidaridad. Realmente es bien importante que los Poderes públicos sean más sensibles ante los derechos humanos y, por ello, que asuman una referencia ética en su actividad. Sin embargo, como nos recuerda Adela Cortina, los dirigentes públicos no son agentes de moralización en una sociedad pluralista como tampoco es el Estado el guardián de la Ética. Sin embargo, es necesario es que políticos y funcionarios tengan, como regla, un comportamiento profesional y personal íntegro e irreprochable por razón de ser los representantes de los ciudadanos en el primer supuesto y, en el segundo, los encargados de ejecutar la Ley.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

Las sociedades realmente libres son las sociedades de personas libres. El fundamento de una sociedad libre no se encuentra en los principios constituyentes, formales, sobre los que se asienta su estructuración política. El fundamento de una sociedad libre está en los hombres y en las mujeres libres, con aptitud real de decisión política, que son capaces de llenar cotidianamente de contenidos de libertad la vida pública de una sociedad. Pero la libertad, en este sentido, no es un estatus, una condición lograda o establecida, sino que es una conquista moral que debe actualizarse constantemente, cotidianamente, en el esfuerzo personal de cada uno para el ejercicio de su libertad, en medio de sus propias circunstancias.

Las libertades públicas formales son un test negativo sobre la libre constitución de la sociedad. No podrá haber libertad real sin libertades formales. Pero la piedra de toque de una sociedad libre está en la capacidad real de elección de sus ciudadanos.

Afirmar que la libertad de los ciudadanos es el objetivo primero de la acción política significa, pues, en primer lugar, perfeccionar, mejorar, los mecanismos constitucionales, políticos y jurídicos que definen el estado de derecho como marco de libertades. Pero, de modo más importante aún, significa crear las condiciones para que cada hombre y cada mujer encuentre a su alrededor el campo efectivo, la cancha, en la que jugar, libremente su papel activo, en el que desarrollar su opción personal, en la que realizar creativamente su aportación al desarrollo de la sociedad en la que está integrado. Creadas esas condiciones, el ejercicio real de la libertad depende inmediata y únicamente de los propios ciudadanos, de cada ciudadano.

Hoy, sin embargo, el poder público, temeroso de las posibilidades que encierra una sociedad de personas libres y responsables, prefiere ahormar la sociedad, controlarla, adormecerla, evitando que la libertad sea es esa enseña desde la que el pueblo reclame, exija, controle y limite el poder.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

TECNOLOGIA Y ESTADO DE DERECHO

El poderío de la tecnoestructura en el ámbito político-administrativo es hoy formidable. Los expertos en el manejo del interés general estático y artificial, que se expresa exclusivamente a través de la tecnología, despreciando incluso la presencialidad y el trato personal entre administradores y ciudadanos, han conseguido, gracias a su obsesión por el mando y la conservación del status quo, manejar los procedimientos administrativos de tal modo que han hecho imprescindibles, aliándose en cada momento con el poder establecido.

El poder público es, en una acepción clásica, plenamente actual y vigente, el medio que tiene el Estado, los Poderes públicos, para hacer presente el bien de todos. Por tanto, en sí mismo, tiene una clara dimensión relacional y se fundamenta en su función de hacer posibles los presupuestos para el pleno desarrollo. Libre y solidario, del ser humano. Es decir, el poder público se justifica en función de hacer posibles los fines existenciales del hombre, y la tecnología, en este ámbito debe estar inmersa en esta finalidad. Para eso surge y para eso tiene pleno sentido.

En este sentido, la tecnología en el Estado de Derecho debe ser correa de transmisión de los derechos fundamentales de la persona, individuales y sociales. La tecnología está, por ello, así con todas las letras, al servicio de la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de la persona, sean individuales, sean sociales. Junto a la juridicidad y a la separación de los poderes, el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, individuales y sociales, es uno de los fundamentos y principales características del Estado de Derecho y hoy las nuevas tecnologías deben ser medios e instrumentos adecuados para la efectiva realización de los derechos humanos.

DIGNIDAD HUMANA

La dignidad del hombre, de la persona, es el canon supremo de interpretación jurídica en un Estado de Derecho y la finalidad a que debe sujetarse la tecnología. Ese individuo -cada varón, cada mujer, en cualquier etapa de su desarrollo- es el portador de la dignidad entera de la humanidad. En efecto, en el ser humano concreto, en su dignidad, en su ser personal, encontramos la condición de absoluto, o de referente de cuanto hay, acontece y se produce en el universo.

El hombre y los derechos del ser humano, que se hacen reales en cada hombre, en cada mujer, son la clave del marco que queremos construir. Sin embargo, a causa del funcionalismo y la dominación de la tecnología la realidad que estamos alumbrando discurre por los cauces de lo formal, lo tecnológico-procedimental, sin vida, sin alma, y ahí están las consecuencias, a la vista de todos. La dignidad personal del hombre, del ser humano, el respeto que se le debe y las exigencias de desarrollo que conlleva constituyen la piedra angular de toda construcción civil y política y el referente seguro e ineludible de todo empeño de progreso humano y social. Algo que se olvida por momentos y bien que lo sufrimos.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana