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Emergencia sanitaria y Estado policía

Emergencia sanitaria y Estado policía

El dilema entre libertad y seguridad,  entre seguridad y libertad, está a la orden del día. Sobre todo cuándo lamentablemente se maneja un Estado de alarma como si fuera un Estado de excepción. En nuestro país, durante el Estado de alerta, un Estado de policía de manual, el Gobierno suspendió de hecho derechos fundamentales, controló nuestras comunicaciones y, lo que es más grave, sembró un poderoso manto de temor y amedrentamiento que poco a poco fue minando el temple cívico de la población. Todo por la contención de un virus que causó graves estragos en la vida de miles de españoles.

 

Sin embargo, en estas situaciones de excepcionalidad el Estado de Derecho no está en cuarentena. Todo lo contrario, debe estar más vivo que nunca. En efecto, el control judicial debiera funcionar con normalidad, la separación de poderes cuidada, protegidos y defendidos los derechos fundamentales de las personas. En su lugar, lo que nos encontramos, a cusa de la escasa sensibilidad democrática de quienes nos malgobernaron en ese tiempo, más preocupados de la propaganda y del control social que de la calidad del Estado de Derecho,  fue un espacio de intervención general que permitió, como en los tiempos de la dictadura, apagar cualquier asomo grave, a veces leve, de disidencia o de pensamiento crítico.

 

En este contexto, de confinamiento gubernamental de la población y de cerco policial en nuestras ciudades, se prorrogan los estados de emergencia y se dictan normas de excepción dando poderes ilimitados al poder ejecutivo y a los cuerpos y fuerzas de seguridad que, muchas veces, carecen de instrucciones concretas acerca de como actuar en un Estado democrático que debe proteger los derechos y libertades de las personas.

 

La emergencia sanitaria por el virus aconseja, es verdad, que la denominada actividad de orden público cobre mayor intensidad. Pero eso, que es una exigencia para que las personas podamos ejercer en paz nuestras libertades no puede justificar, de ninguna manera, que cada vez la intimidad de las personas esté cada vez más inerme,  puesto que aun en estos casos, las intervenciones policiales deben estar amparadas en razones concretas, específicas, vinculadas, única y exclusivamente, a la emergencia sanitaria.

 

En efecto, las continuas y permanentes apelaciones a la seguridad y a la eficacia para la contención de la pandemia, desembocaron en un fuerte dispositivo burocrático a partir del cual se limitaron y restringieron, a veces injustificadamente, las libertades humanas. Claro que la denominada actividad administrativa de policía puede ser, en determinados momentos, más necesaria. Pero incluso en tales ocasiones, que precisamos de una eficaz acción de combate a la pandemia,  la actividad de gestión del orden público no puede dejar desprotegida la intimidad o la libertad de las personas. El dilema seguridad-libertad, hoy por ejemplo bien presente,  no puede solucionarse  con recortes generalizados y masivos de las libertades, sino con intervenciones puntuales en los derechos de las personas, justificados y basados en argumentaciones racionales vinculadas al interés general. Intervenciones que cuándo cesan las causas que las motivaron, han de desaparecer sin más.

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En efecto, la actividad de policía, la denominada actividad administrativa de limitación,  en un Estado de Derecho no puede operar, no debe, con medidas en blanco. En un Estado de Derecho, incluso cuando es menester una intensa acción de policía,  las técnicas de restricción o de limitación de las libertades deben estar amparadas en el Derecho y, sobre todo, operar en el mundo de lo concreto.  Por eso quienes conocen bien la actividad de limitación que realizan las Administraciones públicas en la esfera jurídica de los particulares, saben que solo son admisibles intervenciones concretas y siempre justificadas. Si quien pretende intervenir las comunicaciones de una persona por razones de urgencia es una Autoridad pública, sabe que después, siempre y en todo caso, un juez o Autoridad independiente revisará las razones de la urgencia o emergencia, es probable que se actúe con sentido de la proporción. Si, por el contrario, la interpretación de la urgencia o de la emergencia queda a su libre albedrío o al del superior jerárquico sin más, entonces de nuevo estaremos, o volveremos, al  Estado policía.

 

El problema está en adoptar con inteligencia y sentido de la proporción medidas de seguridad que no debiliten la posición central del ciudadano. Es difícil ciertamente. Pero hoy es exigible que la libertad no se subordine a la seguridad o a la eficacia pues entonces estaremos perfectamente instalados en un Estado policial en el que el comercio y distribución clandestina de datos personales, por ejemplo,  puede dar lugar a un orwelliano mundo de manipulación y control social de dimensiones incalculables.

 

Es compatible una intensa y extensa acción policial, como la que hoy esperamos de los cuerpos y fuerzas de seguridad, con una intensa y extensa garantía de los derechos y libertades ciudadanas. Es compatible y exigible pues en un Estado de Derecho digno de tal nombre no caben intervenciones justificadas en una cláusula general de interés general. Salvo que estemos en el autoritarismo, por estos lares ya en estado puro.

 

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana

JRA

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