La licuación del Estado de Derecho
Acabo de leer un sugerente artículo del profesor German Teruel estos días en el blog Hay Derecho sobre el pensamiento líquido y su proyección, en tiempos de pandemia, al Estado de Derecho. Su conclusión, bien clara: se está licuando el Estado de Derecho. Así es, la proyección del pensamiento líquido que explicó Bauman hace tiempo ha penetrado con fuerza en la Democracia y en el Estado de Derecho hasta terminar por licuar, liquidar, los fundamentos de un modelo político basado en la limitación del poder y en la participación ciudadana -Democracia- y en la juridicidad, separación de los poderes y reconocimiento de los derechos fundamentales –Estado de Derecho-.
Como es sabido, Zygmunt Bauman, fue un famoso sociólogo polaco de origen judío fallecido en enero de 2017 en Leeds, ciudad en la que se estableció en 1972 para enseñar en su Universidad tras ser declarado persona non grata por el régimen comunista polaco en 1968. Mundialmente se le conoce como el intelectual que puso en circulación en 1999 la idea de la modernidad líquida, esa característica de la organización social en la que todo es pasajero, inaprehensible, en continua y constante transformación. Hoy, su pensamiento está de gran actualidad a causa de esta pandemia que tan fuerte nos golpea desde tantos ángulos, desde tantos puntos de vista, no sólo, aunque sea el más importante, el sanitario.
Zygmunt Bauman era, es, porque sus ideas siguen presentes, un pensador, un intelectual de los que prácticamente ya no quedan. Se compartirán o no sus tesis, pero en el tiempo en que vivimos, especialmente ahora en plena pandemia por el COVID-19, sus reflexiones resuenan con fuerza en un mundo dominado por lo que llamaba el “precariado”, una forma de referirse a la forma de vida a que son sometidos millones de seres humanos en la época de la globalización, hoy multiplicados por los efectos laborales de la pandemia. En efecto, en lo que el denominaba “vulnerabilidad mutuamente asegurada” se encierra uno de los grandes males de este tiempo: la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Hoy, en tiempos del coronavirus, no tenemos más opción que superar esta insensibilidad y ser solidarios con tantos millones de personas que en el marco de esta crisis van a engrosar multitudinarias listas de ciudadanos necesitados de protección social.
El pensamiento líquido, según Bauman, parte de un a priori: todo está en cambio, no hay nada seguro, lo sólido no existe. Es, qué duda cabe, una buena descripción de una realidad que esperemos se transforme tras la pandemia. En estos días los valores humanos han vuelto al lugar que les corresponde, la solidaridad ha hecho acto de presencia con intensidad, la dignidad del ser humano está recobrando su posición central en las convicciones de tantas personas de bien. Sin embargo, es verdad que, en sentido contrario, se ciernen graves peligros sobre todos nosotros en forma de autoritarismos que aspiran a controlar la vida de las personas, restringiendo o eliminando muchas de las libertades que tanto esfuerzo nos ha costado recuperar. Hasta ochenta y tres países, según un reciente informe de Human Rights Watch lesionan las libertades en este tiempo de excepcionalidad sin aparente resistencia.
Aplicado este pensamiento sobre la democracia comprobamos como la limitación del poder es atacada por el poder mismo, sea público o privado y, por otra parte, la participación social empieza a ser trasunto de la colosal operación de manipulación iniciada décadas atrás. Además, el control deja de ser independiente, pues se transforma en sumisión y obsecuencia ante el sujeto pasivo del control, los derechos fundamentales de la persona se conceden a quienes se alinean con el sistema y la separación de poderes se convierte en una fenomenal terminal de expresión de un poder único que se impone a diario.
La superación del pensamiento líquido y el regreso al pensamiento humano depende de la naturaleza de nuestro compromiso con la libertad y el Estado de Derecho, de si seremos valientes para comprometernos con el pensamiento abierto, libre y crítico o si preferiremos, por cómodo y confortable, el silencio o la condescendencia en que llevamos instalados ya mucho tiempo. He aquí el dilema.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Arendt y la mentira en política
La editorial Página indómita acaba de publicar un nuevo libro de Hannah Arendt, Verdad y mentira en política, en el que se recogen dos breves trabajos de la famosa filósofa judía. El primero, Verdad y política, escrito en los años sesenta del siglo pasado, trae causa de la polémica en torno a Eichmann en Jerusalén. El segundo, La mentira en política, a raíz de los llamados Papeles del Pentágono de principios de los setenta, también del siglo pasado.
En este contexto, Arendt llama la atención acerca de una realidad indudable: la mentira no es solo patrimonio de las dictaduras. También en los regímenes democráticos se nos presenta como un factor bien destructor, con capacidad de influir poderosamente en la opinión de los ciudadanos, impotentes ante la potencia de esta colosal operación de transformacion de la realidad al servicio de lo conveniente, de lo eficaz.
Arendt siempre censuro la tendencia tecnocrática del poder político así como el dominio de la acción política a través del marketing. Hoy, como se aprecia cotidianamente, tanto la dimensión tecnocrática del poder como, por otro lado, la conversión en espectáculo de la política, campa a sus anchas por una razón que Arendt ya entreveía en su tiempo.
Efectivamente, si el ciudadano y las asociaciones comunitarias que surgen de la vitalidad social no son el centro del espacio público, éste es dominado, como ahora acontece, por la ideología y la propaganda. Si a eso añadimos la alianza estratégica orquestada por los poderes mediáticos, los poderes financieros y los poderes políticos, entonces nos encontramos con lo que Fukuyama denomina privatización del espacio público. En materia de redes sociales lo estamos comprobando en tiempo real.
Pues bien, en este escenario la mentira, el engaño, el cálculo, se adueñan del ejercicio de la política, que se acaba convirtiendo, en una actividad desvinculada del interés general y asociada, a veces hasta groseramente, con la dictadura de lo conveniente, que tiñe de corrupción todo lo que toca.
En este contexto, denunciado por Arendt décadas atrás, se crea el caldo de cultivo para la emergencia del populismo y la demagogia que, jaleados por esa visión marketiniana, de espectáculo político, conduce al esperpento que contemplamos. Una situación que reclama el protagonismo ciudadano y la consiguiente liberación del espacio público de lo eficaz, de lo útil, de lo conveniente para la tecnoestructura.
La filósofa judía es un ejemplo de rebeldía inteligente frente a la imposición del pensamiento único y de lo políticamente correcto, venga de donde venga. Hoy, personalidades como las de Arendt están de gran actualidad , pues precisamos librar ese combate, hoy en primer plano a causa de la deriva totalitaria que cabalga a lomos de la pandemia, por la libertad y la verdad en el que ella brilló con gran sentido de la coherencia.
En fin, la lectura de nuevo de Arendt en este tiempo constituye una bocanada de aire fresco en un mundo en el que la dictadura de lo tecnoestructural y la conversión de lo político en puro divertimento y entretenimiento, en un ejercicio de manipulación y control social, confirman el peligro de la banalización de una actividad orientada y dirigida, nada menos, que a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos en un ambiente de centralidad de la dignidad del ser humano. Hoy, en tiempos de pandemia, urgente y necesaria. Ojala tuviéramos más Arendts entre nosotros que nos animarán a esa rebeldía cívica tan necesaria hoy, tiempo en el que precisamos sacudirnos el yugo de una tiranía cada vez más explícita.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Pandemia y simplificación administrativa
La Administración pública en una sociedad moderna debe ser una organización profesional especializada en el servicio objetivo al interés general. Es decir, su función y principal tarea reside en la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de las personas. Servir a la comunidad, a la sociedad, es estar a disposición de las necesidades e inquietudes sociales latentes en la realidad puesto que en un Estado social y democrático de Derecho, que es el que define nuestra Constitución en su artículo 1.1, el interés general, que ya no es un concepto que definen unilateralmente los Poderes públicos, si, más bien, que se objeto de articulación, como dice el Tribunal Constitucional en una sentencia de 7 de febrero de 1984, a través de la intercomunicación entre Administraciones públicas y agentes sociales.
En estos años, a pesar de los esfuerzos que se han realizado por adecuar la planta y la estructura de las Administraciones públicas a la realidad, lo cierto y verdad, durante la crisis del COVID-19 todos lo experimentamos, es que todavía disponemos de estructuras anquilosadas y, lo que es más grave, todavía habitan muchas inercias y resistencias a los cambios en la mente de no pocos dirigentes y altos administradores públicos.
En una sociedad democrática como la nuestra, los ciudadanos sabemos que las Administraciones públicas, los procedimientos y las estructuras públicas no son de propiedad de políticos y funcionarios sino de todos y cada uno de los ciudadanos. Este aserto tan evidente, sin embargo, sigue muy presente en los hábitos y esquemas de funcionamiento de una Administración que teme a las transformaciones y que busca en tantas ocasiones la conservación de la posición encaramándose a toda suerte de privilegios y prerrogativas.
La caracterización constitucional de la Administración como organización de servicio objetivo al interés general reclama un giro copernicano en las formas y actuaciones administrativas, que deben estar más pendientes de las necesidades generales de la población y del desarrollo social y económico del país que de otras consideraciones burocráticas o tecnoestructurales
La reforma administrativa durante largo tiempo se centró en la búsqueda de aparatos públicos más sencillos, más eficaces, que cuesten menos y que piensen más en los ciudadanos. En España, sin embargo, el modelo de Estado ha dado lugar a una estructuración administrativa muy compleja en la que se encuentran duplicidades y solapamientos administrativos que impiden una acción administrativa ágil y eficaz.
Por eso, es menester analizar competencia a competencia para determinar su mejor ubicación, dentro del marco constitucional. Hay que simplificar las estructuras eliminando muchas innecesarias por duplicadas. Hay que mejorar el reparto de funciones entre los distintos niveles de gobierno. Igualmente, es menester preservar la transparencia, la seguridad jurídica, la austeridad y, sobre todo, la sensibilidad en relación con los desafíos sociales y económicos de nuestro país.
Una de los objetivos de los proyectos de reforma y modernización administrativa de los últimos años reside en la reducción de cargas administrativas y de trámites innecesarios. La realidad, empero, es que todavía, a pesar de los esfuerzos realizados en estas manifestaciones de simplificación administrativa, los procedimientos lejos de facilitarse se complican cada vez más. Por eso, es necesario hacer efectivo con todas sus consecuencias el derecho de los ciudadanos a que no se nos pida documentación que ya obra en la Administración, sea esta general, autonómica o local. La interoperabilidad y la sincronización de los registros de las diferentes Administraciones podría suponer un gran avance en esta materia.
Es decir, precisamos más simplificación, más sencillez, más accesibilidad. Sobre todo, necesitamos Administraciones públicas que, en lugar de parapetarse en el privilegio y en la prerrogativa del poder público, atiendan con mayor sensibilidad las demandas sociales que promuevan el interés general.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodríguezarana
Sobre ética y política, de nuevo
La relación entre Ética y Política, entre la rectoría de los asuntos públicos y la dimensión moral, es un problema intelectual de primer orden, de gran calado. Desde los inicios mismos del pensamiento filosófico y a lo largo de toda la historia en Occidente ha sido abordado por tratadistas de gran talla, desde las perspectivas más diversas y con conclusiones bien dispares. Y por mucho que se haya pretendido traducir algunas de ellas en formulaciones concretas, la experiencia histórica ha demostrado sobradamente que ninguna puede tomarse como una solución definitiva a tan difícil cuestión. En realidad, la democracia como forma de gobierno encierra en sí misma una fuerte componente ética pues consiste esencialmente en gobernar para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos a través de su participación real en los asuntos que vertebran el interés general.
La dignidad de la persona y sus derechos fundamentales ocupan en este tema una posición capital. Hasta el punto de que el ejercicio del poder público en la democracia debe ir orientado y dirigido a que las personas se puedan realizar libre y solidariamente de la mejor forma posible en la vida social. Sobre esta base, sobre el suelo firme de nuestra común concepción del hombre, que se explicita de algún modo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, es el solar sobre el que debiera asentarse la construcción de nuestro edificio democrático.
Hoy, en plena pandemia, la verdad es que la dimensión ética de actividad política, como demuestran los sondeos y encuestas en todos los países, parece que se ha olvidado y que cuestiones tan relevantes para la calidad ética del Estado de Derecho como la transparencia o el ejercicio de las libertades se consideran extravagancias, objetos decorativos o, en todo caso, resabios burgueses. Así las cosas, urge un renacimiento de lo ético si es que no queremos caer presos, de una u otra manera por la actual deriva totalitaria con sus purgas ideológicas en todo el mundo.
Por eso, conviene recordar, que el centro de la acción política es la persona. Ahora bien, la persona no puede ser entendida como un sujeto pasivo, inerme, puro receptor, destinatario inerte de las decisiones públicas. Definir a la persona como centro de la acción política significa no sólo, ni principalmente, calificarla como centro de atención, sino, sobre todo, considerarla el protagonista por excelencia de la vida pública.
No obstante, afirmar el protagonismo de la persona no quiere decir darle a cada individuo un papel absoluto, ni supone propugnar un desplazamiento del protagonismo ineludible y propio de los gestores democráticos de la cosa pública. Afirmar el protagonismo del individuo, de la persona, es poner el acento en su libertad, en su participación en los asuntos públicos, y en la solidaridad.
En el orden político se ha entendido en muchas ocasiones la libertad como libertad formal. Siendo así que sin libertades formales difícilmente podemos imaginar una sociedad libre y justa, también es verdad que es perfectamente imaginable una sociedad formalmente libre, pero sometida de hecho al dictado de los poderosos, vestidos con los ropajes más variopintos del folklore político.
Las sociedades realmente libres son las sociedades de personas libres. El fundamento de una sociedad libre no se encuentra en los principios constituyentes, formales, sobre los que se asienta su estructuración política. El fundamento de una sociedad libre está en los hombres y en las mujeres libres, con aptitud real de decisión política, que son capaces de llenar cotidianamente de contenidos de libertad la vida pública de una sociedad. Pero la libertad, en este sentido, no es un estatus, una condición lograda o establecida, sino que es una conquista moral que debe actualizarse constantemente, cotidianamente, en el esfuerzo personal de cada uno para el ejercicio de su libertad, en medio de sus propias circunstancias.
Afirmar que la libertad de los ciudadanos es el objetivo primero de la acción política significa, en primer lugar, perfeccionar, mejorar, los mecanismos constitucionales, políticos y jurídicos que definen el Estado de Derecho como marco de libertades. Pero en segundo lugar, y de modo más importante aún, significa crear las condiciones para que cada hombre y cada mujer encuentre a su alrededor el campo efectivo, la cancha, en la que jugar, libre y solidariamente su papel activo, en el que desarrollar su opción personal, en la que realizar creativamente su aportación al desarrollo de la sociedad en la que está integrado. Creadas esas condiciones, el ejercicio real de la libertad depende inmediata y únicamente de los propios ciudadanos, de cada ciudadano. Pienso que por este camino deben discurrir algunas de las más relevantes manifestaciones de regeneración democrática que requiere nuestro sistema político.
La política democrática es una tarea ética en cuanto se propone que el hombre, la persona, erija su propio desarrollo personal en la finalidad de su existencia, libremente, porque la libertad es la atmósfera de la vida moral. Que libremente busque sus fines, lo que no significa que gratuita o arbitrariamente los invente, libremente se comprometa en el desarrollo de la sociedad, libremente asuma su solidaridad con sus conciudadanos, sus vecinos.
El solar sobre el que es posible construir la sociedad democrática es el de la realidad del ser humano, una realidad no acabada, ni plenamente conocida, por cuanto es personalmente biográfica, y socialmente histórica, pero incoada y atisbada como una realidad entretejida de libertad y solidaridad, y destinada por tanto, desde esa plataforma sustantiva, a protagonizar su existencia.
La política democrática no puede reducirse, pues, a la simple articulación de procedimientos, con ser éste uno de sus aspectos más fundamentales; la política democrática debe partir de la afirmación radical de la preeminencia de la persona, y de sus derechos, a la que los poderes públicos, despejada toda tentación de despotismo o de autoritarismo, deben subordinarse. Justo lo contrario de lo que acontece en la actualidad en tantas latitudes. O nos sacudimos el yugo del nuevo totalitarismo, o luchamos en serio por nuestras libertades o en no mucho tiempo bien que lo lamentaremos.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Cualidades democráticas
Años atrás, en pleno debate sobre la democracia y sus principios, Alain Minc llamó la atención sobre un fenómeno sobre el que vale la pena pensar: la vitalidad en el ejercicio de las cualidades democráticas por parte de los ciudadanos en nuestro tiempo. Un asunto de gran actualidad dado el apogeo de la polarización social y política que preconizan los populismos, sean del signo que sean. Estos días, sin ir más lejos, hemos visto sus consecuencias en la toma del Capitolio por una banda de fanáticos.
Desde luego, la existencia de cualidades y hábitos democráticos en los ciudadanos es un tema de interés que refleja realmente la temperatura ética y el temple moral que se respira en el seno de las organizaciones e instituciones del presente y también en la vida social.
Afortunadamente, la democracia, como sentenció Ortega, es el tipo superior de vida en común. Y, como diría Friedrich, la democracia es un talante que expresa preocupación real por las personas y por sus derechos fundamentales. La democracia se desarrolla en entornos abiertos, hace posible que las personas sean el centro de la realidad, proporciona estilos de pensamiento compatible y complementarios. La democracia es incompatible con el pensamiento único y con esa filosofía del ordeno y mando que todavía subsiste en quienes tienen miedo a la libertad y a la sana competencia.
Hoy, sin embargo, visto lo visto, y teniendo en cuenta las derivas totalitarias que se aprecian en las formas de gestión de la crisis de la pandemia, las cualidades y hábitos democráticos podrían mejorar sustancialmente. Sobre todo en quienes tienen a su cargo los destinos de la comunidad que son los más responsables a la hora de tomar decisiones que mejoren las condiciones de la vida de las personas, hoy seriamente lesionadas a causa de una deficiente y pésima gestión pública incapaz de atender precisamente a quienes más lo precisan. No tiene sentido que el Estado recaude más subiendo los impuestos a las personas y luego se siga castigando a los ciudadanos mientras se alimentan estructuras públicas superfluas y se mantiene una corte de adeptos y afines de incalculables proporciones.
Sí, las cualidades democráticas son básicas para que el funcionamiento de las instituciones sea real y producto de la libre aportación de las personas. Por el contrario, es posible, y ejemplos no faltan entre nosotros, de líderes que ejercen hábitos autoritarios conducentes, no sólo a evitar la participación, sino a eliminar a quien se atreva a levantar la voz o sostener alguna posición disidente.
Veamos un ejemplo bien paradigmático procedente del sector privado, pero que bien podría ocurrir en las corporaciones públicas. El liderazgo en el sector empresarial plantea esta disyuntiva: ¿quién es buen líder empresarial?. ¿El que logra hacer subir, como sea, el valor de las acciones de su compañía?. ¿El que se recompensa a sí mismo y a su equipo con retribuciones espectaculares mediante millonarias “stock options”? o, ¿el que busca que los empleados crezcan con la empresa?,¿ el que los considera como instrumentos de usar y tirar?, ¿el que se enfada porque una empleada se ha quedado embarazada?, ¿el que reparte los beneficios con los trabajadores?, ¿el que anima a sus colaboradores y les da oportunidades de desarrollar iniciativas?, o ¿el que reclama que el temor y el miedo dominen las condiciones laborales?.
Ciertamente, estas disyuntivas no son teóricas. Se producen en la realidad. Plantean, a las claras, una de las cuestiones morales de mayor actualidad: que la calidad moral de la acción tiene entidad en sí misma. No se mide sólo si influye en los resultados. En el fondo, el utilitarismo en estado puro encierra una peligrosa forma de liderazgo que lleva a dar a las personas la condición de cosas. De ahí que una cualidad democrática que distingue de verdad a un líder es su capacidad real -no fingida o escenificada- para acercarse a las personas y compartir sus preocupaciones y problemas. Algo que no es fácil de encontrar más allá de tácticas o estrategias de fuego artificial.
Hace unos días, cayó en mis manos una recensión sobre unas Jornadas de Ética empresarial. No sé por qué anoté estas dos frases de uno de los ponentes: “en la ética empresarial y en la vida en general, siempre se espera que, actuando bien, aunque cueste a corto plazo, compense a la larga”. “Nadie es imprescindible, y si en algún momento puntual se es, trabájese para subsanar esa laguna tentadora para el propio ego, pero peligrosa para el porvenir y bienestar de futuras generaciones”.
Termino. Acabo de releer la biografía de Maura escrita por Tusell. No puede ser más actual una de las características de su regeneracionismo: dotar de vida real las instituciones liberales y democráticas. Y, la democracia real, no se puede olvidar, se produce cuando los hábitos democráticos resplandecen por su ejercicio habitual. Un ejercicio que no se improvisa, que o se practica o se cultiva o no hay nada que hacer porque ni se impone por decreto ni aparece por generación espontánea. Cuanto se precisan hoy, en tiempos de deriva totalitaria, las cualidades democráticas. Cuanto.
La conquista de la libertad
De nuevo, la lucha por la libertad, la conquista de las libertades, como en el pasado, vuelve al primer plano de la vida social y política. Efectivamente, la constante intromisión del poder público en los hogares de los ciudadanos, en la conciencia moral de los estudiantes, en las convicciones y creencias del pueblo, reclaman que la libertad ocupe el lugar que le corresponde. Sin exagerar, corremos peligro de que esta omnipotente maquinaria pública al servicio de los dogmas del populismo actual termine por anular el pensamiento plural, la capacidad de análisis crítico y, lo que es más grave, las más elementales exigencias de la vida en libertad. Hoy, el carril único por el que debe transitar todo aquel que desee ser bien visto por la tecnoestructura dominante, conduce a una masa que ha ido cediendo con el tiempo el temple democrático hasta sacrificar en el altar de la seguridad y del control sus libertades más preciadas.
El poder, a pesar de que tiene por obligación constitucional facilitar el ejercicio de las libertades, no hace otra cosa, desde hace algunos años, que atacar, sutilmente o groseramente según los casos, al que no se somete al pensamiento único. Ahí están los constantes ataques a la libertad de expresión, ahí está la desnaturalización de instituciones sociales que durante siglos han consolidado la vida social desde esquemas de estabilidad, ahí está la manipulación de las conciencias morales de los alumnos bajo la doctrina única que hoy se trata de inculcar desde el vértice y la cúpula. Ahí están las dádivas que, de una u otra manera, se entregan a quienes oficien de aduladores de las excelencias de la nueva modernidad que por fin acampa entre nosotros gracias a los desvelos y al titánico trabajo de esos expertos en control y manipulación social que ahora dirigen este país.
Y, por si fuera poco, determinadas redes sociales, que son genuinas expresiones del interés general, se arrogan la osadía de laminar libertades sin esperar a que sea el juez quien determine, en el caso concreto, si el ejercicio de tal o cual derecho se acorde al Ordenamiento jurídico. La censura preventiva, ahora sin tapujos, también se practica desde algunas terminales mediáticas mientras el silencio de una clase intelectual sumisa ante el poder, público o privado, se esconde para no perder los beneficios de los que disfruta.
Incluso estos días de tormenta de nieve, en el colmo del intervencionismo, se censura a que lso ciudadanos puedan aliviar la acumulación del hielo ante sus casas, porque eso debe hacerlo el Estado. Así nos han acostumbrado, a renunciar a nuestra iniciativa y responsabilidad para fiarlo todo a un poder público que, ahora se ve a las claras, tomado por el populismo, busca por activa,por pasiva y por perifrástica, el control completo de a vida de las personas.
Hoy, en España, con un gobierno que se ha atrincherado en los dogmas del radicalismo, es hora de subrayar el discurso de la libertad, de la libertad de todos, de la fuerza de las iniciativas sociales, de la relevancia del ejercicio de todas y cada una de las libertades ciudadanas. Desde la libertad de pensamiento y de expresión hasta la libertad de educación y de investigación pasando por la libertad económica y la libertad religiosa. En España, en estos años, ahora especialmente con la pandemia, el ejercicio de la libertad suele salir cara. La razón podría encontrarse en la instalación entre nosotros de un ambiente de autoritarismo intelectual, de dictadura de lo políticamente correcto o eficaz que lleva a subvertir el orden moral de manera que el fin lo justifica todo. Si lo importante es ganar dinero y para ello ha de renunciarse a las ideas, se renuncia. Si lo relevante es el poder y para ello hay que arrodillarse ante los que mandan, qué se le va a hacer. Si para poner en marcha ciertas iniciativas sociales es menester admitir el control público o político, se asume. Si para publicar tal o cual artículo hay que postrarse ante el que manda, no hay problema.
La lucha por las libertades, insisto, es un tema de actualidad. En manera alguna se ha producido, como cacarean sin desmayo las terminales mediáticas del poder, una extensión de los derechos y las libertades. Más bien, lo contrario, se extienden los derechos y libertades de las minorías adeptas en detrimento de los derechos y libertades de las mayorías que observan pasivamente como la oposición también se instala en la neutralidad en relación con la defensa de las libertades.
Todos sabemos bien lo que pasa. Sabemos que lo más cómodo es no meterse en líos y renunciar a la libertad por un plato de lentejas. La libertad, que la ejerza quien sea capaz de desafiar el pensamiento dominante. Nos hemos olvidado de que la libertad o se practica o se olvida, o se ejercita o desaparece. Por eso, conviene recordar que es de la esencia de la educación cívica promover espacios de libertad, no de adoctrinamiento. Ahora más que nunca porque la libertad, parece mentira, en pleno siglo XXI, está en peligro.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
La vuelta al humanismo
La separación entre lo verdaderamente bueno y lo políticamente correcto manifiesta la profunda fractura que ha producido en la vida social la sublimación de la razón técnica. Entre otras razones, porque es prácticamente imposible la neutralidad moral en la ordenación de la vida pública. Lo estamos viviendo, y sufriendo, a diario. Ahora, con ocasión de la pandemia a raiz de la deriva totalitaria que se cierne sobre nosotros. Por eso, es necesario que se humanicen la razón técnica y la razón política, hoy secuestradas por esas tecnoestructuras dominantes que agostan la vitalidad de las iniciativas sociales.
La denominada “posmodernidad” ha fracasado si nos atenemos a la incidencia de los avances científicos y técnicos en la calidad de vida de tantos millones de habitantes del planeta. Una manifestación de ese fracaso es su expresión profundamente antihumanista marcada por la renuncia sistemática a los grandes ideales, por el conformismo y, por la entrega rendida ante los ídolos que hoy reinan y gobiernan el mundo a base de una colosal operación de manipulación y control social. El imperialismo de la técnica, que desprecia el humanismo y las humanidades, ha ido, poco a poco, socavando los fundamentos de un orden social, político y económico que ha terminado por justificar lo injustificable: el mercadeo y la transacción con la dignidad del ser humano. O, lo que es lo mismo, el uso, con ocasión y sin ella, de las personas, que se consideran objetos de usar y tirar, al servicio del poder y del dinero.
En este contexto cobran una especial relevancia las Humanidades. Desgraciadamente, el interés general por la literatura, la historia, la filosofía, la teoría de la ciencia o el arte es escaso. Mientras, el interés se centra en los escándalos políticos, en la libre manifestación de la intimidad de los famosos y, sobre todo, en la dependencia acrítica de las redes sociales y lo que en ellas se ofrece para el consumo adictivo cotidiano de millones de personas.
El abandono de las Humanidades ha ido parejo con la inhibición de la gente de sus responsabilidades en la conformación del escenario público. Es lógico porque las Humanidades facilitan esa aproximación crítica a la realidad social, constituyen un foco permanente de cultura, nos recuerdan nuestra deuda con el pasado e inspiran nuestra creatividad.
Por eso, debemos tomarnos más en serio las energías latentes en la sociedad y asumir el dinamismo vital del mundo de la realidad, del mundo de la cultura. Por eso, constatar que el profesor que triunfa en la universidad es el burócrata y que el poder desprecia a las personas ilustradas, cultivadas en el pensamiento crítico, hoy debería ayudarnos a reflexionar sobre la necesidad del gusto por el pensamiento, sobre el valor de las humanidades y la enseñanza de los clásicos.
Hoy, a la vista está, necesitamos recuperar el temple cívico y moral para que la democracia sea lo que debe ser, no es un instrumento al servicio de la razón técnica, del ansia de control y de la obsesión por el lucro. Precisamos un sistema de referencias personales y colectivas que partan de la centralidad del ser humano para evitar la marea de sumisiones y manipulaciones que hoy presenta el panorama cultural actual. La vuelta a las humanidades pienso que pueden ayudar a este renacimiento ético y moral cada vez más urgente y necesario.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Los acuerdos en tiempos de excepcionalidad
En el espacio de la deliberación pública, en el horizonte de la implementación de las políticas públicas, es lógico que se busque como metodología de la acción política la participación de los sectores implicados y, si es posible, el acuerdo, el consenso, para solucionar los problemas reales que afectan al pueblo, a las personas, especialmente a los colectivos más débiles e indefensos. Es decir, el acuerdo, el pacto, el consenso o la negociación son mecanismos, instrumentos, medios, que permiten ordinariamente la aportación de la vitalidad que late en la cotidianeidad, en la realidad, en la vida de las personas, a las estrategias de solución de los problemas, impidiendo tantas veces las fórmulas autoritarias de entender el poder, por cierto hoy bien presentes entre nosotros bajo diferentes gobiernos y administraciones de diferentes colores políticos.
Que el acuerdo, el pacto o la negociación sean técnicas adecuadas para la resolución de problemas colectivos en las democracias no quiere decir, ni mucho menos, como algunos parecen entender, que, en efecto, se conviertan en fines en si mismos. Es decir, el acuerdo, el pacto o la negociación existen y están para que, a su través, se mejoren constantemente las condiciones de vida de las personas: expresión abierta y plural de lo que cabe entender por interés general en un Estado democrático como el nuestro. Cuándo, sin embargo, se empuña la negociación o el acuerdo, fuera de su naturaleza finalista, para asestar golpes al adversario o para anularlo o enviarlo al mundo de lo simbólico, entonces el acuerdo se desnaturaliza y pierde inmediatamente la fuerza ética de la que está revestido, que reside en colocar el entendimiento al servicio de la mejora de las condiciones de vida del pueblo, al servicio de la dignidad del ser humano y de sus derechos fundamentales.
Hoy, como ayer, es menester recordar, especialmente para 2021, que el acuerdo, el pacto o la negociación han de estar al servicio y en función de la dignidad del ser humano y de sus derechos fundamentales. Ojala los dirigentes sean capaces de entender la fuerza del pacto, de la negociación, del acuerdo, del entendimiento, desde la dimensión ética, no desde la dimensión maquiavélica.
Jaime Rodríguez-Arana.
@jrodriguezarana
Cualidades y hábitos democráticos
Años atrás, en pleno debate sobre la democracia y sus principios, Alain Minc llamó la atención sobre un fenómeno sobre el que vale la pena pensar: la vitalidad en el ejercicio de las cualidades democráticas por parte de los ciudadanos en nuestro tiempo. Un asunto de gran actualidad dado el apogeo de la polarización social y política que preconizan los populismos, sean del signo que sean. Estos días, sin ir más lejos, hemos visto sus consecuencias estos días en la toma del Capitolio por una banda de fanáticos.
Desde luego, la existencia de cualidades y hábitos democráticos en los ciudadanos es un tema de interés que refleja realmente la temperatura ética y el temple moral que se respira en el seno de las organizaciones e instituciones del presente y también en la vida social.
Afortunadamente, la democracia, como sentenció Ortega, es el tipo superior de vida en común. Y, como diría Friedrich, la democracia es un talante que expresa preocupación real por las personas y por sus derechos fundamentales. La democracia se desarrolla en entornos abiertos, hace posible que las personas sean el centro de la realidad, proporciona estilos de pensamiento compatible y complementarios. La democracia es incompatible con el pensamiento único y con esa filosofía del ordeno y mando que todavía subsiste en quienes tienen miedo a la libertad y a la sana competencia.
Hoy, sin embargo, visto lo visto, y teniendo en cuenta las derivas totalitarias que se aprecian en las formas de gestión de la crisis de la pandemia, las cualidades y hábitos democráticos podrían mejorar sustancialmente. Sobre todo en quienes tienen a su cargo los destinos de la comunidad que son los más responsables a la hora de tomar decisiones que mejoren las condiciones de la vida de las personas, hoy seriamente lesionadas a causa de una deficiente y pésima gestión pública incapaz de atender precisamente a quienes más lo precisan. No tiene sentido que el Estado recaude más subiendo los impuestos a las personas y luego se siga castigando a los ciudadanos mientras se alimentan estructuras públicas superfluas y se mantiene una corte de adeptos y afines de incalculables proporciones.
Sí, las cualidades democráticas son básicas para que el funcionamiento de las instituciones sea real y producto de la libre aportación de las personas. Por el contrario, es posible, y ejemplos no faltan entre nosotros, de líderes que ejercen hábitos autoritarios conducentes, no sólo a evitar la participación, sino a eliminar a quien se atreva a levantar la voz o sostener alguna posición disidente.
Veamos un ejemplo bien paradigmático procedente del sector privado, pero que bien podría ocurrir en las corporaciones públicas. El liderazgo en el sector empresarial plantea esta disyuntiva: ¿quién es buen líder empresarial?. ¿El que logra hacer subir, como sea, el valor de las acciones de su compañía?. ¿El que se recompensa a sí mismo y a su equipo con retribuciones espectaculares mediante millonarias “stock options”? o, ¿el que busca que los empleados crezcan con la empresa?,¿ el que los considera como instrumentos de usar y tirar?, ¿el que se enfada porque una empleada se ha quedado embarazada?, ¿el que reparte los beneficios con los trabajadores?, ¿el que anima a sus colaboradores y les da oportunidades de desarrollar iniciativas?, o ¿el que reclama que el temor y el miedo dominen las condiciones laborales?.
Ciertamente, estas disyuntivas no son teóricas. Se producen en la realidad. Plantean, a las claras, una de las cuestiones morales de mayor actualidad: que la calidad moral de la acción tiene entidad en sí misma. No se mide sólo si influye en los resultados. En el fondo, el utilitarismo en estado puro encierra una peligrosa forma de liderazgo que lleva a dar a las personas la condición de cosas. De ahí que una cualidad democrática que distingue de verdad a un líder es su capacidad real -no fingida o escenificada- para acercarse a las personas y compartir sus preocupaciones y problemas. Algo que no es fácil de encontrar más allá de tácticas o estrategias de fuego artificial.
Hace unos días, cayó en mis manos una recensión sobre unas Jornadas de Ética empresarial. No sé por qué anoté estas dos frases de uno de los ponentes: “en la ética empresarial y en la vida en general, siempre se espera que, actuando bien, aunque cueste a corto plazo, compense a la larga”. “Nadie es imprescindible, y si en algún momento puntual se es, trabájese para subsanar esa laguna tentadora para el propio ego, pero peligrosa para el porvenir y bienestar de futuras generaciones”.
Termino. Acabo de releer la biografía de Maura escrita por Tusell. No puede ser más actual una de las características de su regeneracionismo: dotar de vida real las instituciones liberales y democráticas. Y, la democracia real, no se puede olvidar, se produce cuando los hábitos democráticos resplandecen por su ejercicio habitual. Un ejercicio que no se improvisa, que o se practica o se cultiva o no hay nada que hacer porque ni se impone por decreto ni aparece por generación espontánea.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
Transparencia y acceso a la información en el presente
La gestión de la transparencia por parte de muchos Gobiernos y Administraciones en este tiempo de pandemia deja mucho que desear. Tanto en su dimensión activa como pasiva. Tal comportamiento manifiesta prácticas despóticas y autoritarias que confirman la baja, o nula, calidad de esas democracias. Precisamente cuando el Ordenamiento atribuye poderes más intensos y extensos a los poderes públicos, quienes los dirigen deben ejercerlos de forma más templada y, por supuesto, de forma más transparente que en situación de normalidad.
Parece que, sobre todo en tiempos de excepción, en plena emergencia sanitaria, quienes desprecian la transparencia, se olvidan que el ciudadano ya no se conforma con ser representado en las principales instituciones del Estado, sino que quiere participar de manera personal, y con mayor intensidad cada vez, en la toma de decisiones que le afectan y ejercer un control mayor de la gestión de la actividad de interés general y de la ejecución de los presupuestos públicos.
Tanto la transparencia activa como el derecho de acceso a la información pública, transparencia pasiva, son manifestaciones de que en democracia el dueño y soberano del poder es el ciudadano y a él deben reportar las autoridades, de los tres poderes, que lo representan. Algo, que por lo que se ve, no preocupa absolutamente nada a quien incumple sistemáticamente las obligaciones de transparencia escudándose en que no existen en la norma sanciones para dichas contravenciones. Como si un comportamiento autoritario, por no estar previsto en la legislación, dejara de serlo.
Sin acceso a la información de interés general de forma real, veraz, efectiva y completa, no hay democracia sencillamente porque la participación, pilar fundamental, es una quimera, una farsa. Justo lo que está pasando en este tiempo. El acceso a la información de interés general no es una opción, o una extravagancia, menos un ejercicio elitista o un resabio de la burguesía corrupta, es, lisa y llanamente, una condición necesaria para la democracia que en estos tiempos de excepcionalidad no debiera ser necesario remembrar. Pero el grado de calidad democrática al que hemos llegado es hoy tan baja, que hasta las verdades del barquero deben ser recordadas.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana