En 2018 se cumplirán cuarenta años de la aprobación de la Constitución Española y, sin embargo, sigue abierta la brecha de la lucha política en torno a la interpretación, posibilidades y futuro de todo lo concerniente a la articulación territorial de España. No es gratuito que tal cosa acontezca. La diversidad cultural, las diferencias geográficas entre unas y otras autonomías de la península, los dispares niveles de desarrollo y las distintas posiciones políticas propician el mantenimiento de la polémica y de la discusión en un terreno que constitutiva e históricamente es tan sensible para todos. Ahora, el anuncio del referéndum de autodeterminacion hecho por las autoridades de la Generalitat de Cataluña, agrava la cuestión.
 
Pues bien, uno de los factores que más ha contribuido a mantener en vivo la cuestión que tratamos es el discurso autonomista, que estimula una reflexión más honda, más matizada y más respetuosa sobre cada realidad particular, que se integra en esta otra realidad que llamamos España.
 
A los constituyentes no les dolieron prendas en considerar  a Cataluña, Euskadi y Galicia como nacionalidades. Esto dejó insatisfecho a los nacionalistas radicales  y dolió a los unitaristas más fervorosos. Pero lejos de las cuestiones terminológicas, por muy importantes que sean, debemos centrar nuestra discusión en los  hechos. España nos interesa, en primer lugar, como ámbito de convivencia de todos los que ocupan los solares peninsulares. Y la convivencia  sólo es posible desde la plena aceptación de la identidad y el ser de cada quien.  Pero no aceptación resignada o simplemente pasiva, sino aceptación comprometida en el respeto y en la decisión de fortalecer la identidad de cada entidad, de cualquier entidad.
 
 
En efecto, lo que nos interesa de España es la cooperación,  la cooperación al bien de todos que viene a ser el mejor bien posible para cada uno, para cada uno contando con los demás. Pero donde hay unidad uniformante no hay cooperación, habrá operatividad o capacidad operativa. La cooperación implica, necesita la diversidad, la aportación diversa de los que cooperan y tienen un objetivo común. El objetivo común limita en cierto sentido la capacidad de movimiento y de decisión, pero en otro la potencia y enriquece. Y además la cooperación no comporta pérdida de identidad, antes bien sólo se hace posible desde la identidad, desde el propio genio, y sólo así interesa.
 
España nos interesa como ámbito de solidaridad, individual por supuesto, pero sobre todo colectiva. No hablamos de una solidaridad en la que aparecen definidos de  modo permanente los beneficiarios y los contribuyentes. Hablamos de una solidaridad en la que cada identidad tiene que allegar su esfuerzo según lo que pueda, y donde los que más reciban asuman la responsabilidad de rendir más para el común.
 
Por  eso conviene tratar de autonomía e integración en un equilibrio que conviene encontrar entre todos para cada etapa histórica. No interesa la autonomía que olvida la integración -el ámbito más amplio de convivencia, cooperación y solidaridad- porque deviene particularismo. Y menos aún una supuesta integración que menoscabe la legítima autonomía. Esa no es la integración de la que estamos hablando.
 
La  Constitución vigente proporciona un instrumento jurídico y político adecuado para la consecución de tan fecundo equilibrio, que tenemos que saber encontrar y desenvolver inteligente y respetuosamente los unos con los otros. Una asignatura pendiente que requiere de un esfuerzo de pedagogia cada vez más necesario.
 
 
 
Jaime Rodríguez-Arana
Catedrático de Derecho Administrativo