Una aproximación a la corrupción bien extendida es la que parte del abuso de poder por quien lo ejerce o dispone de el. En este contexto, corrupción es igual a mal uso de las potestades públicas. Bajo esta rúbrica encontramos el nepotismo, el clientelismo, el conflicto de intereses legislativo y el conflicto de intereses administrativo.
El nepotismo, como su propio nombre indica, se refiere a que los responsables públicos adjudiquen puestos en la Administración pública a familiares, afines o amigos en lugar de a quien en justicia le corresponde. El clientelismo hace referencia al nombramiento para los cargos de dirección pública a personas próximas a quien dispone de tal poder o del partido político en el gobierno a quienes se debe recompensar por los servicios prestados. El conflicto de intereses legislativos, por su parte, se refiere a aquellos supuestos en que los diputados tengan acciones de empresas que son objeto, previa votación, de determinados beneficios fiscales. Y, el conflicto de intereses administrativo, como su propio nombre indica, se refiere a casos en los que los que ejercen el poder utilizan conocimientos y contactos propios de su actividad pública para actividades privadas o particulares.
La corrupción más fácil de detectar es la aquella que trae consigo una clara contravención de las normas, pero no es la más grave. Quizá la versión más grave de la corrupción sea ese conjunto de prácticas que, sin ser contrarias formalmente a la ley, suponen un claro atentado a la conducta que cabe esperar de los responsables públicos y a la imagen misma del funcionamiento de las Administraciones democráticas. Esa corrupción que deteriora la confianza y que legitima ese todo vale, o todo es posible.
Por eso, importa y mucho que el ambiente moral en el servicio público sea elevado y que quienes descubran la inclinación al trabajo en la función pública tenga muy claro que vienen a servir objetivamente al interés general. Ni más ni menos.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana