La crisis económica y financiera es una manifestación de la honda y profunda crisis que se ha instalado, sobre todo, en el llamado mundo desarrollado, en la misma cultura occidental. El orden político, económico y social requiere de cambios de calado, no leves retoques o reformas puntuales tal y como se viene practicando en estos años. En efecto, precisamos de relevantes transformaciones políticas si es que se pretende que la democracia sea el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Necesitamos cambios importantes en la economía si es es que se pretende que  funcione con parámetros de racionalidad. Y por supuesto es menester que la sociedad y sus diferentes componentes  alcancen el protagonismo que se merecen.
La economía precisa de un radical proceso de humanización. La solidaridad social, que dejó hace de tiempo de ser única y exclusivamente tarea del Estado, debe contemplarse desde otras posiciones  evitando que el uso clientelar de la subvención termine por domar y alienar la voluntad de los ciudadanos.
En España, la necesidad de los cambios es un clamor a voces. Muchas personas están indignadas porque la crisis económica y financiera ha sido gestionada sin sensibilidad social, pasando la factura a las clases medias y a las personas con escasos recursos. Los fondos públicos han rescatado a un sector financiero que todavía no sabemos cómo ha empleado los dineros públicos recibidos y que apenas concede créditos a quienes más los precisan. La irrupción de un nuevo movimiento político que trata de canalizar el descontento ha terminado por agudizar la crisis profunda de las formaciones tradicionales, impotentes e incapaces para reaccionar con la frescura y renovación que exigen estos tiempos.
En términos generales, la gente está descontenta con el funcionamiento del sistema político. Mes a mes el CIS registra  el desprestigio de la clase política y la corrupción sube enteros continuamente. En Comunidades Autónomas y Entes locales, así como en el propio Estado,  es imprescindible proceder a una verdadera reforma administrativa pensada en función de las personas, no de los intereses de tales o cuales colectivos. El modelo autonómico tiene la oportunidad de recuperar su lógica para convertirse de verdad en un sistema de gobierno adaptado a las singularidades del territorio.
La resistencia pacífica y el derecho a la resistencia, fundados en el pensamiento crítico y en la sensibilidad social, alimentan esperanzadoras propuestas de cambio y de transformación que se están haciendo estos días. Mientras los partidos tradicionales permanecen en un peculiar autismo motivado por las resistencias a los cambios que protagonizan sus tecnoestructuras, los deseos de un tiempo nuevo se entregan en bandeja de plata al oportunismo y a la demagogia. Es mucha la responsabilidad de quienes pudiendo emprender las reformas que se precisan prefieren atrincherarse en la estructura y en el cálculo en lugar de salir al ruedo a hablar y debatir con las personas. El inmovilismo de unos y los esquemas revolucionarios de otros nos están dejando huérfanos de ese espacio de moderación y cordura desde el que se puede iniciar la batería de reformas, también de la Constitución, que la centralidad del ser humano reclama para construir un nuevo orden político, económico y social más. Esa es la tarea.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. Jra@udc.es