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Las instituciones, categorías y conceptos del Derecho Administrativo del Estado social y democrático de Derecho deben estar enraizadas en la suprema dignidad del ser humano y en los derechos fundamentales que de ella dimanan. La promoción de las condiciones que hagan posible la libertad solidaria de los ciudadanos vincula intensamente al Derecho Administrativo y a la misma Administración pública. Hasta el punto que hoy todavía, a pesar del tiempo en que estamos y del modelo de Estado en el que vivimos, el Derecho Administrativo y la Administración pública tienen un desafío pendiente: convertirse a fondo a los parámetros y vectores centrales de un modelo de Estado que patrocina indefectiblemente un compromiso permanente con la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. La contratación administrativa, como instrumento de política pública que es, juega un papel en esta tarea tan relevante, y debe ser concebido en esta dirección, al servicio objetivo del interés general, o, lo que es lo mismo, pensando en cómo mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos.

En efecto, el régimen jurídico de la contratación administrativo debe estar diseñado para que los ciudadanos, usuarios de los bienes públicos y los servicios públicos que se prestan por las Autoridades, puedan disponer de bienes y servicios de calidad que les faciliten la vida y que les permitan vivir en las mejores condiciones posibles. Por eso, la simplificación de los procedimientos, la rendición de cuentas de los prestadores de los servicios y de los constructores de obras e infraestructuras, la planificación del procedimiento y la racionalización del gasto, son exigencias de diseñar los contratos en función de las necesidades de interés general de las personas y no al revés.

La Administración pública actúa ordinariamente de forma unilateral y en ocasiones acude a la sociedad para reclamar una colaboración de las iniciativas privadas sociales que permitan prestar servicios públicos o construir infraestructuras públicas para mejorar la calidad de vida de las personas. Para cumplir sus fines, también en materia de contratación, la Administración pública precisa realizar su tarea de forma adecuada y pertinente, sirviendo permanentemente y objetivamente el interés general.

En este sentido, es fundamental, para que la Administración cumpla sus fines constitucionales, que el procedimiento de contratación sea sencillo, transparente, eficaz y eficiente, y que permita seleccionar al operador que esté en mejores condiciones para que la obra o el servicio público sean dignos de sus usuarios. Obviamente, para ello los presupuestos deben estar bien definidos, el personal de la Administración bien formado desde el punto de vista técnico, y también ético. Y también es necesario, usar las nuevas tecnologías con las máximas garantías de seguridad y de control.

Siendo como es la contratación pública, además de una categoría medular del Derecho Administrativo, un relevante instrumento o medio de política pública tendente a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, resulta que su realización desde la perspectiva de la buena administración plantea preguntas e interrogantes que necesitan ser analizados por nuestra disciplina. Por una poderosa razón: si el Derecho Administrativo está vinculado por los postulados del Estado social y democrático de Derecho, y esté trae causa de la dignidad del ser humano y de sus derechos fundamentales, las categorías que jalonan esta rama del Derecho Público, hoy deben ser explicadas y construidos desde nuevos esquemas, desde nuevas premisas que trasciendan los dogmas del Estado liberal que doten de mayor sensibilidad social al Derecho Administrativo.

En este sentido, una buena redacción de los pliegos, de manera que sean claros, precisos y concretos, ayuda sobremanera ala una buena administración del contrato. En el mismo sentido, una adecuada selección del contratista basada en razones sólidas o una administración de la ejecución del contrato en la que  la potestad de modificación se use de forma razonable y al servicio objetivo del interés general, son expresiones reales de una buena administración, una buena administración que en materia contractual es especialmente importante pues de ella depende en buena medida que la ciudadanía pueda disfrutar de bienes y servicios que contribuyan verdaderamente a la mejora de las condiciones de vida de las personas.

 

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana