Una mejor regulación de la actividad económica y financiera, a nivel global local es, a día de hoy, una necesidad urgente. La crisis ha puesto de manifiesto que ni el mercado se autorregula satisfactoriamente ni la intervención pública es la solución única  a todos los problemas. La cuestión  reside en regular lo que hay que regular y garantizar que las instituciones de control, verificación, supervisión y vigilancia estén compuestas por profesionales de reconocido prestigio que puedan hacer  con autonomía y objetividad su labor. No se trata de regular más sino de regular mejor. La sobrerregulación y la re regulación, hoy tan de moda en tantas partes del mundo, no hacen más que entorpecer la vitalidad y la iniciativa latente en muchos emprendimientos básicos para el mismo interés general.
En efecto, las relaciones entre economía y derecho, o entre finanzas y derecho, deben ser estrechas y realizarse en el marco de la función propia que a cada ciencia social corresponde. No es que la economía o las finanzas sean más importantes que el derecho o  la regulación. No es ese el tema. Más bien, se trata de que el derecho y la regulación trabajen codo a codo con la economía y las finanzas, algo que a día de hoy dista de ser real porque mientras contemplamos la realidad de la globalización económica y financiera, la jurídica brilla, en términos generales, por su ausencia. Hoy, el derecho y la regulación van tres o cuatro cuerpos por detrás de la economía y de  las finanzas. Es decir, la eficiencia se realiza al margen de la justicia con las consecuencias que todos contemplamos a diario. Unas consecuencias que, además, han abierto las puertas al populismo que emerge de la indignación reinante.
En este contexto, lo que ha ocurrido es sencillamente  que la economía y las finanzas se han erigido en ciencias superiores al derecho y a la regulación y han pretendido, en muchas ocasiones, utilizarlos a su servicio. Así  el poder político intenta domesticar  al derecho y a la regulación  convirtiendo a ambos  en aliados a la causa partidista, así también el poder económico y financiero pretende que el derecho y la regulación no sean más que los instrumentos idóneos para conseguir mayores beneficios en el más breve plazo de tiempo posible. Por eso es menester que el derecho y la regulación recuperen su funcionalidad perdida y se instalen efectivamente en la globalización, precisamente para garantizar unos intercambios de bienes y servicios más justos y más humanos.
El desprecio del derecho y de la regulación, o su conversión en  instrumentos más de la racionalidad económica  unilateral, es otra de las causas de una crisis que siendo moral porque afecta a valores, lo es también del derecho y de la regulación, de la economía y de  las finanzas. Unas ciencias sociales que deben volver al pensamiento, abierto, plural, dinámico y complementario. De lo contrario seguiremos en un ambiente en el que reina soberanamente, sin límites, el beneficio por el beneficio y el poder por el poder.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es