Los indicadores existentes acerca de la desigualdad en el mundo registran una misma tendencia. También en la UE y particularmente en España. La brecha entre ricos y pobres crece sin parar. Un problema muy grave que precisamente se ha agudizado estos años de crisis económica y financiera. No hay más que analizar las estadísticas de las ONGs que se encargan de la atención social a los más pobres y excluidos para comprobar el exponencial crecimiento de las personas que acuden a alimentarse o buscando alojamiento en instituciones sociales o en el mismo Estado.
En este contexto, se arbitran diversas soluciones. Una es la subida del salario mínimo interprofesional.  Otra es el aumento de la imposición a los que más tienen y también se preconiza la oferta de cursos de formación a los adultos desempleados. Probablemente, una adecuada combinación de medidas como las expuestas ayude a intentar resolver un problema complejo, que, a la vez, se agrava ante los dos principales males de este tiempo: el desempleo y la corrupción.
En efecto, la lucha contra el desempleo y la corrupción son las principales políticas a que debería entregarse el gobierno de países en los que ambos parámetros alcanzan dígitos inaceptables. El desempleo en España ya sabemos, a pesar de sus últimos descensos,  en qué cifras se mueve. Hace poco un informe sobre la corrupción en la UE atribuía un coste de cuarenta mil  millones de euros  la  factura de la corrupción que se ha instalado entre nosotros. La Comisión Nacional de Competencia y mercados, advierte de que perdemos más de 40.000 millones en la contratación pública por diversos factores, la corrupción obviamente entre ellos.
La desigualdad dejaría de ser tal si hubiera trabajo para todos. El derecho al trabajo es una exigencia básica para que el ser humano pueda vivir en un ambiente de razonable dignidad. Sin trabajar es muy difícil realizarse como persona. Igualmente, si se pudieran recuperar los  47.000 millones de euros que según un estudio reciente se pierden en la contratación pública se podrán atender mejor determinados servicios sociales que hoy bajo mínimos ante los recortes procedentes de la mitificación de la  austeridad y estabilidad.
Hasta la OCDE reconoce que la desigualdad tiene un impacto negativo y significativo en el crecimiento económico a medio plazo. Un informe de esta organización dado a conocer recientemente reconoce que el problema no está en la lista Forbes sino en lo que acontece con las personas que tienen menos ingresos.
Un estudio publicado por Eurostat, la agencia de estadística de la Unión Europea, señala que los españoles puntúan su bienestar con 6.9 puntos, dos décimas por debajo de la media europea. La variable que más ensombrece la calificación española se refiere a la situación financiera. Los países con mayor puntuación son Finlandia, Suecia y Dinamarca, con 8 puntos.
La desigualdad crece en España y la satisfacción de los españoles con las condiciones vitales está por debajo de la media europea. Si a eso añadimos el crecimiento de la corrupción y la todavía elevada tasa de paro, nos encontramos con una situación general que es francamente mejorable. Los cambios y transformaciones, no simples parches  o medias puntuales, siguen esperando.
 
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es