Estos días, como si de algo novedoso se tratara, se constata la elevada deuda del sector público español. Afirmaciones del tenor de que pagamos demasiado por los créditos que nos conceden,  de que las instituciones públicas no se van a poder financiar y demás comentarios de este jaez jalonan la reacción de nuestra clase dirigente ante lo que era bien conocido, ante lo que era más que previsible.
La deuda pública es muy alta, efectivamente. Tan alta que ya supone el pago diario de varias centenas de millones de euros  en concepto de intereses. Una cantidad que supera lo que nos gastamos anualmente en el capítulo de personal del presupuesto público del Estado. Y tal deuda viene motivada en una parte muy importante por la creciente cantidad de organismos y entidades públicas innecesarios que han poblado nuestro país  estos años. Junto a ello, el número de políticos: diputados , altos cargos y personal eventual que inundan los gobiernos y administraciones, se estima en 79.000 personas, que sumadas a los empleados de las empresas públicas y demás integrantes del elefantiásico sector público español, llegan, según datos oficiosos que no deben andar muy errados, a los 400.000. El doble de políticos, si esta cifra fuera exacta, que los que tiene Italia o Francia.
Mientras tanto, los españoles estamos condenados a mantener esta irracional estructura que hasta el momento, salvo honrosas excepciones, permanece intocada, inalterable. Eso sí, se nos suben los impuestos, se reducen los salarios y, sin embargo, no se sabe por qué extraña razón, la legión de personal de naturaleza política, y los organismos que les sirven de cobertura vital, apenas se reducen.
En este contexto, no pocos españoles se preguntan acerca del porqué del mantenimiento de esta situación. ¿Cómo es posible que antes de proceder a empeorar las condiciones de vida de los españoles, no se ataja este exceso estructural y  se elimina tanto personal político?.
La deuda pública ya alcanza al 90% del PIB. Una cifra que crece y crece sin parar y que obliga a estar permanentemente endeudándonos, eso sí, cada vez en mejores condiciones, pero en definitiva empobreciéndonos. Y mientras tanto, nos enteremos, que las Comunidades Autónomas combaten el exceso de déficit subiendo 120 impuestos y creando 60 nuevas tributos y tasas. Es decir, en lugar de reducir el excesivo aparato público se reclama a los ciudadanos que financien una estructura irracional. Lo que son las cosas.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es