Una mejor regulación de la actividad económica y financiera, a nivel global local,  es, a día de hoy, una necesidad. La crisis ha puesto de manifiesto que ni el mercado se autorregula ni la intervención pública es la solución  a todos los problemas. La cuestión  reside en regular lo que hay que regular y garantizar que las instituciones de regulación estén compuestas por profesionales de reconocido prestigio que puedan hacer  con autonomía y objetividad su labor. No se trata de regular más sino mejor.
Las relaciones entre economía y derecho, o entre finanzas y derecho, deben ser estrechas y realizarse en el marco de la función que a cada ciencia social corresponde. No es que la economía o las finanzas sean más importantes que el derecho. No es ese el tema. Más bien, se trata de que el derecho trabaje codo a codo con la economía y las finanzas, algo que a día de hoy dista de ser real porque mientras contemplamos la globalización económica y financiera, la jurídica brilla, en términos generales, por su ausencia. Hoy, el derecho va tres o cuatro cuerpos por detrás de la economía y las finanzas facilitándose situaciones que atentan y lesionan las más elementales exigencias de la justicia.
En realidad, lo que ha ocurrido es que la economía o las finanzas se han erigido en ciencias superiores al derecho y han pretendido, en ocasiones, utilizarlo a su servicio. Igual que en tantas oportunidades el poder político intenta tener domesticado al derecho en función de sus intereses partidistas. Por eso es menester que el derecho recobre su funcionalidad perdida y se instale en la globalización precisamente para garantizar unos intercambios de bienes y servicios más justos y más humanos.
El desprecio del derecho, o su pretendida conversión en un instrumento más de la racionalidad económica , es otra de las causas de una crisis que siendo moral porque afecta a valores también lo es, lógicamente,  del derecho, de la economía y las finanzas. Unas ciencias sociales que deben volver al pensamiento, abierto, plural, dinámico y complementario. De lo contrario seguiremos en un ambiente en el que reina soberanamente el beneficio por el beneficio y el poder por el poder.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es