La sociedad actual es una sociedad de riesgos. Financieros, médicos, laborales, naturales. La incertidumbre, poco a poco, se ha ido adueñando de determinadas actividades humanas y la prevención de los riesgos se ha convertido en una necesidad. En ocasiones, en una necesidad obsesiva que  genera situaciones de histeria colectiva precisamente por no haber tomado las medidas preventivas o precautorias previas. Hoy, desde luego,  la prevención, la precaución, son términos de moda que han llegado a las ciencias sociales y que adquieren ya relevancia jurídica y, como observamos estos días, palpitante y rabiosa actualidad.
La crisis del virus ebola, que probablemente debió haberse previsto como una posibilidad real, coloca en el tapete la cuestión de los protocolos de seguridad en estos casos de enfermedades contagiosas. Unos protocolos que han de incluir determinados procedimientos  y medidas destinadas a que el personal especializado se someta a exigentes y rigurosos estándares de seguridad. Cosa que a juzgar por lo que conocemos no parece que se haya acreditado fehacientemente. No se entiende bien cómo es posible que el personal que atendió directamente a los dos misioneros fallecidos por el virus no hubieran sido sometidos durante el tiempo que fuera necesario a un aislamiento que permitiera concluir que no hubieran sido infectados por el virus.
En realidad, un riesgo es un riesgo, no un hecho inexorable. Es una posibilidad que, según los casos, será más probable o menos probable. Desde luego, cuándo se tienen razones científicas y técnicas acerca de la gravedad y la irreversibilidad de los daños en que se pueden concretar los riesgos, habrá que actuar proporcionadamente. La existencia, pues, de una Administración científica rigurosa, bien preparada, es una garantía para que el principio de precaución opere razonablemente. La pregunta que se plante estos días es si ciertamente estábamos preparados, con los protocolos correspondientes activados, para prevenir los daños que se están produciendo.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es