Todos los partidos, cuando llegan unas elecciones, se lanzan, es lógico, a proponer medidas que a su juicio mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos. Unos en una determinada dirección ideológica y otros en otras. Por ejemplo, en materia de Administraciones públicas mientras los partidos socialistas piensan que el Estado, el gasto público, las normas administrativas y los funcionarios todo lo arreglan, los partidos liberales entienden que el centro de la acción pública está en la persona, en el usuario, y que la Administración y sus reformas han de bascular sobre este aserto fundamental.
 
Decía un famoso profesor francés, Hauriou,  que mientras exista Administración pública siempre estaremos tratando de su reforma y modernización. Y es verdad. Hoy como ayer es menester adoptar medidas y aplicar políticas que hagan de la Administración una organización, como señala la Constitución española, al servicio objetivo del interés general. En este sentido, estos días unos y otros exponen sus principales argumentos en materia de Administraciones públicas.
 
Se trata de propuestas que con diferentes tonos y matices reflejan la idea de la centralidad de las personas parala Administración. Sonmedidas en parte viejas y en parte nuevas. En parte viejas porque, ciertamente, la simplificación administrativa es una tarea permanente. Igual acontece con la transparencia o con la implantación del derecho fundamental a una buena Administración pública. En parte nuevas porque España ocupa un lugar muy bajo en lo que atiende a requisitos para constituir empresas y es necesario agilizar los trámites en esta materia si se pretende fomentar y facilitar la creación de riqueza y la iniciativa de los emprendedores. En este sentido, las propuestas del sistema unificado de creación de empresas en un marco de cooperación administrativa o el proyecto del expediente único europeo para que cada empresa pueda consultar “on line” sus expedientes caminan en esta dirección.
 
Todavía, a pesar de los pesares, no disponemos de una Administración sincronizada o integrada que pueda, a través de registros interconectados, facilitar los trámites y las gestiones que los ciudadanos deban realizar ante las diferentes Administraciones públicas, sea la del Estado, la de la Comunidad Autónoma, la de la Provincia o la del Municipio.
 
Los españoles, dice la Constitución, tenemos los mismos derechos y deberes en cualquier parte del territorio nacional. Sin embargo, como todos sabemos, este precepto constitucional y el que se refiere a la igualdad de todos en las condiciones básicas para el ejercicio de los derechos fundamentales ha sido lesionado profundamente  en estos años. Por eso, una ley que establezca la igualdad de derechos de los españoles permite seguir trabajando en el desarrollo constitucional. En efecto, la Constitución de 1978 admite nuevos desarrollos que es necesario acometer cuanto antes porque tras casi cuarenta años de desarrollo constitucional es menester proceder a cambios y reformas que precisamos para recuperar los principios, valores y opciones constitucionales. Ojala que tras el 20-D sea posible.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo
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