El Estado tiene, por su propia estructura y esencia, la superior tarea de garantizar el pleno, libre y solidario ejercicio de los derechos, cometido supremo de la instancia estatal. Una misión que en modo alguno se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad,  de una eficaz garantía del libre, solidario y pleno ejercicio de los derechos humanos.

Sin embargo, desde la instancia estatal es posible paliar de alguna manera la situación de injusticia objetiva, por desigualdad material, en la que se encuentran las personas necesitadas de los bienes económicos imprescindibles para un nivel de vida adecuado, acorde a la comunidad en la que se desarrolla.

Poco a poco, en este tiempo de convulsiones y de transformaciones, no digamos en una situación de emergencia sanitaria como la actual, esperemos que la efectividad y exigibilidad de los derechos sociales fundamentales ocupe un lugar por derecho propio en la mente y en la agenda de las principales decisiones que tomen las autoridades políticas, económicas, sociales y culturales. Nos jugamos mucho en ello, tanto como que la dignidad del ser humano y sus derechos inalienables funden, de nuevo, ahora con más fuerza, un remozado orden jurídico, económico y social que ya no puede esperar más tiempo.

Si la dignidad del ser humano y el libre y solidario desarrollo de su personalidad son el canon fundamental para medir la temperatura y la intensidad del Estado social y democrático de Derecho, entonces es llegado el tiempo en el que de una vez por todas las técnicas del Derecho Administrativo se diseñen de otra forma. De una forma que permita que los valores y parámetros constitucionales sean una realidad en la cotidianeidad. O construimos un nuevo Derecho Administrativo más comprometido con la protección, defensa y promoción de la dignidad humana y todos los derechos fundamentales, o, las medidas excepcionales de este tiempo, muchas ellas propias de un Estado policía, se quedarán entre nosotros por largo tiempo. Y mucho que lo lamentaremos.

Jaime Rodríguez-Arana

@jrodriguezarana