La crisis del modelo estático del Bienestar es clara, está fuera de dudas. No solo desde el punto de vista económico, sino también, y ello es más importante, como modelo de Estado. Hoy, a consecuencia de la crisis de la política tradicional y de la emergencia de nuevos movimientos sociales, se está recuperando una nueva forma de entender lo público, no como un espacio propio y exclusivo del Estado, sino como ámbito de participación ciudadana.
 
En efecto, se está  rompiendo el monopolio, el dominio absoluto que hasta ahora se pensaba que tenía el Estado frente a los intereses generales. Y, además, está reapareciendo la idea de que el Estado existe y se justifica en la medida en que  fomente, promueva y facilite que cada ser humano pueda desarrollarse como tal a través del pleno, libre y solidario ejercicio de todos y cada uno de los derechos fundamentales.
 
Por tanto, el ser humano, la persona, es el centro del sistema. El Estado está a su servicio y las políticas públicas, también. En este contexto nos encontramos con  el principio de subsidiariedad y se comprende cabalmente que el Estado actúe cuando así lo aconseje el bien común, el interés general. Es más, el Estado debe propiciar, sin convertirse en actor principal, menos todavía actor único, una sociedad más fuerte, más libre, más capaz de generar iniciativas y más responsable. Es verdad sin embargo, que tal afirmación debe ser modulada en función de las coordenadas de tiempo y espacio y debe entenderse como un punto de llegada, como el puerto final de la travesía.
 
El Estado debe facilitar que cada ciudadano se desarrolle libre y solidariamente y que pueda integrarse en condiciones dignas en la sociedad. La muerte del «Welfare State», de su versión estática, no es la muerte de una manera más social de ver la vida, sino el fin de un sistema de intervención creciente y estático que ha terminado asfixiando y narcotizando al ciudadano, y que ha vaciado de contenido y función a la misma sociedad. Estado y sociedad no son enemigos, son colaboradores. Cada uno dentro del ámbito que le es propio coincidiendo en la promoción, defensa y protección de la dignidad humana.
 
La dimensión dinámica del Estado del bienestar está por llegar y quien consiga activarla y demostrar que el libre y solidario desarrollo de la persona es el principio y fin del poder público, estará en mejores condiciones de leer e interpretar lo que pasa y lo que hay que hacer.
 
Jaime Rodríguez-Arana   @jrodriguezarana