Primero, las personas, después, las estructuras. Las condiciones de vida de las personas, de los ciudadanos, de la población, deben ocupar siempre un lugar central en el proceso de la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado. En una época de crisis, con mayor razón. Por eso, las medidas relativas al aumento de impuestos, de tasas, reducción de sueldos del personal al servicio de las Administraciones públicas o revalorización de las pensiones, deben ser muy ponderadas. Hasta el punto de que solo deberían adoptarse tras un amplio y riguroso ajuste de  las estructuras públicas que dan cobijo a toda una legión de individuos que, muchos de ellos están donde están, lisa y llanamente, por pertenecer a un partido político,  por razones alejadas del mérito y la capacidad.
 
En efecto. El ajuste fundamental debe hacerse fundamentalmente en el sector público de las Comunidades Autónomas y, tras el esfuerzo realizado en la Administración del Estado, también en el sector público de las denominadas grandes ciudades. Además, es menester también proceder a privatizaciones, desinversiones y entradas de capital privado en sociedades y empresas públicas. Se habla, en este supuesto, de que la iniciativa privada se comprometa en aquellas empresas en públicas que por su posición estratégica deben tener presencia pública.
 
La gente reclama ejemplaridad a los dirigentes políticos y financieros. Todo lo que estamos conociendo en este tiempo en relación con la corrupción política y financiera, aconseja que se tomen medidas drásticas que eviten la reiteración de conductas inapropiadas. Por eso, si la población percibe que se eliminan privilegios, que los sueldos se racionalizan y que, quien la hace la paga, seguramente las encuestas acerca de la imagen de las instituciones públicas y financieras, y de sus dirigentes, empiecen a cambiar de tendencia.
 
A día de hoy los españoles saben muy bien por qué algunas de sus instituciones son las peores valoradas y las más desprestigiadas. Todo por querer seguir controlando hasta el último recodo de la vida social. Esta perspectiva de la intervención pública, sin embargo, ha caducado. Ahora es menester analizar una a una las estructuras públicas y mantener las que son necesarias por argumentadas razones de interés general. Las estructuras están para atender las necesidades colectivas de las personas no al revés. . Primero, los ajustes en las estructuras públicas, después en las personas.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es