Quienes hemos estudiado la carrera de Derecho recordaremos que una de las características que distinguían a las magistraturas romanas era la colegialidad. Es decir, que varios jueces,  no uno solo,  varios iuris prudentes, resolverían los conflictos o controversias suscitados por los ciudadanos entre sí o con personas jurídicas. Un solo jurista, por inteligente, preparado o versado que sea, no tiene el monopolio del acierto, como tampoco, ciertamente,  lo tiene un colegio. Sin embargo, parece  que, en determinados casos, especialmente relevantes, delicados, en los que se ventilan asuntos conectados primariamente al interés general, tres  jueces están en mejores condiciones de impartir justicia que uno solo. No digamos si la decisión se refiere a la libertad de tránsito de las personas en virtud de sendas decisiones, aunque sean provisionales, acerca del encarcelamiento de personas.
La reforma de la justicia que hemos conocido en estos días tiene el acierto, dictado por la prudencia y el sentido común, de atribuir a un colegio de tres magistrados en la Audiencia Nacional, la instrucción de los asuntos de mayor calado y enjundia social y pública. No entro en los demás asuntos que componen esta reforma. Hoy solo me referiré al de la colegialidad porque me parece que por fin se plantean reformas fundadas en la experiencia y en la razón.
En efecto, la polémica entre órganos unipersonales y colegiados ha sido una constante histórica acerca de la forma de componer los órganos y entes públicos del poder ejecutivo y judicial especialmente pues el legislativo por su propia naturaleza debe ser compuesto multilateralmente. En España tuvimos, simplificando mucho, numerosas experiencias de colegialidad en la conformación de los órganos públicos. Me refiero a los Austrias, a quienes debemos el Consejo de Estado y esa forma tan propia y específica del viejo Derecho histórico español del gobierno a través del Rey con las Cortes. En este período de nuestra historia, como es sabido, los consejos y órganos colegiados, con algunas excepciones, poblaron el entramado público de la entonces incipiente Administración pública.
Será fundamentalmente con la llegada de los Borbones cuándo se sustituye la colegialidad por la unipersonalidad como criterio básico de conformación de la organización pública. Se calca la Administración napoleónica, llega la centralización administrativa y, en general, se desmonta la organización administrativa anterior. Desde entonces, sobre todo en el poder ejecutivo, proliferan los órganos con cabeza unipersonal, aquellos a cuyo frente se encuentra una sola persona.
La Audiencia Nacional, bien conocida por la magnitud y relevancia de los asuntos que en ella se conocen, está en el candelero con demasiada frecuencia. Entre otras razones, porque las instrucciones de determinados casos penales de gran impacto social son realizadas, en bastantes supuestos, por jueces convertidos por arte mediática en justicieros o en jueces estrella.
Hasta ahora esas instrucciones eran conducidas y realizadas por cada uno de los jueces de instrucción que laboran en la Audiencia nacional. Los resultados de este proceder, sobre todo en lo que se refiere a determinadas medidas provisionales privativas de la libertad, exceden con mucho las competencias de un solo juez. Insisto, no porque se sospeche de su falta de pericia o sabiduría jurídica. Por la sencilla razón, de sentido común, de que ciertos asuntos , por su relevancia o conexión con los derechos fundamentales de las personas, es mejor que estén atendidos por un colegio. Por un órgano colegiado en el que se puedan contrastar las decisiones a adoptar. Por varios jueces que puedan deliberar si tal o cual persona merece o no  una  medida provisional de privación de libertad. Por varios jueces que puedan sopesar si es prudente tal o cual iniciativa procesal en la instrucción de los asuntos que ordinariamente conoce la Audiencia. De esta manera la sociedad estaría protegida frente a la posibilidad de que una sola persona pueda adoptar decisiones de efectos muchas veces irreversibles. La experiencia de las instrucciones unipersonales en la Audiencia Nacional es la que todo sabemos. Algo había que hacer en este punto y me parece que la colegialidad es más democrática que la unilateralidad.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es