Estos días, en el marco de una nueva y peculiar campaña electoral,  la reforma del gobierno del poder judicial vuelve a estar, una vez más en el candelero. Efectivamente,  escuchamos a unos y otros, más a unos que a otros, ciertamente, que el poder judicial debe ser independiente y que es menester reformar la Constitución o alterar la Ley orgánica de la rama judicial para conseguirlo
 
Pues bien, no hace mucho -2010-, quinientos jueces, de todas las asociaciones, de todas las tendencias, se atrevieron a  dar a conocer un manifiesto denunciando la contaminación política del poder judicial especialmente en sus niveles más altos. Una realidad que no debería sorprender demasiado al conocedor de la situación en nuestro país pues nos guste o no los partidos políticos siguen controlando, sutil o groseramente, según los casos,  el poder judicial en sus más altas magistraturas por razones que no son nada difíciles de imaginar.
 
Hoy, ante unas nuevas elecciones,  el manifiesto a que me refiero en este artículo siendo actual, quizás más que entonces. Efectivamente, los quinientos jueces señalaban que desde 1985 se viene produciendo una ocupación política progresiva de la magistratura que afecta “a la democracia misma y al sistema de división de poderes”. A la democracia misma porque la impartición de la justicia es una  de las principales funciones del Estado de Derecho y sus responsables debieran ser elegidos por los jueces y magistrados en un marco de autonomía y racionalidad. Y afecta también  al sistema de separación de poderes porque la toma y control de un poder del Estado por los partidos atenta a la garantís de autonomía e independencia con que debe realizar su labor el poder judicial.
 
Y no es que el poder judicial, en sus más altas magistraturas,  esté tomado por el poder ejecutivo o el legislativo. Más bien, el gobierno del poder judicial  realmente está en manos de los partidos, que son los dueños del poder ejecutivo o del poder legislativo. Para ser eser más exactos,  dada la naturaleza con la que se dirigen estas instituciones de “interés general”, son propiamente los jefes de los partidos políticos los que omnímodamente muchas veces deciden, además de  las listas electorales a las Cámaras parlamentarias,  la presidencia del poder legislativo, la cabeza rectora del poder ejecutivo así como los responsables del órgano de gobierno del poder judicial, Es más, hoy en día no es concebible que quien quiera aspirar al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, o al Consejo General del Poder Judicial no deba hacer llegar su “interés” a los mandos de las correspondientes formaciones políticas.  La estampa de un juez o  de un jurista haciendo antesala ante el despacho de un dirigente de un parido es probablemente la mejor descripción que define esta bochornosa situación.
 
El manifiesto de los jueces de 2010 que ahora rememoramos reclama un gran pacto de Estado entre los partidos para evitar esta tendencia a la dominación partidaria del órgano de gobierno de los jueces. De esta manera, se trataría de diseñar de forma inteligente una elección democrática de los órganos internos del poder judicial entre ellos mismos que evite el corporativismo. Los jueces firmantes del manifiesto de 2010 reclamaban doce de los veinte vocales que junto al presidente componen el Consejo General del Poder Judicial, evitando así los frecuentes bloqueos en algunas designaciones consecuencia de la falta de acuerdo entre los bloques lamentablemente denominados progresista y conservador.
 
 
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es