La realidad, aunque a algunos no les guste, camina de la mano de la libertad y del pluralismo. En Alemania, desde 1998 varios Länder ofrecen clases de matemáticas en régimen de educación diferenciada. Y, en Australia, Estados Unidos y Reino Unido dentro de la escuela pública, la Administración pública, ante la demanda popular, hubo de  aumentar recientemente  el número de escuelas diferenciadas para atender a la demanda de las familias.
 
Sin embargo, en España parece que se sigue enarbolando la bandera de la educación mixta como dogma, como expresión de un pensamiento único moralmente superior, sin importar si es o no eficaz y si cercena la libertad. Aquí, incluso se intenta excluir de la financiación pública a los colegios concertados que no sean mixtos. La razón: no se puede discriminar en la educación por razón de sexo. Es decir, se piensa que la educación diferenciada discrimina  cuando es una opción pedagógica más. Lo que si discrimina, y no poco, es la exclusión y condena al ostracismo a quienes no entren por el carril único que se impone desde el vértice y la cúpula de la tecnoestructura.
 
El Estado no debe imponer esquema pedagógico alguno ni ninguna  convicción o creencia. El Estado debe promover que el espacio público sea plural. Es decir, que los padres puedan elegir, sin que les resulte imposible por motivos económicos, el tipo de educación que sea de su preferencia. El Estado, que es servidor de los ciudadanos, debe facilitar la elección de los padres. Hoy, no se puede olvidar, una parte relevante de los padres desea que se eduque a sus hijos en el marco de principios morales sólidos. Y el Estado, insisto, debe hacer posible la efectividad de los derechos fundamentales de la personas. Si, por el contrario, se discrimina la libertad y se ofrecen soluciones únicas, se estará atentando gravemente a la Constitución y al sentido común.
 
Por eso, junto a la potenciación de la enseñanza concertada en la medida en que sea solicitada, que lo es  cada vez más, la escuela pública debe abrirse también a la libertad y al pluralismo, haciendo posible que la libertad de elección de las personas con menos recursos económicos sea posible. Para eso están los poderes públicos, para atender a las personas, no para blindar privilegios ni opciones únicas.
 
Los fondos públicos, que son de todos, deben estar a disposición de todos, de todas las tendencias que existen en la sociedad y que los padres, en ejercicio de su libertad, elijan la más acorde con sus principios y preferencias. Algo tan sencillo, tan obvio, es descalificado por el inmovilismo como elitista y retrógrado. Que los padres, con independencia de su condición social, puedan elegir la educación para sus hijos, es una expresión de libertad que se deba proteger y promover.
 
El Tribunal Constitucional, en una sentencia reciente, ha tenido que afirmar, para aclarar las cosas, que la libertad de elección de escuela no puede suponer discriminación o desventaja.  Así de claro.
 
Jaime Rodríguez-Arana. jra@udc.es