Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Esta frase no es de un Padre de la Iglesia, ni de una Encíclica papal o de algún profesor de Teología o de Moral. Es, lisa y llanamente, lo que dice la Constitución española de 1978 en el artículo 27.3.
Tal precepto, que obliga a todos, Poderes públicos y ciudadanos, además de reconocer un derecho fundamental de la persona por ubicarse dónde sistemáticamente se trata de los derechos humanos, obliga, manda al Ministerio de Educación hacerlo efectivo de acuerdo con la función promocional que establece, además, en general, la Carta Magna en el artículo 9.2.
Garantizar es hacer posible, facilitar, poner los medios para, algo que está obligado a hacer, insisto, por mandato constitucional, el Ministerio de Educación. Es tan claro que no haría falta recurrir a las técnicas de interpretación jurídica. Sin embargo, la ceguera que produce la ideología, el miedo a la libertad es de tal envergadura, que conduce, no solo a negar la realidad, que ya es algo grave, sino a tachar de fascistas y otras lindezas más, a quienes defienden la Constitución. Tal proceder no es nuevo en la historia pues la lucha entre la libertad y la intervención ha sido una conste en la historia de la humanidad.
A Alexis de Tocqueville debemos las mejores reflexiones sobre lo que él denominaba despotismo blando. Un fenómeno, bien actual, que consiste en la tenaz y persistente voluntad de los gobernantes por apropiarse de la vitalidad de la realidad a partir de una unilateral, exclusiva y excluyente forma de interpretar en cada momento el interés general. El interés de todos, como es bien sabido, el fomento del pluralismo, en una democracia normal debería discurrir por los amplios caminos del bienestar integral de los ciudadanos y no por el capricho o conveniencia de los que mandan en cada momento que, como es el caso, aspiran a imponer un modelo educativo determinado cercenando la libertad y un derecho fundamental como es el reconocido en el artículo 27.3 dela Constitución de 1978.
En efecto, la libertad de expresión se tolera mientras se discurra por los benéficos caminos del pensamiento único, la libertad de educación tropieza con el intento constante de burocratizar los procedimientos de selección de alumnos en los centros concertados, la libertad de religión se viola continuamente con desmesurados alegatos al silencio de la Iglesia cuándo manifiesta sus puntos de vista sobre temas morales. Eso sí, se hace una interesada interpretación del artículo 9.2 de la Constitución para promover la “libertad y la igualdad”, no de todos como manda el precepto de la Carta Magna, sino de determinados colectivos aliados de la tecnoestructura, a los que no se duda en conceder privilegios y prerrogativas sin cuento mientras se discrimina sin problema alguno a quienes no se doblegan ante los designios del poder.
En fin, que están los tiempos para recordar lo que Friedman escribiera nada menos que en 1955 cuándo afirmó que al Estado compete el aseguramiento y financiación de la educación, pero no su gestión, que debería ubicarse en las mejores manos posibles. A su entender, financiación y gestión debieran separarse, para lo que propuso una de las mejores medidas para garantizar la libertad educativa, no siempre entendida: el cheque escolar.
¿Saben ustedes, queridos lectores, por qué el cheque escolar tiene tan mala prensa en general?. Sencillamente, porque al facilitar que quienes no tienen medios económicos suficientes puedan elegir la escuela de su preferencia, se fomenta la excelencia y la sana competencia y la oferta plural de centros de enseñanza de manera que las autoridades públicas educativas intervencionistas y los sindicatos de profesores corporativistas acaban perdiendo el control del que tanto gustan en orden a garantizar ese rancio igualitarismo que penaliza el esfuerzo y tacha de individualismo insolidario cualquier intento de salirse de la mediocridad imperante.
Cincuenta años después, en 2005, Friedman opinaba que “tarde o temprano algún Estado implantará el cheque escolar en todo su territorio; entonces la competitividad de los colegios se pondrá al servicio de la libertad de elección de los padres y se demostrará que es capaz de revolucionar la enseñanza”. En algunos países, incluso en naciones intervencionistas, ya está empezando a ocurrir. Mientras tanto, si no apostamos con valentía por la libertad, seguiremos en el reino de la mediocridad, o, lo que es lo mismo, en el espacio del temor a la libertad y en el reducto del pensamiento plano, del pensamiento único. Garantizar el derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa de su preferencia no es una quimera, es una obligación constitucional que puede y debe demandarse ante los Tribunales. Y, desde luego, negar ese mandato que pesa sobre los Poderes públicos de hacer efectivo ese derecho, un claro y rotundo incumplimiento de nuestra Carta Magna. Ni más ni menos.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana
