Tiempo atrás, cuando predominaba el pensamiento de confrontación, era frecuente escuchar que lo público era la encarnación del ideal ético o, desde la otra orilla, que el mercado era la panacea que resolvía todos los problemas. Al final, tanto el marxismo como el capitalismo exacerbado no tuvieron más remedio que reconocer sus fracasos pues ni uno ni otro han conseguido  edificar el sistema económico, político y social sobre la dignidad del ser humano. En un caso, la persona se convierte en un objeto de usar y tirar y, en el otro, en el número  despersonalizado de una  anónima cadena de producción.
Ahora, desde el pensamiento compatible, lo público y privado, que no son enemigos irreconciliables, conviven en la realidad. Se trata de una convivencia que ha de estar presidida por la centralidad de la dignidad humana y de los derechos fundamentales a ella inherentes. Por eso,  en materia de incompatibilidades, lo que técnicamente se denomina puerta giratoria entre sector público y sector privado, entre política y sector privado, debe estar adecuadamente regulada para evitar conflictos de interés, para evitar que el político o el dirigente público cuando cesa en su responsabilidad se beneficie de las relaciones y contactos tejidos durante su mandato público.
Marín Mrcela, presidente del GRECO, Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, aprovechó su reciente presencia en España para hablar del tema puesto que esta organización ha estudiado ampliamente la problemática de las puertas giratorias. Una cuestión que demanda soluciones  éticas  puesto que la interconexión e intercambio, especialmente en el personal directivo, entre el sector público y el sector privado, ha crecido en los últimos tiempos exponencialmente. Es decir, es fundamental que cualquier conflicto de interés, real o aparente, dice Mrcela, se gestione adecuadamente.
El presidente del GRECO, magistrado de la Corte Suprema de Croacia, reconoce que no existe en el panorama comparado ningún modelo perfecto que resuelva todos los casos. Sin embargo, existen una serie de principios básicos. Criterios que van encaminados a garantizar que la información obtenida en el servicio público será adecuadamente utilizada, a  que el ejercicio de la autoridad por parte de un dirigente público no esté condicionada por el enriquecimiento personal, presente o futuro, o incluso por la esperanza expectativa de un puesto de trabajo más adelante en el sector privado y, sobre todo, a que el acceso y los contactos obtenidos durante el mandato público, actuales como antiguos, no se utilicen para que otros obtengan beneficios injustificados.
Estas son, dice Mrcela, reglas simples, de sentido común, que cuando se aplican facilitan que la relación, lógica y necesaria, entre sector público y sector privado, sea más saludable, más digna y merecedora de mayor confianza. Porque, ¿qué pensar de esos casos de ex altos cargos  que a los dos meses de su cese se incorporan a relevantes empresas relacionadas, de una u otra manera,  con su reciente actividad en el sector público?. Por más que se diga que, efectivamente, el ex funcionario se abstendrá de participar en asuntos conectados con su etapa anterior,  tal argumento ni es convincente ni está a la altura del nivel ético que esperan los ciudadanos de los responsables públicos. ¿No le parece?.
Jaime Rodríguez-Arana
 
@jrodriguezarana