Estos días se ha publicado en los medios de comunicación que las Comunidades Autónomas, a pesar de haber reducido en un 25%  sus altos cargos, todavía disponen, en total, de 2018 personas. Un número desde luego demasiado amplio que da idea del esfuerzo racionalizador que queda por realizar. Estos altos cargos son aquellos nombrado por decreto del poder ejecutivo, lo que excluye a los cargos de confianza y de alta dirección, decenas de miles, que todavía pululan por el entramado político administrativo de nuestros Gobiernos y Administraciones.
Los altos cargos son necesarios para la rectoría de los asuntos de interés general. Su número debe ser el que sea necesario para dirigir las estructuras y organismos que sean precisos. Ni más ni menso. El problema es que muchos de ellos, también todavía en la dimensión estatal, no se justifican y obedecen a las necesidades de colocación que tienen los partidos. ¿Tiene sentido que Galicia en este momento tenga 66 altos cargos mientras, por ejemplo,  todavía haya 187 en Asturias o 287 en Aragón?.
Es verdad que en este tiempo de crisis se están reduciendo altos cargos y estructuras. El problema es que tal reducción o racionalización se está realizando a salto de mata, sin un plan de reforma administrativa global. Y en verdad lo que se precisa es una reforma de la Constitución en la que se definan mejor las competencias de todos los Entes territoriales, también las de los Entes locales. En esa reforma debería diseñarse un modelo administrativo que tenga presente la experiencia de estos años. Un modelo en el que se concreten las exigencias de integración, solidaridad, unidad y autonomía que el artículo 2 de la Constitución establece como los pilares del modelo de Estado. No puede ser, de ninguna manera, que sigamos con un traje que no sirve, eso sí, con múltiples parches a que poco  nada encajan.
En una época de crisis como la que vivimos no debería ser tan difícil buscar un acuerdo general para reformar la Constitución en este tema. Un acuerdo en el que participen todos los sectores concernidos y en el actual predominio tecnoestructural deje paso una visión más humanista y real. En la actualidad no disponemos de modelo administrativo. Se ha permitido un crecimiento exponencial en estructuras y organismos de las Comunidades Autónomas, que se han lanzado a una loca carrera de irracionalidad a la emulación del esquema estatal. Y el esquema estatal no sirve para las Autonomías, no está pensado para ellas. El modelo administrativo debe tener presente la realidad territorial: la nación, la autonomía, la provincia, la isla y el municipio. Y desde las realidades territoriales, en función de la eficacia de las políticas que realizan, trazar un modelo basado en la integración, en la sincronización y en la solidaridad.
El tiempo pasa y la reforma pierde enteros. Es verdad que la situación apremia y hay que tomar decisiones que reduzcan el gasto público. Reducir altos cargos, sobre todo si se hace justificadamente, está muy bien. Pero puestos a reducir todavía quedan miles y miles de eventuales y de contratos de alta dirección innecesarios y superfluos en un sinfín de organismos `públicos que, a pesar de la que está cayendo, permanecen en sus despachos mientras el coste del elevado gasto público se factura al conjunto de la ciudadanía en forma de subidas de los impuestos fundamentalmente . Algunos medios han publicado que tal colectivo es superior a  las cuatrocientas mil personas. ¿Sabemos lo que costaría suprimir todos estos puestos de trabajo?. Desde luego una cantidad muy elevada, pero que muy elevada.
Estos tiempos son bien propicios para reformas de calado. Para modificar la Constitución en el aspecto territorial diseñando un modelo administrativo integral. Para elaborar una nueva ley de régimen local.  Para  hacer una ley de función pública razonable. En fin, para entrar a fondo en asuntos de policía territorial y de personal que se han resuelto con parches, unos parches que, a la vista están, si han servido, ni sirven.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo.