La Asociación de Inspectores del banco de España ha vuelto a criticar la forma en la que se toman las decisiones en el regulador bancario español. En concreto llaman la atención sobre la incidencia de los informes de inspección, en muchas ocasiones mutilados y selectivamente filtrados. Es más, solicitan que los informes vayan firmados para que así se puedan asumir responsabilidades. Se denuncia la injerencia política en la supervisión bancaria y se acusa de mirar a para otro lado a los responsables institucionales del regulador bancario español ante las irregularidades detectadas. Constatan que aunque la inspección se orienta a la identificación de problemas y a la evaluación de la gestión bancaria, en el pasado detectaron con relativa frecuencia indicios de actuaciones delictivas.
Este informe, evacuado por la Asociación profesional de los inspectores del Banco de España en el marco del proceso de revisión de los fallos en la supervisión que ha reclamado Bruselas, refleja hasta qué punto el trabajo de los técnicos, de los conocen la realidad y disponen de los conocimientos, de los que están día a día trabajando con las entidades financieras, era valorado por los órganos rectores del Banco de España. Este informe, sin embargo, no es el primero que se da a conocer en los medios de comunicación. Con ocasión del escándalo de Bankia, el año pasado salieron a la palestra para justificar su actuación aduciendo que desde 2005 el Banco de España y el Gobierno habían sido informados por esta Asociación profesional de la situación del mercado inmobiliario y su relación con las entidades financieras.
El tema es grave, muy grave, por varias razones. Primera, porque este colectivo de funcionarios lleva varios años llamando la atención acerca de los problemas de la burbuja inmobiliaria en relación con las entidades financieras, señalando con argumentos técnicos las consecuencias que en el corto plazo podrían derivarse de no tomarse determinadas medidas, tanto de naturaleza supervisora como normativa. Segunda, porque ni el gobernador del Banco de España de entonces ni las autoridades del Ministerio de Economía, según parece, tomaron cartas en el asunto. Tercero, porque si las funciones de supervisión, vigilancia y control no se realizan sobre la base de la racionalidad técnica sino sobre motivaciones políticas por ejemplo, la misma tarea de supervisión, control y vigilancia se desnaturaliza y, entonces, toda clase de tropelías y arbitrariedades son posibles. Y, cuarta, hasta el momento, que se sepa, no se han exigido responsabilidades, más allá de la dimensión políticas, a quienes han conducido como lo han hecho el sistema financiero.
En su misiva de 2005 la asociación de inspectores del Banco de España censuró el cándido optimismo del entonces gobernador del Banco de España y alertó acerca de la que se venía encima señalando que sería muy probable que aumentara el número de familias que habría de afrontar crecientes dificultades para hacer frente a sus compromisos financieros. Ya entonces los inspectores afirmaban que: “nosotros, los inspectores y técnicos de supervisión del Banco de España, precisamente porque somos los que examinamos in situ la situación de las entidades bajo el ámbito de supervisión de esta institución, incluidas las sociedades de tasación, conocemos de primera mano la situación del sistema financiero español y la del mercado inmobiliario nacional –información que, como no podría ser de otra manera, hemos comunicado puntual y lealmente a los órganos rectores del Banco de España a través de nuestros informes e inspección-, por lo que siendo conscientes como nadie de los riesgos a que nos enfrentamos, no podemos ser tan optimistas como está demostrando ser, al menos por ahora, nuestro gobernador”.
Para terminar, unas simple pregunta que seguro los lectores se estarán formulando, ¿recibieron los inspectores del Banco de España alguna explicación acerca de por qué no se procedió como ellos recomendaban técnicamente?. ¿No es hora ya de exigir responsabilidades por omisión?. ¿Para qué sirve tener el mejor cuerpo de inspectores si luego no se les hace caso?. ¿Por qué tanta intervención de la política en el ámbito de lo técnico?. ¿Cómo es posible que se autorizaran productos financieros peculiares e indemnizaciones de escándalo para los directivos?
La contestación a estas preguntas ayuda a entender por qué el CIS mes a mes sigue constatando la opinión mayoritaria que existe acerca de un grupo de personas, que está en la mente de todos, que siguen siendo irresponsables. La irresponsabilidad, como la irresistibilidad o la irrecurribilidad no se compadecen con un sistema democrático. Incluso la responsabilidad política, cuándo a decisiones de afectan desfavorablemente a las condiciones de vida de millones de personas se refiere, se torna en responsabilidad jurídica. Por de pronto, la fiscalía general del Estado ha ordenado abrir diligencias también en este tema para que se calibre jurídicamente si ese mirar hacia otro lado que denuncian los inspectores ante las relativamente frecuentes conductas delictivos con las que se toparon tiene relevancia penal. El tiempo nos lo dirá.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@uc.es
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