El presidente del consejo de ministros italiano Mario Monti acaba de anunciar estos días un nuevo ajuste en las cuentas públicas de la República de Italia que, por su relevancia, y posible réplica en otros países, conviene tener presente. Se trata de un recorte de 26.000 millones de euros hasta 2014. En primer lugar, porque se retrasa a mediados de 2013 la subida de dos puntos en el IVA y,  en segundo término, porque se plantea reducir en un 10% los empleados públicos y recortar un 20% el salario a los directivos del sector público.

El gobierno italiano, encabezado por el tecnócrata Monti, está compuesto por personalidades procedentes de distintos sectores de la vida profesional italiana al margen de los partidos tradicionales. Es decir, es un gobierno sin perfil político. Diseñado para tomar las decisiones que fuera menester sin temer el peligro del desgaste electoral. Al menos, eso es lo que parece deducirse del origen de los ministro y del sentido de la encomienda que el presidente de la República hizo meses atrás al rector y antiguo comisario de la UE  Monti tras relevar al polémico Berlosconi.
Pues bien, la realidad, según parece, es que este gabinete de técnicos está saliendo más político que otros de profesionales de la política que han perdido la sensibilidad social. En efecto, el gobierno Monti está preocupado para la pérdida de popularidad del “consiglio”  desde que comenzaron a subir los impuestos y castigar a la clase media con restricciones y recortes sin cuento. Ahora, desde una perspectiva más inteligente, se proponen recortar en bienes y servicios sin lesionar a la mayoría social. Parece que han entendido que primero son las personas y luego las estructuras. Enhorabuena.
En este sentido, van a meter mano a la elevadísima, y costosísima, estructura administrativa italiana suprimiendo la mitad de las provincias a la vez que se conformarán nuevas áreas metropolitanas en torno a las principales ciudades. Se eliminará el 10 de los empleos públicos y re rebajaran los sueldos de los directivos en la administración pública un 20%. Tales medidas, que ojalá sean respetuosas con el orden constitucional de reparto competencial y con el principio de seguridad jurídica van a suponer, por si mismas, un evidente ahorro de aparato público y de personal, especialmente de naturaleza política. En este contexto, se van a revisar las subvenciones a los partidos políticos, que esperemos sean de verdad y no meras reducciones nominales.
En este programa de medidas se contempla la creación de un fondo para salvaguardar los derechos de los 55.000 prejubilados afectados por la reforma de las pensiones. Se ha diseñado un procedimiento para analizar todos los contratos de prestación de servicios y de alquileres del Estado. Se van a reducir sustancialmente las transferencias del Estado a las regiones. En fin, se pretende poner el Estado a dieta sentando las bases para que no se reedite el sistema de recurrir a la deuda como forma ordinaria de gestión pública.
Solo se salvan, según han señalado fuentes gubernamentales, la sanidad y la educación, que serán sometidas a una exigente racionalización en el gasto sin comprometer la calidad de la atención a las personas.
¿Será posible que un gobierno de técnicos sea más sensible a las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos que un gobierno de políticos?. Buena pregunta.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es