Un reciente informe de la UE sobre la corrupción del mes pasado, duro e implacable, señalaba que en España el 95% de la población pensaba que la corrupción era general. Ahora un informe sobre la corrupción en Galicia rebaja esa cifra al 84% de los gallegos. Sea el 95%, el 84% o incluso el 50%, la verdad es que se trata de datos muy inquietantes.
Tan preocupantes son estos datos que la acción gubernamental debería centrarse en combatir, junto al desempleo, una lacra que según estimaciones de una Universidad pública española, nos cuesta a los ciudadanos 40.000 millones de euros.
Pues bien, en este contexto, el profesor y empresario estadounidense Kenneth Morse, director del centro de emprendimiento del instituto tecnológico de Massachusetts, que estuvo estos días en Barcelona en el congreso internacional de emprendedores, puso el dedo en la llaga. En efecto, es necesario acabar con la corrupción en España para que nuestro país pueda atraer a empresas emergentes o startups, pues los emprendedores no suelen querer trabajar en escenarios pirateados por políticos corruptos.
Aunque no nos guste, hemos de reconocer que cuándo informes de diversas instituciones alertan sobre la magnitud de la corrupción en España, será por algo. Probablemente no sea tan alta como se registra en los estudios pero todos sabemos, de una u otra forma, que muchos usos y prácticas en el mundo de la política o de los negocios incurren en esta lacra. Porque se ha instalado el dogma del beneficio máximo en el menor plazo de tiempo posible para la empresa, y, para la política, el dogma de la obtención del mayor número de votos por el procedimiento que sea.
El profesor norteamericano es extremadamente duro con nuestro país cuándo afirma que para que España sobreviva en la competición global, los modelos de negocio se deben cambiar de manera que nuestra necesaria modernización acabe con la corrupción. A su juicio el modelo legal es arcaico, improductivo e impredecible, y no envía a la cárcel rápidamente a quien infringe la ley.
Es verdad que cada día salen a la luz nuevos casos de corrupción y que en el mundo de las contrataciones públicas, del urbanismo y de la financiación de los partidos políticos, los casos se suceden de forma interminable. También es cierto que algunas medidas que se están adoptando adolecen de una estrategia global y estratégica. Es decir, se precisa de una reforma integral que parta de un gran acuerdo entre dirigentes políticos y empresariales .
En efecto, mientras que en la política valga todo con tal de conseguir más votos y en la empresa el fin justifica los medios para ganar cuanto más mejor, mal vamos. El tema no solo es formal, es de fondo y afecta a la educación y al temple moral de nuestro pueblo. Porque la corrupción imperante es reflejo de nuestra realidad social. Esta es la cuestión.
Jaime Rodríguez-Arana. jra@udc.es
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