La ordenación del poder hacia el bien de todos es la esencia de la política. Por eso, la sensibilidad ante el bien común es uno de los retos más importantes que tiene planteada la política como quehacer y los políticos como colectivo de personas individuales que son, en definitiva, los responsables de que el bien de todos sea una aspiración que se vaya concretando en la historia.
Es bien conocido que buena parte de los problemas de Ética política se resumen con la apelación al llamado conflicto de intereses. Su propia existencia, que es real, demuestra, una vez más, la necesidad de una sólida formación y de una praxis ordenada en torno a los grandes valores del servicio público y del bien común.
Hoy, no pocos políticos persiguen los «beneficios» económicos que les puede reportar una determinada decisión o actuación. Fundamentalmente porque no disponen de un modo de vida estable y buscan a toda costa encontrar una salida a su precariedad en la actividad pública.
Los políticos, en la medida en que ejercen potestades discrecionales y disponen de información confidencial son los que tienen más posibilidades de anteponer su propio interés al de los ciudadanos. Los conflictos de intereses constituyen el área más común de la problemática que encierran las conductas anti-éticas.
Efectivamente, el conflicto de intereses puede ser definido como una situación en la que un político tiene un interés privado o personal suficiente para actuar en un determinado sentido en la función pública. Las modalidades son muy variadas. Van desde el llamado tráfico de influencias hasta el amiguismo o nepotismo. Por eso, es menester establecer normas que impidan a un responsable público trabajar para una empresa del sector privado a la que, en el ejercicio de sus potestades discrecionales, se le hubiesen otorgado contrataciones. Si así no fuera, la confianza pública en la integridad e imparcialidad del servicio público será puesta, cuando menos, en tela de juicio.
Jaime Rodríguez-Arana
@jrodriguezarana