Estos días, el tema de la reforma del gobierno del poder judicial vuelve a estar, una vez más en el candelero. Efectivamente, el informe GRECO, Grupo de Países Europeos del Consejo de Europa contra la Corrupción, vuelve a reclamar, estos días,  que el órgano de gobierno del poder judicial en España sea elegido por los propios jueces y magistrados.
 
En España, como es sabido,  desde 1985 se viene produciendo una ocupación progresiva por parte de los partidos políticos de los Altos Tribunales (Supremo y Constitucional) que afecta a la democracia misma y al sistema de división de poderes. A la democracia misma porque la impartición de la justicia es una de las principales funciones del Estado de Derecho y sus responsables debieran ser elegidos por los jueces y magistrados o por el pueblo, pero no por el poder ejecutivo o el poder legislativo. Y al sistema de separación de poderes porque la toma y control de un poder del Estado por los partidos atenta a las garantías de autonomía e independencia con que debe realizar su labor el poder judicial.
 
Y no es que el poder judicial esté tomado por el poder ejecutivo o el legislativo. El gobierno del poder judicial realmente está en manos de los partidos, que son, aunque no deberían,  los dueños del poder ejecutivo o del poder legislativo. Para ser eser más exactos,  dada la naturaleza con la que se dirigen estas instituciones de “interés general”, son las cúpulas de los partidos políticos las que deciden, además de las listas electorales,  la presidencia del poder legislativo, la cabeza rectora del poder ejecutivo así como los responsables del órgano de gobierno del poder judicial, Es más, hoy en día no es concebible que cualquier juez o jurista que aspire al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía General del Estado,  o al Consejo General del Poder Judicial no deba hacer llegar su “interés” a los mandos de las correspondientes formaciones partidarias.
 
Precisamos, también en este punto, un gran pacto de Estado entre los partidos para evitar esta tendencia a la dominación del órgano de gobierno de los jueces. De esta manera, se trataría de combatir la creciente injerencia política a través de la elección democrática de los órganos internos del poder judicial.
 
Otro modelo diferente al actual es posible, claro que lo es. Vaya si lo es. Es solo una cuestión de voluntad.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es