Años atrás, 1993, cuándo publiqué la monografía Principios de ética pública, llamé la atención acerca de la necesidad de ubicarnos en un enfoque positivo y preventivo en las estrategias de la lucha contra la corrupción. Hasta el punto que ya por entonces  comprendí  que también  desde la autorregulación regulada, más allá de las visiones exclusivamente punitivas, sería posible afrontar con  éxito el combate a la corrupción, que como ha demostrado la Unión Europea en 2014, tiene a la contratación administrativa como una de sus principales causas.
En efecto, la formación de los empleados  públicos en los valores del servicio objetivo al interés general debe acompañarse  del  sólido compromiso de las empresas y sus dirigentes  con la efectiva realización y cumplimiento de obligaciones atinentes a la limpieza de la contratación, evitando conductas ilícitas y, sobre todo, esto es lo más importante, asumiendo programas de “Compliance” previos a la contratación y tramitando, en supuestos de prohibición o exclusión para contratar,  de exigentes compromisos de self-cleaning, de autosaneamiento, que realmente  garanticen la actuación empresarial con arreglo a exigentes criterios deontológicos.
La cultura empresarial, especialmente en los países anglosajones, incluye, como es sabido, dentro de la buena administración y del buen gobierno corporativo estos programas de compliance. Medidas y acuerdos que en EEUU desde 2008 constituyen  incluso requisitos para contratar con las Administraciones públicas. En la Unión Europea las Directivas de 2014, debido a la influencia británica y a la experiencia austríaca y alemana, reconocen compromisos de self-cleaning para levantar determinadas prohibiciones o exclusiones para contratar cuando los poderes adjudicadores comprueben que las pruebas de fiabilidad ofrecidas por las empresas son serias y solventes. Es más, la Unión Europea configura como derecho del contratista incurso en causa de exclusión o prohibición para contratar con la Administración pública su levantamiento como consecuencia del compromiso de autosaneamiento, de integridad. Eso sí, siempre que sea fiable a juicio del poder adjudicador.
Estos acuerdos de autosaneamiento, además de constituir  la única forma de defensa empresarial frente a  la responsabilidad penal de la persona jurídica por actos ilícitos cometidos por directivos en nombre y representación de la empresa, constituyen un camino adecuado  para afrontar con éxito la lucha contra la corrupción. Un combate que debe plantearse con inteligencia desde la autorregulación regulada, de forma integrada, combinando normas y compromisos de cumplimiento y, sobre todo, teniendo siempre presente que los habitantes puedan disponer de los mejores servicios y las mejores obras públicas que faciliten una digna calidad de vida.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático-director del Grupo de Investigación de Derecho Público Global de la Universidad de La Coruña y actual presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.