La pretensión de las actuales autoridades de la Generalitat sobre el referéndum de Cataluña vuelve a plantear de nuevo, por enésima vez,  la necesidad de recordar algunos conceptos o categorías de la ciancia política que, a pesar de ocupar ya las vitrinas más excelsas de los museos de la historia política, resucitan al socaire de aventuras de autodeterminación que parecen obsesionar a quienes en lugar de trabajar por la concordia y el entendimiento, buscan exclusivamente la imposición del pensamiento único.
 
El derecho de autodeterminación -sin pretender entrar en precisiones técnicas- podríamos definirlo como el derecho de un pueblo, de una etnia, de cualquier tipo de población asentada sobre un territorio, a decidir su futuro político en vista de la conculcación de los derechos y libertades de sus ciudadanos, debido a la acción tutelar de una metrópoli, o a la actuación despótica de la entidad que ostenta el título de soberanía. Así se explica que en la práctica internacional no se haya tomado en cuenta la reclamación de ese derecho fuera de la circunstancia de opresión política o, en todo caso, sólo cuando existe acuerdo entre las partes.
 
Sin embargo, quienes patrocinan  el derecho a la autodeterminación de Cataluña  no coinciden  con esta consideración, porque para ellos lo absolutamente prioritario no son las libertades ciudadanas, sino el ser nacional, y en el mejor de los casos, las libertades públicas en cuanto permiten la plena realización nacional, o lo que es lo mismo, las libertades públicas para los connacionales. En este contexto se entiende lo que significa que la condición nacional conlleva la exigencia de autodeterminación y soberanía.
 
 
Normalmente, el concepto de soberanía que esgrimen es deudor del concepto decimonónico de soberanía. La soberanía se entendía entonces como el ejercicio supremo del poder, que residía en el Estado, y se consideraba como la garantía de su independencia y de su libertad frente a las injerencias de cualquier otro poder foráneo. Aunque justamente, estando los Estados a cubierto de cualquier injerencia amparados por esta doctrina de la soberanía, la misma doctrina permitió desarrollar regímenes que proclamando la libertad y la soberanía de la nación negaban radicalmente la libertad y soberanía de los ciudadanos.
 
La soberanía popular, la soberanía del pueblo se alzó en su momento frente a la soberanía del monarca absoluto. El pueblo frente al rey. Y el pueblo se tomó como un todo unido, orgánico, homogéneo, alentado por un solo espíritu. Eso era la nación, y su poder, la soberanía nacional, el poder de la nación, depositaria, como ser único de todo el poder. Y, sobre, todo como mascarón de proa de la ancestral lucha entre la arbitrariedad del Antiguo Régimen y la primacía de la Ley del Estado constitucional.
 
Hoy, me parece que es difícil encontrar fervientes defensores del concepto de soberanía de Bodino o del principio de las nacionalidades de Mancini. Sin embargo, es fácil encontrar  tesis o doctrinas que entienden que la autodeterminación es la cualidad esencial de la libertad individual que, por ejemplo, se manifiesta  cada vez que se vota en unas elecciones democráticas. Por eso, se puede afirmar, desde este punto de vista, que en estos casos uno se autodetermina. Es decir, lo primero y principal son las personas, su libertad y sus derechos fundamentales y después vienen las cuestiones de naturaleza identitaria o colectiva que, en un planteamiento político equilibrado, se presentan bajo esquemas de pensamientocomplementario.
 
Establecido este presupuesto, me parece del mayor interés señalar hasta que punto el llamado “derecho a la autodeterminación de los pueblos” socava los principios más elementales de la constitución democrática. Es más, ¿en qué se fundamenta la democracia, el Estado democrático, en el “demos” -soberanía popular- o en la denominada soberanía de los pueblos étnicos?.
 
Con todo respeto, me parece que España solo se puede configurar como quiera el pueblo español, el conjunto de los pueblos de España. Elegir una visión parcial supone no sólo optar por una idea de la humanidad basada en su división en pueblos o naciones que, en muchos casos, y ahí está la historia para demostrarlo, se han dejado seducir por una concepción nacionalista que, en su búsqueda de señas de identidad claras y perceptibles,  elaboraron fantasmagóricas mitologías que, como mucho, merecen ser incluídas en determinados géneros literarios.
 
 
Sí, se puede estar en contra de este hipotético reconocimiento del derecho a la autodeterminación.En mi caso, estoy en contra por razones de racionalidad constitucional y de respeto a los ideales democráticos. En este punto, comparto los argumentos esgrimidos por el profesor Segundo Ruíz en su  libro “La teoría del derecho de autodeterminación de los pueblos” al fundamentar su posición en la destrucción del Estado democrático multiétnico y multicultural que trae consigo el derecho a la autodeterminación. Para este autor, son cinco los peligros antidemocráticos de la teoría del derecho de autodeterminación de los pueblos. Primero: introduce el factor étnico en la determinación del sujeto de soberanía popular, que debe ser el conjunto de los ciudadanos, todo el “demos”. Segundo: confiere a un sujeto tan difícil de definir como es un “pueblo”, derechos que se sitúan por encima de los del individuo, lo que supone un riesgo de ataques contra los derechos humanos y de conflictos sociales. Tercero: pone en peligro la supervivencia del Estado ante la previsible multiplicación de reivindicaciones secesionistas, una vez establecido un precedente. Cuarto: conlleva el derecho de expulsión, pues si una minoría social puede en un momento determinado tomar la decisión de independizarse, por la misma lógica democrática una mayoría nacional puede expulsar o separarse de una minoría. Y, quinto: a nivel mundial se produciría una multiplicación de Estados, con el consiguiente riesgo de balcanización del mapa político internacional.
 
De todas formas, una ideología que coloca los derechos de la identidad colectiva por encima de las libertades y derechos de las personas, debe ser calificada de totalitaria y enemiga de la dignidad de la persona humana. La política, en mi opinión, está para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, no para enfrentar a unos con otros.  Y, a dia de hoy, las pretensiones de las actuales autoridades de la Generalitat no parece que sobresalgan por la concordia o  la armonía. Más bién, y es una pena, no hacen más que fomentar división y confrontación, fragmentación y desunión. Justo lo contrario de lo que se precisa para salir airosos de los embates de la globalización.
 
 
Jaime Rodríguez-Arana
Catedrático de Derecho Administrativo