En este tiempo de crisis general, también económica, la cuestión de los salarios es bien relevante. El desproporcionado aumento de la deuda pública, consecuencia, entre otras razones, del mantenimiento de muchas estructuras públicas innecesarias, se está combatiendo, quién lo podría pensar,  a golpe de recortes sociales que afectan a las condiciones de vida de los más débiles y frágiles de la sociedad. Un ejemplo lo encontramos en las bajadas de los salarios de estos años.
En realidad, el déficit fiscal debería afrontarse promoviendo una mayor inversión, o lo que es lo mismo, estimulando la demanda. Y para ello sería menester facilitar o promover que las empresas vendan realmente lo que producen. No se trata de bajar la imposición sobre el beneficio pues las empresas precisan de una mayor demanda, que podría conseguirse, en lugar de bajando los salarios, elevándolos.
Si la lucha contra el incremento exponencial del déficit fiscal se sigue planteando desde las rebajas de los salarios, la demanda seguirá estancada o con tendencia a la baja. En cambio, si los salarios suben no hay que ser muy inteligente para colegir que aumentará la demanda y por tanto la capacidad de consumo de las personas. Para eso se debe subir el salario mínimo interprofesional y se debe  pensar en salarios dignos para los trabajadores, algo muy lejano a los esquemas de esa austeridad plana y cuantitativa que se olvida de lo más importante, la dignidad de los seres humanos.
En este sentido, el actual director general de la OIT advertía severamente hace unas semanas  de que la tímida recuperación puede quedarse en agua de borrajas si es que continúa la bajada o el estancamiento de los salarios .La clave está en vincular de verdad los salarios a la productividad a través de la negociación colectiva cuidando los mecanismos de redistribución: los salarios mínimos, la negociación colectiva y la calidad del empleo.
En el mismo sentido, los técnicos de la Comisión Europea, tras analizar los datos microeconómicos de España entre 2008 y 2013, consideran que en nuestro país el proceso de ajuste ha sido lento, ineficiente y ha golpeado a los trabajadores temporales de forma desproporcionadamente dura. La propia Comisión Europea explica que la causa es bien simple: las empresas han despedido de forma diferente. Cuando se trataba de trabajadores temporales, con un coste de indemnización bajo, echaban a los menos cualificados. Pero cuándo se trataba de contratos indefinidos, despedía a los que les costaba menos, por ejemplo a los más jóvenes.
En fin, la palabra dignidad, que es la gran aportación del humanismo y de una visión abierta de la realidad y del mundo, reclama de nuevo una nueva perspectiva para resolver los problemas de nuestro tiempo. No puede ser, de ninguna manera, que la gran estafa de estos años tenga que ser abonada a base de recortes sociales y de descensos en los salarios de muy relevantes mayorías de ciudadanos. Es el colmo: el mantenimiento de las estructuras en las que se refugia el poder financiero y el poder político se están financiando con cargo a las espaldas de los más vulnerables.
En efecto, la clave del Estado de derecho, y de la democracia por supuesto, está en la soberanía real de la dignidad del ser humano, de manera que la persona se yerga omnipotente y todopoderosa frente a los embates del poder, sea público o privado. Por eso en este tiempo hay que hablar tanto de condiciones dignas de trabajo, de dignidad de los salarios, de la dignidad de los más necesitados y frágiles como la de  los que ni siquiera tienen voz para defenderse  o la de los que están a punto de dejar de ser o viven en pésimas condiciones de vida.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo, @jrodriguezarana