La corrupción  es, según el  último barómetro del CIS, por delante ya del desempleo, la principal preocupación de los españoles. No es de extrañar porque el elenco  de casos sin solución de continuidad que un día y otro también nos “regalan” los dirigentes de la cosa pública, y también, de la actividad privada, alcanzan efectivamente una situación insostenible desde todo punto de vista.
En este contexto, en el que las espaldas de los más necesitados son precisamente los que cargan con  la factura de la crisis,  es asombroso, se sigue primando a los altos cargos en las dotaciones presupuestarias. Además, es inaceptable,  se consignan en la norma presupuestaria mayores fondos para los partidos políticos ante la indignación general que empieza a caer en la cuenta de que estamos ante un final de etapa que veremos cómo se maneja, con nuevos protagonistas que aspiran a erigirse en los supremos salvadores de la patria.
La regeneración democrática en España es un asunto urgente. No es sólo cuestión de estrategias, tácticas,  normas, medidas y códigos. Bien está, aunque llegue tarde y a rastras, que ahora se propongan medidas en relación con el funcionamiento democrático de los partidos, que se mejore la regulación de la financiación de los partidos y que se endurezca el régimen de los altos cargos en materias de contratación y conflictos de intereses. Sin embargo, como se trata de un asunto cultural y educativo, de valores y cualidades democráticas básicas, por aquí vendrá la solución. Una solución que pasa por reformar a fondo y de verdad el sistema educativo para que ponga a disposición de la sociedad personas con capacidad asumir valores cívicos y compromisos sociales como los que exige el Estado de Derecho Social y Democrático.
La realidad de la corrupción se corresponde con el temple ético de la sociedad porque, no nos engañemos, los políticos que tenemos son fiel reflejo de la sociedad. Por eso, si seguimos en un panorama general en el que se da por bueno que la empresa sólo tiene sentido para maximizar el beneficio en el más breve plazo de tiempo posible y que en política los votos hay que conseguirlos por el procedimiento que sea, no servirán de nada lo que se pueda hacer en este ámbito. La regeneración que se precisa no es sólo cuestión de normas y legislación, es  una exigencia que surge de la vitalidad y temple cívico de un pueblo que dice basta y reclama nuevas políticas y, también,  de paso, nuevos líderes sin nada que ver con la corrupción reinante.
O la recuperación de las cualidades democráticas empieza a nivel personal, empezando por los que más alto están, o seguiremos perdiendo el tiempo. Mucho me temo que para que cambien las cosas sea menester una cierta catarsis que de paso a otro ambiente. Un escenario en el que prime otra forma de hacer política y, sobre todo, otra forma de conducir los negocios. Llegará más pronto o más tarde según el compromiso de los dirigentes en caminar hacia ese objetivo. Si prefieren seguir amarrados al vértice, astutamente pegados a la poltrona, tendremos que esperar más tiempo con obvios riesgos de que los populismos accedan al poder. Si se deciden a reconocer la realidad y dan paso a nuevas personas con mayores convicciones éticas y democráticas, tendremos que esperar menos. Y si el grado del compromiso cívico de la sociedad  fuera el que cabría esperar, entonces el pueblo, de forma pacífica, pero firme, recuperaría de verdad el poder para confiárselo  democráticamente a quienes de verdad lo merezcan, no a esta partida de tecnócratas y pícaros que solo piensan en su posición y en como permanecer en la cúpula, ni a esos populistas que encubren nuevas tiranías como se observa en otras latitudes y enseña el conocimiento de la  historia y de la humanidad.
En efecto, ojo a los nuevos autoritarismos que se presentan como adalides de la participación y del descontento general. Cuidado con estos nuevos salvadores de la patria, ya entre nosotros, que están haciendo el agosto aprovechando la crisis de los partidos tradicionales y la indignación imperante en la sociedad como consecuencia de la forma en que se está gestionando la crisis en general y los escándalos de corrupción en particular. Hoy por hoy están asumiendo el espacio que dejan libre quienes ahora no hacen más que pensar en sobrevivir a la hecatombe. En fin, ante nosotros, una vez más,  la historia de siempre que periódicamente se repite.  Por eso, precisamos de un gran acuerdo general de los principales interlocutores sociales, políticos y económicos,  un gran acuerdo que se construya y se  diseñe entre personas y grupos con convicciones democráticas; es decir, que piensen en España, en su conjunto, y en todos los españoles. Si nos quedamos parados, el tsunami que se avizora en el horizonte nos devolverá a tiempos que pensábamos superados.  El problema, otra vez, es que el partidismo ciega, y la  ideología prevalece. Así, es obvio, pasará lo que tiene que pasar.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo y miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya