La deuda pública española supera el billón de euros, lo que equivale al 98.4 % del PIB. El constante ascenso de la deuda pública en los últimos tiempos es, desde luego, un gran problema, no una cuestión menor sin incidencia en el presente.
Porque vamos a dejar una deuda para las futuras generaciones del 100 % del PIB. Es decir, el recurso permanente a la deuda como fórmula de gestión de las políticas públicas constituye una lesión irreversible del sacrosanto principio de la solidaridad social intergeneracional. Es más, la gran paradoja, la gran contradicción que encierra esta forma de atender, y entender,  los asuntos del interés general es que se empeoran las condiciones de vida de las futuras generaciones bajo la bandera del llamado Estado de bienestar. Todo con tal de mantener unas estructuras y un sistema público caduco que relama a las claras un nuevo modelo realmente diseñado y levantado en función de las necesidades colectivas de las personas, no en función de la clase dirigente.
En este sentido, si comparamos los recortes en estructuras políticas y administrativas, y en la supresión de altos cargos y cargos directivos de las Administraciones públicas, con las reformas emprendidas en Francia e Italia, comprobaremos la realidad y el compromiso real con la reforma administrativa que existe  en nuestro país. Una reforma que reclama medidas drásticas y radicales pues de lo contrario dejaremos a las futuras generaciones una carga insoportable.
En el mes de enero este año  la deuda pública creció a un ritmo de 602 millones de euros diarios, 18.677 millones de euros,  alcanzando ya por entonces el 97.7% del PIB. Es decir, para cancelarla haría falta ya por entonces que cada español abonara la friolera de 21.000 euros. La explicación oficial en aquel momento era que había que adelantar el dinero necesario para hacer frente al pago del plan de proveedores de  Comunidades y Entes locales.
Desde 2008, al inicio de la crisis, la deuda no ha parado de crecer  habiéndose duplicado desde entonces. Hemos pasado de 436.984 millones de euros en 2008 a más del billón de euros en julio. El principal montante de tal cantidad de dinero está colocado a valores a medio y largo plazo. Es decir, la parte más importante de la deuda se saldará más tarde que pronto, lo que certifica que efectivamente serán las futuras generaciones las que, sin comerlo y sin beberlo, deberán sufrir las consecuencias de estas decisiones que en nada, o en poco, afectan a sus principales protagonistas.
Mientras la deuda pública sube a un ritmo desproporcionado, los salarios de la mayoría descienden, se reflota la banca con dinero de todos los españoles, los impuestos suben y, la recaudación, que ha aumentado en 2012 y 2013 en 25.000 millones incomprensiblemente no repercute en la mejora de las condiciones de vida de los que menos tienen, de los desvalidos.  Obviamente, hay que seguir abonando las pensiones y las crecientes prestaciones por desempleo. Mientras, se dan tímidos y minúsculos pasos en orden al imprescindible ajuste estructural de las organizaciones públicas en los diferentes niveles de gobierno y siguen  pululando por gabinetes y demás pesebres  miles y miles de afines a la causa partidaria, de uno u otro color,  cuyo único mérito es la militancia o adscripción política.
El problema de la deuda, tal y como está en este momento, revela la profunda insensibilidad  de nuestros dirigentes, los de ahora y los de antes ciertamente,  en relación con los que vendrán, con las futuras generaciones, que van a recibir un legado bien sombrío e inquietante. Tal forma de entender las decisiones públicas es, por otra parte, una manifestación de la honda crisis moral que vivimos en este tiempo y que se concreta también en atender, única y exclusivamente,  el  hoy  y el  ahora,  lo que sea mejor para seguir encaramado a la cúpula. Lo demás, y los demás,  el mañana, eso es otro cantar, que lo arregle el que esté en cada momento. El que venga detrás que arree. Así se entiende la solidaridad intergeneracional. Que pena.
 
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es